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En vista de los casos particulares recibidos, de que la cuestión del hábitat viene siendo una preocupación de la Defensoría y de que se trata de un derecho inalienable de las personas, la institución recomendó instrumentar una serie de medidas. Ellas son: que se estructure un área municipal específica -o se refuercen y unifiquen las existentes – para que se aborde la cuestión del hábitat de una manera integral. Para eso, se consideró indispensable dotar a ese ámbito de recursos humanos, materiales y normativos necesarios.

También, pidió que se recuperen instrumentos normativos existentes, como las ordenanzas del Programa Arraigo, Nuevos Asentamientos, Reciclaje de Fondos, entre otros, y se “conforme efectivamente un Banco de Tierras que permita brindar respuesta a la demanda actual, histórica, y potencial, posibilitando de esta manera planificar el crecimiento ordenado de la ciudad y evitar el riesgo para muchas familias que implica el asentamiento y la ocupación de espacios no aptos (sin servicios-bordes de barrancas/arroyos, contaminados) para uso residencial”. Por último, se propone que se gestionen, coordinen e implementen programas nacionales y otros en vigencia.

Esta recomendación integró la agenda de trabajo de la reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) realizada del 4 al 6 de julio pasado en Buenos Aires.

• Razones

Los fundamentos que dan origen a la recomendación comienzan por definir el alcance del concepto de vivienda. La casa “no es sólo construcción física que brinda protección del ‘afuera’ sino que -inserta en un territorio- constituye ese ‘lugar en el mundo’, donde las personas que allí habitan piensan, organizan y resuelven cotidianamente su existencia. ‘Habitar’ significa mucho más que ‘ocupar’, implica ser habitante de una situación social determinada”, puntualiza el documento.

Seguidamente, reafirma que “la vivienda es un derecho social y como tal debería estar garantizado, máxime estando consagrado en la Constitución Nacional, en nuestra Carta Magna Provincial y reconocido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (al que nuestra Nación adhiere)”.

Pero, “en la práctica, el acceso al techo es evidentemente diferenciado y restringido. Y aparece, en primera instancia, una imposibilidad de los sectores más vulnerables, que poseen ingresos mínimos e inestables, de acceder a programas y políticas de vivienda”. Así, añade el texto, “la precariedad más absoluta de la vivienda y del hábitat es una de las características sobresalientes indicadora de exclusión social, y es la que pone en evidencia el flagrante incumplimiento de los derechos humanos señalados”.

Por ello, “la problemática del hábitat ha sido una preocupación permanente en el ámbito de la Defensoría, no sólo en la atención de situaciones en las que ciudadanos/ as ven vulnerado o negado este derecho, sino también (…) incorporando a la agenda pública esta cuestión urbano-social de gran complejidad”, define el capítulo de los fundamentos.

• Rol y respuestas

En cuanto a las responsabilidades, se menciona que el Estado es “el impulsor principal y el garante de las políticas públicas sobre hábitat adecuado, obligación que debe ser aún más preponderante en situaciones de escasez de medios por parte de los sectores de bajos recursos y de mayor vulnerabilidad”. Es que “se trata de una franja de la sociedad cuyas posibilidades de acceso al mercado inmobiliario son nulas en tanto no se generen políticas públicas de inclusión, sostenibles y acordes a las necesidades sociales”.

En esas circunstancias, la Defensoría apunta que “para muchas familias, la ‘regularidad’ (y a veces la legalidad) es inalcanzable, por lo que el acceso sólo es posible en un espectro de situaciones que abarcan desde mercados informales del suelo (por la vía de intermediarios) hasta situaciones de hecho en áreas sin servicios, ambientalmente degradadas o expuestas a riesgos naturales, como el modo predominante de acceso a la ciudad, de parte de los sectores más pobres de la población”.

Ahora bien, la Defensoría señala que ante las presentaciones recibidas sobre “la vulneración del derecho a la vivienda -que refieren a desalojos, construcciones precarias, asentamientos en zonas de riesgo, hacinamiento, sin cobertura de servicios básicos- hubo escasa o nula respuesta de organismos provinciales y/o municipales, en función de resolver la problemática planteada”. Y observa que “las áreas encargadas de implementar programas habitacionales presentan numerosos obstáculos y falta de articulación inter y/o intrainstitucional a la hora de brindar respuestas a la población que requiere algún tipo de asistencia”.

Acota a continuación que si bien la implementación de la política de vivienda es competencia del Estado nacional y provincial, el municipal es el que recibe frecuentemente “la demanda habitacional de los sectores más vulnerables, dada la mayor posibilidad de contacto de los ciudadanos con sus gobernantes”. En ese sentido, puntualiza que el Estado municipal es “el responsable de planificar el desarrollo urbano de la ciudad para que resulte integrador, armónico, inclusivo y previsible”.

Asimismo, se destaca en la recomendación el hecho de que la actual gestión municipal haya manifestado que se ocupará de la problemática integral de la vivienda social y del suelo urbano y se califica de “alentador” el plan anunciado por el gobierno nacional, “el cual se ha visto desbordado por las cientos de familias que han depositado el ‘sueño de la vivienda propia’ en esta nueva posibilidad”. Esto – la afluencia masiva de ciudadanos, interesados en el programa- “evidencia la importante demanda habitacional aún sin resolver”, se remarca.

A propósito, la institución abogó para que se incorporen en “el diseño de las políticas todas las variables que constituyen el hábitat de la ciudad; en el territorio implica apostar por la inversión en educación y salud pública, las políticas activas de generación de empleo, la integración y urbanización de las áreas urbanas degradadas, la expansión de las redes de infraestructura, el derribamiento de muros, la apertura de calles, y la generación de espacio público seguro y de calidad”. (APF.Digital)