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La Cámara de Diputados vivió un fuerte punto de tensión al reanudar la actividad parlamentaria en el recinto de deliberaciones. Sin la presencia de los bloques opositores que impugnaron la sesión por considerarla “ilegítima”, el kirchnerismo aprobó y giró al Senado el proyecto de la diputada Diana Conti para que los fondos judiciales que operan en territorio porteño dejen de depositarse en el Banco Ciudad y pasen a la órbita del Banco Nación.

De esta manera la iniciativa fue girada al Senado con 128 votos favorables del Frente para la Victoria y bloques aliados, y rechaza por cuatro legisladores: el oficialista Jorge Yoma, y los integrantes del bloque Unidad Peronista, Felipe Solá, Roberto Mouillerón, y Raúl Rivara.

• La oposición impugnó la sesión

Según informó Parlamentario, la sesión ordinaria convocada para las 13 comenzó 38 minutos más tarde de lo pactado con la única presencia del Frente para la Victoria y bloques aliados, mientras la oposición aseguraba que la reunión es “ilegítima”.

Es que a las 13.30, el plazo máximo de tolerancia fijado por el reglamento para sesionar, el kirchnerismo tenía sentados 117 diputados, mientras que se necesitan 129 para deliberar legalmente.

Por eso, el titular del cuerpo, Julián Domínguez, concedió 15 minutos más de tolerancia hasta que finalmente el oficialismo logró reunir a su tropa a las 13.38 con 133 legisladores presentes.

En el oficialismo estaban ausentes Jorge Yoma, Mabel Muller, Eduardo “Wado” de Pedro, Carlos Moreno y Stella Maris Córdoba, que pasadas las 13.30 arribaron al recinto. Los cegetistas Facundo Moyano, Omar Plaini directamente no concurrieron al Congreso por oponerse a la iniciativa sobre depósitos judiciales.

• El proyecto de Diana Conti

Se trata de la iniciativa para que los depósitos judiciales de tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires dejen de efectuarse en el Banco Ciudad y pasen a la órbita del Banco Nación.

El texto aclara que aquellos fondos depositados antes de la sanción de la ley no serán transferidos, sino que permanecerán en el Ciudad hasta que terminen las causas. Aún así, todos los depósitos posteriores a la sanción de la norma se efectuarán en el Banco Nación.

Para defender su iniciativa, la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti esgrime fundamentos jurídicos y políticos. Por un lado, asegura que como los jueces y el presupuesto que solventa sus actividades son de orden nacional, los fondos deben ser administración por el Banco Nación. Por otro, rechazando la política financiera del macrista, considera que los recursos tendrán mejor destino si son manejados por la Nación.

La propuesta cuenta con dictamen de mayoría del kirchnerismo mientras que los bloques opositores impulsan otros cinco dictámenes de rechazo aunque con fundamentos diferentes.

Uno de ellos fue firmado por el oficialista Jorge Yoma, que preside la Comisión de Justicia, argumentando que la propuesta de su compañera de banca va en contra de la autonomía del Poder Judicial y perjudicará a los trabajadores del Banco Ciudad. Yoma cuenta con el acompañamiento del Frente Peronista y del diputado Carlos Favario (Demócrata Progresista).

Los mismos argumentos esgrimieron el Pro, la UCR, y la Coalición Cívica-ARI, remarcando además que el proyecto es de dudosa constitucionalidad.

Por su parte el interbloque Frente Amplio Progresista decidió impulsar un dictamen elaborado con los trabajadores bancarios y que cuenta con el apoyo de Marcela Rodríguez (ex Coalición Cívica) y Graciela Ocaña (interbloque Frente Peronista). Para los diputados, la ley que impulsa el kirchnerismo sería utilizada por el macrismo para implementar un “ajuste” que recaerá en los trabajadores mediante la pérdida de fuentes de trabajo, de salarios y de condiciones laborales.

Por esta misma razón, un numeroso grupo de trabajadores del Banco Ciudad se manifiesta en los alrededores del Palacio Legislativo repudiando la “ley Conti”.

Finalmente, durante el tratamiento en el recinto el presidente de la Comisión de Finanzas, Carlos Heller (Nuevo Encuentro), anunció que la ley contemplará un artículo mediante el cual se establece “que no se podrá implicar en ninguna caso perdida de empleo”. (APF.Digital)