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La norma tiene como objetivo facilitar a las empresas el despido de los trabajadores cuando las condiciones económicas empeoren e incentivar a los patrones a ofrecer más puestos de trabajo fijos en lugar de contratos precarios y temporales. De esta manera, las empresas podrán alegar como argumento de despido de trabajadores una supuesta mala situación económica. La nueva ley fue fuertemente criticada por los sindicatos y las centrales obreras y provocó desacuerdos dentro de la coalición de centroizquierda y de derecha que apoya al tecnócrata Monti en el Parlamento desde su asunción a fines del año pasado por presión de los mercados.

Sin embargo, en el durísimo debate parlamentario, los sindicatos y el Partido Demócrata (de centroizquierda) lograron introducir un cambio que otorga a los tribunales la facultad de ordenar a las empresas que readmitan a los trabajadores despedidos en determinadas circunstancias. En tanto, el partido Pueblo de Libertad fundado por el ex primer ministro Silvio Berlusconi, el antecesor de Monti, y los grupos de presión empresariales consiguieron imponer ciertos límites para los contratos laborales a tiempo parcial y los temporales, que profundizaron el carácter flexibilizador de la nueva norma.

Mientras se salvaban los bancos y los gerentes que los fundieron recibían altísimas indemnizaciones o bonificaciones, Portugal aprobó reformas similares en enero y España en febrero, como parte de una ola de ajustes efectuados por los países del sur de la Zona Euro que tratan de cumplir con las exigencias de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para salir de una profunda crisis económica, publicó Página 12. (APF.Digital)