- Tras ocho años, la Justicia Federal cerró la investigación por la maniobra de vaciamiento por más de 40 millones de pesos • Será el primer juicio en la provincia por insolvencia fiscal para el que van a pedir prisión efectiva

Tras tantas idas y venidas con planteos, recusaciones y resoluciones, finalmente la Justicia Federal dispuso el envío a juicio de los 22 procesados en la causa que se investiga la quiebra fraudulenta de la empresa Waigel de Crespo.

Como se recordará, en un principio la causa judicial la llevó adelante la justicia provincial, que incluso llegó a disponer la detención de parte del a reconocida familia de Crespo.

Sin embargo, en la investigación tallaron las presentaciones de los abogados defensores, como también la decisión de la Administración Federal de Ingresos Brutos de tratar de unificar las causas por la quiebra fraudulenta y por la evasión fiscal determinada.

El largo devenir de la investigación tuvo en su itinerario, declaraciones como imputados, secuestro de vehículos y propiedades que estaban "escondidos" en varias provincias. Así con pedido de nulidad se pasaron en los estrados judiciales ocho años.

En esa lucha, se dispuso finalmente que la investigación pasara al juzgado federal de Paraná, donde se acumularon los expedientes.

Los integrantes de la quebrada empresa Waigel de Crespo fueron notificados el 20 de setiembre de la resolución del Juzgado Federal de Paraná, que dispone clausurar la instrucción y elevar la causa a juicio

Palabras más, palabras menos se los procesó por provocar la crisis económica y financiera con el fin de no cumplir con las obligaciones salariales y de acreedores por casi 40 millones de pesos, informó diario UNO

La Afip tomó una postura muy activa en la causa e impulsó varias medidas que permitieron apuntalar las sospechas sobre los integrantes del exdirectorio por el delito de Insolvencia fraudulenta, por entender que son maniobras ilegales de traspaso de bienes entre familiares directos, tenían por objeto evitar el pago de los tributos y otras acreencias.

El juez federal Leandro Ríos dispuso en su resolución de ayer sobreseer parcialmente a Miguel Artemio Waigel del delito de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social.

Con posterioridad, el magistrado de Paraná, rechazó el planteo de oposición a la elevación de la causa a juicio, como también la solicitud de sobreseimiento reclamada por Jorge Waigandt; Sergio Schmidt; Rosa Butazzoni; Juan Waigel; Marco Waigel; Benigno Keiner; Andrea Waigel y Leandro Ripari.

Otro punto de la resolución del juez federal, es dictar la clausura de la instrucción y elevar la causa a juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná.

Las personas que fueron procesadas por el delito de Insolvencia Fiscal Fraudulenta con el agravante por la participación de dos o más personas: Miguel Artemio Waigel; Miguel Francisco Waigel; Maricel Waigel; Nanci Waigel; Andrea Waigel; Juan Waigel; Rosa Butazzoni; Daniel Campos; Silvana Vargas; Sergio Schmidt; Horacio Schmidt Bender; Marcos Waigel; Patricia Quesada; Melisa Campos; Benigno Keiner; Vicente Mendoza; Daniel Goro; Jorge Waigandt; Sonia Milessi; Miguel Banega; Carlos Alvarez y Leandro Ripari.

Más adelante el juez aclaró que Banega y Alvarez por ser contadores fueron procesados con el agravante.

De esta larga investigación, se supo la postura de la Afip que se convirtió en querellante, en el juicio oral y público que se llevará a cabo en una fecha que determine el Tribunal Federal de Paraná. Los abogados del organismo recaudador entienden que por las características de las maniobras fraudulentas en las que participaron 22 personas con el asesoramiento de profesionales de ciencias económicas y hasta abogados, es que se debe reclamar una pena de prisión efectiva.

Además, es el primer caso de insolvencia fiscal de Entre Ríos elevado a juicio oral. En esa línea se conoce que la Insolvencia Fiscal Fraudulenta tiene un mínimo de dos años de prisión (condicional), pero al existir agravantes es que el mínimo se fija en los cuatro años de cárcel efectiva.

De allí es que hay un reclamo judicial que lleva a los acusados a saber que si son condenados, es altamente probable que terminen detenidos en un penal entrerriano.

En estos ocho años de investigación, hubo una gran cantidad de afectados que perdieron sus ahorros, y merced al secuestro de vehículos o la toma de propiedades es que se pudo devolver parte de los reclamos. (APFDigital)