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En ese sentido, agregó que “el organismo representa los intereses de las grandes empresas por sobre el de la República Argentina. En su artículo segundo se solicita requerir al Poder Ejecutivo de la Nación que por donde corresponda y en representación de la Nación Argentina denuncie el mencionado convenio sobre arreglos de diferencias a relativas entre estado y naciones. Concretamente, el diputado nacional entrerriano pretende que con la derogación de la Ley 24.353, la Argentina abandone su pertenencia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)”.

En los fundamentos comenzó haciendo notar que “ese organismo multilateral de resolución de conflictos entre las empresas, particularmente de servicio, y los estados nacionales, no ha producido ningún fallo a favor de la Argentina. Todo lo contrario: han sido fallos absolutamente adversos”, agregó.

“La posición que adopte la República Argentina de alejarse del CIADI no es una actitud solitaria sino que va en relación a decisiones que han adoptado otros países, o como la que tuvo siempre Brasil que jamás integró este organismo”, esgrimió.

Es de recordar que este organismo fue creado el 18 de marzo de 1965. “En el gobierno de don Arturo Illia, tampoco en el de Ricardo Alfonsín, se pensó jamás en la integración de la Argentina en ese ente, a sabiendas de que el CIADI se creaba para un mayor control de las empresas concesionadas, monopólicas y extranjeras para los estados latinoamericano”, dijo el legislador radical.

Asimismo, señaló: “Es en el gobierno de Carlos Menem, en el año 1994, cuando se dicta el decreto incorporando a la Argentina. Más aún, nosotros propiciamos la recuperación de la soberanía plena en sus relaciones respecto de los inversores externos y ante los organismos internacionales, y con esto se tire abajo todo tipo de claudicación y compromiso adquirido durante la gestión de Menem, en la que suscribieron sin ninguna reserva, precaución o prudencia más de 50 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por lo que se otorgaron al capital extranjero franquicias, facilidades, inmunidades y excepciones de la que carece la industria y el trabajo nacional, al tiempo que se desguasó el Estado y se enajenó el patrimonio de sus empresas a precio de saldo, incrementándose la deuda externa”.

“Resulta penoso haber escuchado en la comisión, en el tratamiento del tema del petróleo al diputado Carlos Heller decir el único camino que le va a quedar a Repsol para reclamar es el CIADI”.

Rogel reiteró, “cuando se trató el despacho de YPF, que se podría aprobar este proyecto, que lleva también la firma de los diputados Hugo Maldonado y Fernando Pino Solana, para que la Argentina “se retire de ese organismo, y no estar anunciándole a Repsol cuáles son los caminos a seguir, como lo ha hecho Heller, para reclamar por sus supuestos derechos”.

Sostuvo que “la decisión de Menem no fue causal, va en correlación a dos artículos de la Constitución: uno el Artículo 76, que establece que todo el proceso de privatización que se hizo por decreto no estaba sujeto a revisión alguna. Y el segundo artículo que va en concatenación es aquel que establece que los conflictos planteados entre las empresas de servicio y el Estado nacional se dirimirán en los organismos internacionales, por ejemplo el CIADI”.

“No es casual que modelos como los que todos hoy están mirando, como el de Brasil, con seguridad jurídica, con crecimiento económico, respetando el capital extranjero hayan avanzado sin necesidad de haber adherido nunca a este organismo. El CIADI, desde el año 1994 no ha resulto ningún conflicto a favor del Estada nacional”, insistió. “Si se habla de tirar abajo el modelo de los 90, y hablar de un modelo nacional y popular, este resquicio vergonzoso de la Argentina ante un organismo que representa los intereses de empresas poderosas debe ser eliminado de manera inmediata y por unanimidad por el Parlamento argentino”, concluyó. (APF.Digital)