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“Opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”. Así concluye el dictamen rubricado por la Dra. Laura Monti de la Procuración General de la Nación, organismo que fue consultado por la Corte para que defina si tiene o no competencia en la causa iniciada por el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, contra Entre Ríos y Buenos Aires por la quema de pastizales.

Esto significa que el litigio deberá resolverse en sede federal, y que las partes, tanto Rosario que presentó el amparo ambiental como las dos provincias demandadas, deberán sostener sus posiciones la Corte.

“El Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia (ante la Corte) siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria” del máximo Tribunal, apunta la Procuradora en el dictamen emitido el 29 de septiembre pasado, al que accedió esta Agencia.

Estos supuestos implican que en la causa debe ser parte “una provincia y (si) la causa reviste naturaleza exclusivamente federal”, es decir que exista interjurisdiccionalidad en los efectos que motivaron la demanda, lo que se refleja en el caso, ya que “tanto la degradación y (la) contaminación que denuncia (la Municipalidad de Rosario) tiene su origen en actos realizados en territorio de dichos Estados provinciales”, es decir Entre Ríos y Buenos Aires.

• La causa

En agosto pasado, el intendente de Rosario Miguel Lifschitz, presentó un amparo ambiental ante la Corte Suprema a fin de lograr el “cese de las quemas indiscriminadas, reiteradas y sistemáticas de pastizales y bosques que se realizan en las islas del río Paraná (jurisdicción del departamento Victoria) y en el área noreste bonaerense”.

La demanda rosarina consideró que esa práctica agropecuaria “habitual y constante” causa “dificultades para respirar y disminuye la visibilidad” y ha puesto “en grave peligro la salud, la vida, la actividad comercial y turística y (la) seguridad vial de los vecinos de Rosario”, transcribe el dictamen de la Procuración.

Además, sostuvo que el dióxido de carbono que se libera en la atmósfera “produce la degradación del medio ambiente interjurisdiccional que comprende las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires”.

El mandatario socialista de Rosario consideró que las provincias demandadas han omitido “planificar y controlar dichas actividades productivas e implementar una política agropecuaria sustentable de prevención del daño ambiental”.

La petición que realizó es que Entre Ríos “suspenda la aplicación de la ley 9.603” y que además se cree un “órgano integrado por los distintas jurisdicciones provinciales y municipales afectadas, se declare la emergencia ambiental del ecosistema, se ordene la prohibición inmediata de la quema de pastizales en la zona, se implemente un ordenamiento ambiental del territorio, se controle el desarrollo de las actividades antrópicas y se realice un estudio de impacto ambiental a cargo de las Universidades Nacionales”.

La ley provincial 9.603 es la que establece el mecanismo de arrendamiento de las islas del río que sean terrenos fiscales. Tras una reunión mantenida el 25 de septiembre pasado en Buenos Aires con sus pares de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Santa Fe, Hermes Binner, el mandatario provincial Sergio Urribarri anunció: “Hemos tomado la decisión de rescindir todos los contratos de arrendamiento en aquellos predios donde se hayan producido quemas de pastizales para el engorde de ganado. Y también vamos a rescindir todos los contratos cada vez que ocurra una situación como esta”.

Ese mismo día, el Gobernador firmó con los otros Estados provinciales y la secretaría de Ambiente de la Nación una carta intención para poner en marcha un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. (APF.Digital)