CRITICAN LA JUDICIALIZACION DEL PEDIDO DE ABORTO A LA NENA DE 11 AÑOS Y CUESTIONAN AL MINISTRO CETTOUR POR VIOLAR LA LEY

PARANÁ, 17 AGO (APF.Digital)

“El aborto en casos como este está expresamente permitido en el Código Penal y resulta por lo tanto inimputable”, dijo Primo.

“Nuestro país permite el aborto terapéutico cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la vida de una mujer. En este caso, las dos cuestiones avalan el aborto”, entendió.

Expresó que absurdo pensar en pedirle autorización a un juez para hacer algo que está expresamente permitido en el Código Penal y resulta por lo tanto inimputable y señaló que la judicialización no responde a ninguna justificación legal. No hay mención en el Código Penal de la participación de juez en la toma de decisiones; sólo habla del médico y la mujer (o representante legal, en este caso su madre por ser menor de edad)

La participación -o la no participación- del Juez sólo dilata los plazos y burocratiza un acto medico contemplado por la ley.

“A su vez, estamos encuadrados en la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y en la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer”, agregó.

Por lo tanto, consideró que “son muchas las cuestiones que avalan la necesidad de dar respuesta inmediata a esta niña que ha sido víctima de un abuso, que es una menor y cuyo embarazo corre un alto riesgo porque sus condiciones físicas, no ya sólo psicológicas, no garantizan que pueda tener un embarazo normal. Normal entre comillas, ya que para nadie puede ser normal un embarazo que es un producto de un abuso a una nena de 11 años”.

Primo criticó la judicialización del caso y sostuvo que “la mujer siempre termina siendo víctima de la desidia y de la falta de respeto a las normas”.

El caso podría encuadrarse también como aborto no punible por ser el embarazo producto de un abuso sexual, además de un caso de aborto terapéutico. Dado que la niña tiene 11 años, no está en condiciones de consentir una relación sexual. El Código Penal establece ese límite a los 13 años.

El flamante Protocolo de Atención Integral de Personas Víctimas de Violación Sexual, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, y que fue presentado en diciembre, establece puntualmente que los servicios hospitalarios deben ofrecer la alternativa de un aborto no punible en casos de embarazo causado por una violación o abuso sexual.

Al mismo tiempo, la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por la misma cartera establece que no se debe exigir autorización judicial para llevar adelante la práctica. Así también falló el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2007, en el caso de M.F.C., una adolescente con discapacidad mental que había sido embarazada en una violación. En aquel momento, a pesar de aquella venia judicial del máximo tribunal provincial, ningún hospital entrerriano se hizo cargo de la intervención, y la joven debió ser trasladada a otra provincia por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación para acceder a un aborto.

• Críticas a los dichos del Ministro

El ministro de Salud de la Provincia, Hugo Cettour, se refirió al pedido de autorización de aborto no punible realizado por la familia de la niña de 11 años. Dijo que “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”.

"Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo; la naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado”, sostuvo.

La respuesta de la organización no tardó en llegar. En tal sentido, Silvia Primo enfatizó: “Cada uno puede tener su opinión propia, basada en cierta moral y ciertas religiones, y eso es absolutamente respetable, pero lo que nos preocupa y nos parece grave es que Cettour tiene una función pública y con lo que dijo está violando una ley y un Código”.

“Hacer pública una violación a una ley y a un código es muy preocupante porque eso nos lleva a la anomia, que implica que cada uno pueda hacer lo que quiera”, aseveró Silvia Primo en declaraciones a esta Agencia.

“No se están respetando las normas y ese es el punto”, dijo, al tiempo que aclaró que “no se está cuestionando la opinión del Ministro o de Cettour como ciudadano”.

Luego, advirtió que “nuestras niñas y mujeres están en riesgo, porque si ante una situación tan clara y concreta como este caso, que es un embarazo de una nena que fue víctima de un abuso, un funcionario público dice que no hay razones para que se realice el aborto, la situación es preocupante y grave”.

“No se puede aceptar un embarazo de estas características. Bajo ningún punto de vista”, concluyó.

• El caso

El pedido de aborto no punible fue presentado por la abogada María Susana Benítez, en representación de la madre de la niña. La familia de la nena es muy humilde y vive en el municipio de General Campos, en el departamento San Salvador, a 45 kilómetros de Concordia y 220 kilómetros de Paraná. Benítez fundamentó el pedido en que el embarazo pone “en riesgo la salud” de la niña. Por su corta edad y su cuerpo menudo no está en condiciones de llevarlo adelante. Ayer a la nena se le hicieron exhaustivos exámenes médicos en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, cuyos resultados estarían hoy.

El embarazo salió a la luz cuando la nena fue revisada en el Hospital Regional San Miguel, de San Salvador, porque tenía dolores abdominales. General Campos y San Salvador son localidades vecinas. El director del hospital, Juan Augusto Arletaz, radicó la denuncia por abuso sexual. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Malvasio, del departamento judicial de Colón –al que pertenece San Salvador-. Pero el pedido del aborto no punible se tramita en los Tribunales de Concordia.

La niña habría sido abusada sexualmente por un joven de 17 años, cuando fue a visitar a su abuelo, que vive en el municipio de San Salvador, a 16 kilómetros de General Campos. La niña declaró en Concordia mediante la técnica de Cámara Gesell unos días atrás, y habría señalado al presunto agresor, un amigo de un vecino de su abuelo. El testimonio fue girado a la Justicia de Colón. El acusado ya fue identificado identificado por la policía local. (APF.Digital)