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En la causa, caratulada como negociaciones incompatibles con la función pública, el fiscal pidió una decena de medidas de pruebas, incluidas las declaraciones testimoniales de los empleados fantasmas que fueran revelados por LA NACION, Marcela Ashley y Steve Beer. En los próximos días el juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, deberá decidir qué medidas puede impulsar.

También fueron imputados por la Justicia los integrantes del comité de evaluación de Transporte que recomendó contratar al consorcio compuesto por Global Infrastructure, IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados pese a contar con una oferta $ 10 millones más económica. Se trata de Nora Turco, directora nacional de Planificación y Coordinación de Transporte, y coordinadora de Planificación del Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Platamba); Gabriela Boaglio, asesora legal del Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba) y Alberto Barrionuevo, asesor de Platamba.

Algunos de los integrantes del consorcio que se quedó con el contrato de $ 65 millones también fueron imputados: el ex jefe de la supervisión, el inglés Stephen Chandler, Horacio Blot, Guillermo Yampolsky, Pablo Vainberg, Carlos Verdi y Rubén Lamandia.

Jorge de Beláustegui, el único funcionario desplazado por el caso SUBE, también fue apuntado por el fiscal González. El ex coordinador general de Ptuba dejó su cargo luego de que LA NACION publicara una entrevista con Chandler en la que el consultor inglés lo acusó de haber firmado el contrato a sus espaldas. (APF.Digital)