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La Justicia entrerriana avanzó en la investigación sumaria para determinar si existieron irregularidades en el manejo de subsidios que hizo el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, José Ángel Allende, durante los últimos años, a través de la Fundación Esperanza que lidera su esposa (Gabriela Satler) y donde él aparece como secretario.

La fiscal Laura Cattáneo, que lleva adelante la pesquisa, solicitó informes a diferentes organismos de la Provincia y dependientes de la Nación para determinar movimientos financieros del legislador en los últimos 10 años.

Respecto de ese tema, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, que fue quien instruyó a Catáneo a avanzar en la investigación, brindó precisiones sobre la decisión de indagar sobre los hechos que involucran al presidente de la Cámara baja.

“Más allá del caso puntual, del que tal vez sea un poco prematuro hablar; ya en la ley que estaba vigente, aún antes de la reforma del Código Procesal Penal, la idea es conformar un Ministerio Público Fiscal que dirija la política criminal y se oriente a las causas más importantes, y que tenga un criterio de unicidad, es decir que se bajen criterios político-criminales de investigación a partir de la decisión del procurador general”, señaló.

El jefe de los fiscales de la Justicia entrerriana consideró luego: “Los hechos denunciados son obviamente hechos graves, y estamos ante una denuncia que es muy concreta”.

El quincenario Análisis denunció, entre otras situaciones supuestamente irregulares, que el legislador habría desviado fondos públicos a través de subsidios mensuales que percibió entre 2007 y 2011, por un monto de 30.000 pesos mensuales; o sea, 1.440.000 pesos en total.

Al referirse a la denuncia periodística, García destacó que “muchas veces se rumorea, las denuncias son anónimas o muy genéricas; pero en este caso se trata prácticamente de lo que se ha denominado periodismo de investigación, que muchas veces han terminado en la condena de funcionarios. Es por eso que ante esa gravedad, iniciamos una investigación para verificar si los hechos denunciados allí tienen entidad como para ir investigando sobre esos delitos. En realidad es un deber nuestro, cuando existen severas sospechas de un delito, empezar a investigar”, agregó.

Finalmente el procurador destacó: “Quienes están en la función pública tienen el deber de tolerar ser investigados. Los funcionarios tienen deberes positivos, como es el deber de transparencia, o de informar todos sus bienes, que son deberes que no tienen los ciudadanos comunes. Así, tienen el deber de estar dispuestos a que la Justicia los investigue y aportar todos los datos”, remarcó el titular del Ministerio Público Fiscal.

• Presentación espontánea

En tanto, en ámbitos legislativos circuló ayer el rumor de que el miércoles Allende se presentaría espontáneamente en Tribunales a fin de aportar documentación relativa a la investigación.

Inicialmente, en declaraciones radiales, el titular de la Cámara había dicho que las denuncias eran “todas pelotudeces”, informó UNO. (APF.Digital)