ANALIZAN LICENCIA DOCENTE PARA CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO

PARANÁ, 11 AGO (APFDigital)

Quizás el ámbito de la docencia sea uno de los más propicios para debatir acerca de la violencia de género. Se trata de una problemática que conjuga diferentes aristas, que en los últimos años pudo atenderse en forma más integral mediante el respaldo de una legislación que amplía los derechos, pero igualmente varios actores coinciden en que todavía falta mucho camino por recorrer en el tema.

Dentro de ese contexto, el colectivo docente está abocado a concebir nuevas herramientas que extiendan la asistencia a la víctima, empezando por el acompañamiento en su entorno particular y todo lo que implica su tarea en el aula. Si bien se carece sobre estadística en relación al tema, las experiencias de mujeres golpeadas van en aumento, lo que obliga a plantearse seriamente un debate dentro de cada gremio.

A raíz de diferentes consultas con representantes gremiales se pudo constatar que no existe una posición definida respecto del tema, y solamente Agmer Entre Ríos mantuvo charlas informales con la titular del Consejo General de Educación, Claudia Vallori, para modificar el Decreto Nº 5.923, que abarca las licencias especiales.

En Santa Fe, el gremio Amsafe pretende incluir esta circunstancia como una de las causas de ausentismo, tomando el antecedente de la provincia de Chubut, donde una docente accedió a principios de este mes a una licencia por “violencia de género”, tras ser hospitalizada por las heridas que sufrió en un ataque de su pareja.

• La experiencia entrerriana

En una recorrida por diferentes gremios docentes UNO indagó respecto del tratamiento que se le brinda a esta problemática, pero en líneas generales se pudo verificar que existe un vacío legal y en lo inmediato las acciones se orientan a plantear la inquietud ante legisladores para la elaboración de un futuro proyecto de ley. Se puede considerar que el avance más importante en la materia lo dio Agmer provincial, luego de mantener charlas informales sobre la temática con la presidenta del CGE. “Hablamos de encuadrar la licencia especial por violencia de género y ampliar la licencia por enfermedad, por embarazo a 180 días y para el padre de 20 días”, indicó el secretario general del gremio, Fabián Peccín.

Todo surgió a partir de talleres de violencia de género dictados en Paraná e impulsados por la Ctera. “Se busca adecuar la norma a los nuevos derechos conquistados. La propuesta de Agmer contiene algunas correcciones al decreto. Es necesario incorporar licencias especiales respecto de la situación laboral de las docentes por problemas de salud”, precisó Peccín.

Consultado por los casos de mujeres maltratadas que llegaron al sindicato, aseguró: “Tenemos casos registrados de mujeres que han estado en esta situación y hemos podido dar una solución a través de los organismos oficiales. Siempre protegiendo la identidad de las compañeras”. Aseveró que en líneas generales el proyecto de readecuación tiene varios puntos de coincidencia con el de la provincia de Chubut. “Todos van por ese camino”, sintetizó. Sin un protocolo “No tenemos un protocolo, algo formal, en casos específicos nos manejamos con nuestra abogada”, dijo Carlos Varela, secretario de Relaciones Gremiales de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Entre Ríos (AMET). El dirigente no descartó que la cuestión se pueda analizar “en asambleas, en un congreso y que además se pueda plantear en forma conjunta por los cuatro gremios docentes: AMET, Agmer, UDA y Sadop”.

El sindicato que tiene representación docente en alrededor de 100 escuelas entrerrianas donde se desempeñan tanto varones como mujeres, no cuenta con estadísticas sobre violencia de género, aunque tomaron conocimiento de algunos casos padecidos por afiliadas, lo que generó el inmediato repudio de las autoridades. “Las razones por las cuales los docentes técnicos solicitan licencia se vinculan principalmente con problemas psicológicos”, deslizó.

• Solo atienden la violencia escolar

El sindicato de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) seccional Entre Ríos, presenta una postura clara sobre el tema: se ocupa solamente de atender casos de violencia escolar, pero no contempla la realidad de las mujeres maltratadas por sus parejas. Según el planteo de la secretaria general del gremio, Mirta Raya: “Es un tema que nos preocupa”, pero a la vez reconoció: “Ahora se trata solamente la problemática dentro de las escuelas, para casos de violencia de género habrá otras organizaciones, otros lugares para pedir ayuda y prevenir esa forma de violencia”.

Sin una política definida que aborde casos puntuales de violencia contra las mujeres, desde el gremio se dejó entrever que cuando se presente un caso de este tipo se ocuparán de darle asistencia a la damnificada. “Nos importa, nos interesa el tema, cuando se trate de ayudar a mujeres maltratadas. Desde nuestro sindicato las vamos a ayudar, no tenemos problema”. “Lo fundamental es que se logró visibilizar con el respaldo de leyes que brindan diferentes posibilidades de asistencia a la víctima”, remarcó Raya, poniendo énfasis en la importancia de todas las políticas estatales destinadas a eliminar los diferentes tipos de violencia interpersonales.

Los mayores índices de ausentismo entre los docentes nucleados en este espacio se dan por variadas razones. Por lo general, las docentes utilizan su licencia laboral por problemas derivados del trabajo: por estrés y molestias generadas por malas posturas. “Hay aulas superpobladas, salarios que no alcanzan y todo eso colabora para que el docente tenga una situación que no sea la mejor”, enumeró la dirigente.

• Por un proyecto más integral

La seccional Paraná de Agmer es una de las organizaciones docentes que se ha ocupado con mayor seriedad del problema, pero sin avanzar en estrategias que puedan incluir nuevos derechos, tales como la licencia específica en casos de violencia contra su integridad física. “Nosotros en los últimos años tuvimos muchos casos y lo fuimos acompañando en lo particular”, sentenció el secretario de prensa de Agmer Paraná, Ignacio González Lowy.

Lo cierto es que en el seno del sindicato surgieron ideas para elaborar un programa concerniente a un régimen de licencias adaptado a casos de violencias de género, aunque la coyuntura y las urgencias diarias evitaron que se defina un proyecto de alcance integral. Al respecto el dirigente argumentó: “No hemos podido plasmar en un proyecto de ley, por ejemplo, la necesidad de que el Estado instrumente políticas reales de defensa de las víctimas y de prevención y condena para los abusadores”.

El representante sindical entendió que una de las premisas es bregar “por resolver el tema del alojamiento de las mujeres golpeadas, a partir de la profundización de una política de refugios”. Sin estadísticas precisas que permitan realizar un seguimiento de los casos, Lowy recordó que en 2013 se registraron cinco casos, cuyas situaciones “se resolvían con cuestiones muy precarias”.

Acerca de estas experiencias traumáticas agregó: “En algunos casos hubo denuncias; por ejemplo tenían que irse de sus casas, no tenían para alquilar y se dio el caso de una compañera que tenía una casa construida en el patio de los padres de su marido”. “Se las derivaba a la Red Alerta; en conjunto con esta organización se pudo resolver el tema del alojamiento”, explicó respecto de una de las políticas instrumentadas para contener a las víctimas. Mencionó que las docentes solicitan licencia laboral por “causas psicológicas, por exceso de presión, problemas en la garganta y presentan muchos inconvenientes kinesiólogicos. Llegado el caso de necesitar licencia por violencia de género acompañaremos hasta las últimas consecuencias”.

• Bregando por nuevos derechos

La dirigencia del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), seccional Entre Ríos, reconoció que en forma periódica reciben presentaciones de compañeras víctimas de agresiones en el seno doméstico. Se trata de casos ocurridos en el interior de la provincia, sobre los cuales se realiza un seguimiento con los delegados de las seccionales involucradas. El colectivo de la docencia privada incluye a alrededor de 9.000 docentes. “No hemos tenido denuncias explícitas, pero sí nos han comentado sobre alguna situación puntual y hay temor de denunciarla públicamente. Tuvimos en un lugar de la provincia una situación de esas características”, manifestó la secretaria general del gremio, Marta Ciarroca.

La operatoria se inicia con un expediente y acto seguido se pone en marcha una etapa de acompañamiento. Según un protocolo de actuación, el caso continúa en Paraná y en algunas situaciones con la intervención del Ministerio de Trabajo. “Tenemos gente en el interior de la provincia que está encargada y fueron quienes acompañaron la denuncia de una compañera por un caso de violencia de género “, opinó Katerina Arce, secretaria de Derechos Humanos del gremio.

Las trabajadoras de la educación involucradas en este tipo de situaciones solicitan licencias psiquiátricas. “Vamos a trabajar para incluir una figura que contemple casos de violencia de género”, informó Arce, Al respecto acotó: “En este momento no tenemos información nueva sobre la mujer golpeada; la mujer estaba con licencia”.

Por lo pronto, se intentará lograr un acercamiento con legisladores para que avancen en la presentación de un proyecto que está en plena elaboración. “Está en todo en reserva, pero vamos a avanzar en ese tema porque nos preocupa, lo que es violencia de género”, remarcó la dirigente.

Con la puesta en marcha de talleres en diferentes lugares de la provincia, Sadop comenzó a articular acciones para posicionarse en relación a la problemática. Como primera medida se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo. Sobre la tarea territorial que se desarrolla en torno al tema explicó: “La estamos tratando, nos estamos ocupando”.

• El CGE, a favor

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Vallori, confirmó que es un hecho que se avanzará con Agmer Entre Ríos en la modificación del régimen de licencias en casos de mujeres agredidas por sus parejas. Aclaró que las licencias especiales están incluidas dentro del Decreto Nº 5.923. “Tuvimos las primeras charlas informales con (Fabián) Peccín sobre esta cuestión, pero todavía no hay nada firme”, manifestó la funcionaria. Más allá de la intención de plasmar nuevos beneficios, Vallori dijo: “Se está empezando a transitar este camino”.

Admitió que debieron atender casos de violencia de género y a los efectos de la protección de las docentes debieron reubicar a las maestras en otras localidades. “El docente plantea el problema, realiza una exposición policial y se avanza en su protección, y la de sus hijos”, remarcó. Adelantó que se está trabajando para modificar el mencionado decreto, para que se pueda lograr una reapertura de las condiciones laborales. “Por ahora la conversación tuvo un carácter informal”, confió la titular del organismo. (APFDigital)