DENUNCIAN A ROSSI POR EVASION AGRAVADA DE IMPUESTOS

- Un ciudadano de esa localidad del departamento La Paz se presentó ante la Justicia Federal de Paraná para pedir que se investigue al condenado ex intendente Domingo Daniel Rossi por la presunta comisión del delito de evasión agravada de impuestos.
viernes 05 de marzo de 2010 | 9:13hs.

SANTA ELENA, 05 MAR (APF.Digital)

La presentación se efectuó el 1º de marzo, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara la queja por el recurso extraordinario federal denegado, que había sido interpuesta por la defensa técnica de Rossi, y confirmara la condena a tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y fijara una multa de 90 mil pesos que le impuso la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público por una suma superior a los 4.950.000 dólares, que se descubrieron en cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay a nombre de su madre jubilada y su hermana docente, aunque el propio ex intendente de Santa Elena y ex vicegobernador en el período 1991-1995 admitió en el juicio que era él quien las administraba.

En unos días más el ex intendente habrá cumplido las tareas comunitarias que también le impuso la Justicia y que consistían en realizar regularmente actividades en la cocina de la Escuela Número 78 “Malvinas Argentinas” de esa localidad. Pero con la sentencia firme, el periodista Carlos Furman pretende que se investigue si Rossi ha pagado impuestos por ese dinero mal habido.

• Evasión agravada

La denuncia contra Rossi es por un delito contemplado en el artículo 2 de la Ley 24.769, que prevé una pena de tres años y seis meses a nueve años de prisión cuando “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción u omisión, (el obligado) evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional” por una suma superior al millón de pesos o “si hubieren intervenido personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado y el monto evadido supere la suma de 200 mil pesos”.

“El Régimen Penal Tributario determina los impuestos que se deben pagar. Si hay activos financieros (dinero) que no fueron denunciados oportunamente, lo que corresponde es que si se descubren esos activos, comiencen a tributar”, explicó a EL DIARIO el abogado Luis Lemos, que asesoró a Furman en la presentación judicial.

La denuncia fue radicada ante la Justicia Federal porque la evasión de impuestos es un delito federal, en tanto el perjudicado es el organismo recaudador, es decir la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El abogado explicó que “Rossi fue condenado por la Cámara del Crimen de Paraná por enriquecimiento ilícito por la apropiación de dinero que pertenecía a las arcas del Estado y cuya procedencia no pudo probar haberlos conseguido en forma lícita. El hecho de no pagar impuestos configura un delito y por eso habrá que investigar si Rossi tributó o no por esos activos financieros que la Justicia determinó que se había apropiado”.

En el escrito se pide la remisión, como prueba, del fallo de la sentencia condenatoria dictado por la Cámara del Crimen de Paraná y el dictamen del procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cual se desestimó el recurso de queja, pero también “que el organismo recaudador determine el monto de la deuda”, para lo cual se debería convocar a peritos contables que determinen si el dinero todavía existe.

“Ese dinero estaba depositado en Uruguay. No se sabe si todavía existe, por eso se pide la intervención de la Unidad de Información Financiera. Así como hay expertos para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas, también hay especialistas para encontrarlo. Por eso se pidió que el organismo ponga su estructura a fin de determinar el perjuicio contra el Estado”, señaló Lemos.

• Decomiso

Además, Furman y otros 267 ciudadanos de Santa Elena efectuaron una presentación ante la Fiscalía de Estado para exigir el decomiso de los bienes a nombre del ex intendente y que se instrumenten las herramientas judiciales que corresponda para determinar si tiene existen muebles o inmuebles que pertenezcan a Rossi pero figuren en los registros como pertenecientes a testaferros o familiares.

El objetivo es que de esta manera se pueda reparar el daño ocasionado por el ex intendente de Santa Elena con su enriquecimiento ilícito.

“Esto ya es cosa juzgada, así que se puede reclamar que devuelva los bienes de los que se apropió ilícitamente”, apuntó el periodista a EL DIARIO.

Un planteo idéntico había sido efectuado en 2007 ante la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, a través de la figura del amicus curiae, que permite que terceros ajenos a un proceso judicial ofrezcan su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución. Si bien el tribunal admitió el planteo, nunca se expidió sobre el tema.

Cabe recordar también que en la sentencia condenatoria no se había dispuesto el decomiso de bienes que pertenecieran a Rossi, pero sí se pidió determinar la pertenencia o no de un inmueble ubicado en calle Colón 231 de Paraná, algo de lo que debía ocuparse la Oficina Anticorrupción, que era querellante en la causa defendiendo los intereses del Estado. (APF.Digital)