- La Justicia rechazó un planteo efectuado por la familia Torner para que le devuelvan miles de medicamentos y millones de pesos que fueron secuestrados en procedimientos realizados a instancias de una denuncia de la AFIP por evasión de impuestos • La exconcejal Adriana Torner, sus padres y su hermano están imputados por delitos contra la salud, pero aún no han sido citados a prestar declaración indagatoria

La exconcejal Adriana Torner pidió, sin éxito, la devolución de miles de medicamentos y millones de pesos que le fueron incautados en el marco de una investigación por presunta evasión impositiva que involucra también a sus padres y hermano.

La Cámara Federal de Apelaciones rechazó el planteo efectuado por Fania Vainstein, Aron Torner y sus hijos, Adriana y Marcos Torner, reclamando la devolución de distintos tipos de medicamentos, unos 4 millones de pesos, 200 mil dólares y mil euros que fueron secuestrados en allanamientos realizados en un depósito ubicado en calle 9 de Julio 593, a pocos metros de Feliciano, y en una vivienda ubicada en la intersección de José Ingenieros y Rodó, en cercanías de los cuarteles del Ejército.

Antes también lo había rechazado el juez federal Leandro Ríos, que tiene a su cargo una investigación iniciada a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una millonaria evasión impositiva.

El tribunal consideró que el juez tiene la facultad de incautar “cosas relacionadas con el delito” para asegurar que haya bienes que puedan ser decomisados en caso de una eventual condena “o para hacer cesar la comisión de delitos y evitar que se consolide el provecho u obstaculizar la impunidad de los partícipes”.

Si bien el magistrado no ha determinado aún la responsabilidad de los integrantes de la familia Torner, se ha establecido la tenencia ilegítima de los medicamentos, ya que la “Droguería Marcos Benito Torner”, propiedad del hermano de la ex edil, tenía vencida la habilitación para comercializar medicamentos. Eso podría implicar la comisión de delitos contra la salud pública, pero hasta el momento no han sido citados a declarar.

En cuanto al dinero en efectivo, la justicia ha dicho “aún no puede precisarse su procedencia”, pero no descarta que pudiera resultar de la comisión de un delito económico.

La droguería había sido habilitada mediante la Resolución Número 87/09 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Se cree que estuvo activa hasta 2014, pero que la cadena de distribución de medicamentos continuó más allá de ese período y que la evasión por esas actividades no declaradas durante los períodos 2015, 2016 y 2017 rondaría los 12 millones de pesos, según publicó Página Judicial. (APFDigital)