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Con la aprobación de estos dos textos legislativos, la Cámara de Diputados dio por finalizada su tarea en esta primera mitad del año.

El primer proyecto tratado en la sesión -en la que estuvo presente APF- fue el que crea un régimen integral denominado “de Promoción y Fomento de la Economía Social”, a través del cual se motorizará la financiación de actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios de modo asociativo o comunitario.

La miembro informante del proyecto fue la diputada oficialista María Laura Stratta, quien agradeció a todos los legisladores la “altura” que tuvieron por haber aceptado tratar la iniciativa a pesar de que todavía no había tomado estado parlamentario. También brindó un agradecimiento especial a los ministros de Economía, Diego Valiero, y de Desarrollo Social, Carlos Ramos, y calificó a este último como “un compañero y amigo que le inscribió una nueva mirada al desarrollo social en la provincia”.

La legisladora resaltó que el proyecto es fruto de un “trabajo conjunto” con ambos Ministerios.

Luego expresó que la economía social “es una forma diferente de pensar la economía en la que el ser humano prima por sobre el capital” y resaltó que el proyecto “apunta a generar mecanismos para fortalecer la economía social y hacer que sea un pilar en el desarrollo de la provincia”.

Stratta afirmó que el proyecto gira en torno a “cuatro ejes”: reconoce a la economía social como un área clave a estimular; organiza a los sectores que la integran, con el Ministerio de Desarrollo como autoridad de aplicación; incorpora la posibilidad de realizar compras directas a estos sectores; y crea un fondo específico para sostener la economía social.

Por último, calificó de “histórica” a la norma y sostuvo que tiene que ver con el carácter “inclusivo” que se le pretende dar al proyecto.

• Apoyo unánime

El titular del bloque del Frente Entrerriano Federal (FEF), Horacio Fabián Flores aseguró que la bancada “nunca dudó en acompañar” el proyecto porque “apunta a darle protagonismo a los sectores más postergados de la sociedad”.

En tanto, María Emma Bargagna (FAP-GEN) también sostuvo que su bloque apoya la iniciativa y remarcó el “compromiso” del ministro Ramos para lograr que el Estado se provea, a través de estas pymes, “de guardapolvos, tizas, borceguíes y demás elementos que necesita” y, por otra parte, para que “se ponga en marcha una página web en la que esté publicada toda la información actualizada” sobre los movimientos que se generen a partir de la creación de este régimen.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Agustín Federik, informó sobre el apoyo de la bancada a la iniciativa porque “impulsa una serie de políticas sociales que siempre pregonó el radicalismo, como el mutualismo y el cooperativismo”, y agregó que “apoyar esta iniciativa hace a la historia de la UCR”.

“Acompañamos este proyecto porque va a ser superador de todo tipo de asistencialismo”, señaló, y por último advirtió que “de su instrumentación dependerá que esto no se convierta en un proyecto para pocos”.

Por su parte, el socialista Lisandro Viale resaltó la “actitud” del ministro Carlos Ramos de “jerarquizar el diálogo y el consenso” en torno a esta iniciativa y también dijo que espera que “la instrumentación sea eficiente y transparente”.

De este modo, a las 19:15 la iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada por unanimidad.

• El Fogaer, aprobado pero cuestionado

Luego la Cámara de Diputados comenzó a debatir la iniciativa, también del Ejecutivo, que establece la ceración de un Fondo de Garantías (Fogaer) para Pymes. Ésta, a diferencia de la anterior, fue rechazada por el FAP-GEN y, aunque la aprobaron en general, fue seriamente cuestionada por el Frente Entrerriano Federal y por el Frente Progresista Cívico y Social.

El miembro informante en este caso fue el oficialista Osvaldo Viano, quien calificó al proyecto como “una herramienta fundamental para garantizar la actividad de las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no tienen acceso al crédito”.

“Si no hay crédito, no hay inversión, si no hay inversión, no hay producción, y si no hay producción, no hay trabajo”, argumentó el legislador, quien a su vez destacó que el proyecto permite “orientar el financiamiento hacia aquellas zonas en las que es difícil llegar al crédito”.

Cabe destacar que la iniciativa impulsa la creación de un Fondo de Garantías. Se trata de una herramienta que permitirá que las pequeñas y medianas empresas accedan a financiamiento y así puedan consolidarse y crecer en su actividad.

El Fondo apunta cubrir garantías otorgadas a mini pymes, por operaciones vinculadas con su proceso productivo y con capital de trabajo. Se integrará con aportes del Estado provincial, otros entes públicos y privados, con la reinversión de utilidades y legados o donaciones.

Los cuestionamientos al proyecto no tardaron en llegar. La diputada Rosario Romero primero y luego su par Diego Lara quienes cuestionaron el contenido de algunos artículos y propusieron una serie de sugerencias para modificarlos. Uno de los puntos que criticaron fue el que tiene que ver con la “direccionalidad de las garantías a otorgar por el Fogaer” y, en tal sentido, sostuvieron que “la idea es que a partir del objeto se pueda promocionar el asociativismo cooperativo, la creación de valor agregado a todos los sectores de la economía entrerriana y la generación de empleo, en función de una buena diversificación sectorial de las garantías”.

A su vez cuestionaron la incorporación en el Consejo de Vigilancia de un representante de la Fiscalía de Estado, ya que “ésta constituye un organismo autónomo de control en defensa del patrimonio provincial” y “puede tener una intervención directa y per sé en ésta y en cualquier otra sociedad estatal, en función de las responsabilidades y atribuciones propias que le otorga la misma Constitución”.

En tal sentido, propusieron que el Consejo esté integrado por un representante del Ministerio de Economía y, en lugar de la Fiscalía, un representante del sector privado, a propuesta de las instituciones/entidades empresarias y/o grandes empresas titulares de las acciones de la “Clase B”, designados en una asamblea citada a tal efecto entre los accionistas de esta categoría”.

En cuanto al fondo de riesgo, sugirieron que se garantice una adecuada diversificación de las garantías para no afectarlas todas al mismo sector económico y/o productivo”.

A su vez, plantearon la necesidad de que el Ejecutivo provincial gestione ante Nación la posibilidad que el Fogaer esté exento de pagar impuestos nacionales, como ganancias.

En cuanto a la conformación del Comité Técnico, el FEF planteó que éste “debería estar integrado también por algún representante del sector privado”.

En cuanto a la Comisión de Seguimiento, manifestaron que “si se pretende que la oposición legislativa tenga alguna representación, ello debería dejarse expresamente sancionado”. En este punto, expresaron que “puede resultar importante que se maneje alguna cláusula transitoria que contemple la especial relación de fuerzas del Senado, dado que allí no habrá lugar para la integración con la oposición”.

Estas fueron algunas de las propuestas que planteó Diego Lara quien, de todos modos, ratificó el acompañamiento del bloque para hacer efectiva esta “herramienta imprescindible para el desarrollo de la economía”.

Por su parte, Enrique Fontanetto (FAP-GEN) informó que el bloque no acompaña l proyecto porque “no es una herramienta sustentable en el tiempo” y, en tal sentido, puso sobre el tapete la necesidad de que “la Provincia recupere el banco de Entre Ríos, que fue privatizado por el peronismo en la década del ‘90”.

“Si la Presidenta de la Nación se animó a recuperar las acciones de YPF, por qué el Gobierno provincial no puede actuar de igual forma e intentar recuperar el banco”, se preguntó.

Por su parte, el radical Federik sostuvo que “la ley tiene groseros errores de redacción y de interpretación”.

Una de las propuestas que planteó tuvo que ver con que “el Fondo no legitime transacciones bancarias que podrían impulsarse tras la decisión del Gobierno nacional de obligar a los bancos privados a prestar un porcentaje de sus fondos a pequeñas y medianas empresas destinadas a la producción de bienes y servicios.

El radical preguntó si el oficialismo iba a aceptar poner en debate y modificar algunos de los puntos planteados por los bloques de la oposición, a lo que el oficialista Daniel Ruberto respondió: “No encontramos cuestiones sólidas para modificar, sino de interpretación y redacción, y ésta última tiene tecnicismos que exige el Banco Mundial”.

Enseguida, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Juan Reynaldo Navarro anunció que se iba a votar en general y que no se iba a aceptar “ninguna de las modificaciones propuestas” por la oposición, por lo que se realizó la votación y todos los legisladores -menos los dos del FAP-GEN- la apoyaron en general.

La sesión culminó pasadas las 20:30. (APF.Digital)