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La nota fue ingresada este lunes, el mismo día en el que la Convención -su bloque mayoritario- había cambiado el criterio sobre la reelección de intendentes y se había arrepentido de darle a la Legislatura la facultad de convocar a elecciones. El viernes anterior se había reconsiderado el despacho que prohibía a los colaboradores de todas las dictaduras acceder a cargos públicos.

Tanto cambio de opinión hizo que los trabajadores del Iafas pidieran a su representante en el directorio del instituto, César Peralta, que insistiera con el planteo para que en Entre Ríos adquiera rango constitucional la prohibición de privatizar el juego, consigna EL DIARIO.

Concretamente, la nota dirigida al presidente de la Convención, Jorge Busti, pide que se vuelva a considerar una iniciativa de los trabajadores que, con el número de expediente 501, ingresó por la Comisión de Iniciativa y Participación Ciudadana y “por unanimidad emitió dictamen el 8 de mayo habilitando su tratamiento”.

Pero tres meses después el asunto pasó a archivo en la comisión de Producción, donde se consideraban también dos proyectos de la oposición -de la UCR y de la Coalición Cívica- que impedían la privatización y otro del propio Busti que daba lugar a que una ley pueda autorizar “la incorporación del capital privado a las actividades de administración, comercialización y explotación de los juegos”.

A fines de agosto, los trabajadores del Iafas se habían manifestado hasta el recinto para pedir el tratamiento de su proyecto y Busti, “nos dijo que no era un tema habilitado por la ley de reforma”, recordó ayer Peralta.

En la exposición que oportunamente efectuaron los trabajadores del Iafas ante los convencionales se encuentran argumentos sólidos en contra de la privatización. En principio, se afirma que sólo el Estado puede hacer que la captación de los recursos financieros de esta “debilidad humana”, sean volcados íntegramente a acciones de interés social para el conjunto de la comunidad. Algo tan simple como que su objetivo es la acción social y el de los privados el lucro.

Pero también se brindan cifras que ayudan a entender el planteo.

Informan que en el año 2007 el Iafas obtuvo una utilidad (apuestas menos premios) de $ 243.172.000 y que el Casino Paraná con su Sala Tragamonedas deja para la provincia una utilidad mensual de unos $ 3.000.000. Como contrapartida, los trabajadores pudieron verificar que en Resistencia (Chaco) un casino privatizado, de similares características al de Paraná le dejó al Estado chaqueño $ 75.000 mensuales.

Además, los empresarios le pagan a los trabajadores chaqueños la mitad de lo que perciben los trabajadores estatales de Entre Ríos. Lo mismo ocurre con los privados que tienen la concesión de las maquinas tragamonedas en nuestra provincia. “Y no olvidemos que nuestro trabajadores gastan su salario en nuestra provincia. Los ‘empresarios’ se llevan su ganancia”, destacan los empleados del Iafas.

“Porque estamos expuestos al acecho permanente de los que quieren quedarse con las ganancias de lo producido por la explotación del juego, consideramos que debe incluirse en nuestra Constitución un articulo que resguarde lo que hoy está regulado por una ley”, remarcan.

• Un ejemplo inquietante

Uno de los argumentos que esgrimen los trabajadores para oponerse a la privatización del juego es el control que puede ejercer el Estado sobre algunas prácticas que se registran en los casinos. Y dan un ejemplo concreto:

“En el Casino Victoria un apostador llega y cambia $ 30.000. Juega $ 5.000 y se retira. Al hacerlo pide que le extiendan un cheque por el peligro que significa andar con esa cantidad en efectivo. Al otro día quiere hacer la misma maniobra pero es detectado por la seguridad del Casino a través del CCTV. Se le plantea: “Ud. vino con efectivo por lo tanto se le abonará en efectivo”. Después de eso no vino más. ¿Qué puede significar ello? El apostador viene con dinero de origen dudoso y se va con un cheque del casino. En manos privadas... ¿Quién controla esto?”.