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Causa Gisela López: Duros cuestionamientos del Superior Tribunal a Casación Penal y Fiscalía

  Paraná, 09 may (APFDigital)


– Los fundamentos de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para confirmar el fallo absolutorio de los acusados en la causa por el femicidio de Gisela López, se basaron en duros cuestionamientos a la tarea investigativa que hizo el Ministerio Público Fiscal, según pudo constatar APFDigital • Además, el voto mayoritario del cuerpo puntualizó falencias graves en el fallo de Casación Penal que había anulado en segunda instancia la absolución y ordenado un nuevo juicio • Elucubración, desatino, voluntarismo, poco serio, obstinación e interpretación tendenciosa son algunos de los conceptos elegidos por el STJ para describir la acción de los otros dos órganos judiciales



El voto del vocal Miguel Ángel Giorgio, al que adhirió Daniel Carubia, contiene un fuerte cuestionamiento a la investigación que realizó Fiscalía para dar con los autores del femicidio de Gisela López, ocurrido en 2016 en Santa Elena. La restante integrante de la Sala, Claudia Mizawak, votó en disidencia.

Uno de los puntos más altos es cuando señala el fracaso del Ministerio Público Fiscal en identificar el lugar donde se produjo el crimen. “Lo real y concreto es que ni siquiera el órgano acusador (Fiscalía) tiene certeza sobre el lugar en que se produjo la muerte de la víctima puesto que solo señala una posibilidad”. Además, subraya: “Menos aún, que eso haya ocurrido en el predio del imputado, cuando no ha podido esgrimir un mínimo indicio que así lo acredite.  Más lejos aún está de demostrar la participación de los encartados (acusados) en el suceso puntual cuando no ha podido señalar un solo elemento de convicción que los involucre con el grado de certeza”.

El lugar en que se dio muerte a la víctima, la Fiscalía pretende ubicarlo en la vivienda uno de los acusados “con puro voluntarismo, de un modo apodíctico (incondicionalmente cierto, necesariamente válido) y sin elemento objetivo de prueba que lo corrobore”. Esto se agrava porque el razonamiento “es tomado por la sentencia de casación para anular la decisión del Tribunal de Juicio, evidenciando simplemente un criterio diferente al momento de interpretar el plexo probatorio colectado, pero sin lograr demostrar vicios de  magnitud tal que justifiquen tal invalidación del razonamiento seguido por el Tribunal de Juicio al absolver a los encausados”, dice Giorgio.

“De manera inexplicable, el voto de la mayoría de la Cámara de Casación recepta las infundadas argumentaciones del recurso fiscal en lo relativo a la determinación del lugar del hecho” y considera de manera necesariamente cierta que los integrantes del Tribunal de Juicio “fraccionaron la prueba científica y sólo tomaron en consideración la información que servía a la hipótesis de que el hecho ocurrió en el lugar en que halló el cadáver de G. L., pero no se explica porqué no se ponderaron otros datos que indican como posible la hipótesis de la acusación y cuestionan la utilización de elementos de juicio de valor neutro para despejar este extremo fáctico”, abunda.

Otro elemento señalado por el vocal del STJ tiene que ver con la valoración de marcas en el cuerpo de Gisela. “Más incomprensible aún se presentan las consideraciones que formula el órgano acusador en torno a un determinado sector del cuerpo de la víctima que habría estado sometido o expuesto a un foco de calor y a las conclusiones a las que pretende arribar con todo ello. Este infundado argumento recursivo es admitido por la Casación, organismo que al revisar la sentencia cuestionada por el Ministerio Público Fiscal”, considera.

“Parece poco serio que se pretenda vincular a los encartados con ese dato puntual por la mera existencia de un horno de barro en su finca, cuando no fue hallado elemento incriminatorio alguno en su interior, lo que ni siquiera puede erigirse en la categoría de un indicio cierto e inequívoco para dar sustento a la postura acusatoria”, apunta.

Giorgio también dedica un párrafo al cuestionamiento de la Fiscalía cuando a la evaluación que el Tribunal de Juicio hizo de los resultados negativos de los procedimientos practicados en la vivienda donde vivían dos de los acusados “pretendiendo contrastarlo con determinadas testimoniales que hacen mención a una supuesta complicidad policial que entorpeció la investigación”.

Ante este argumento, el vocal describe las facultades que del Ministerio Público Fiscal en la dirección de la investigación penal preparatoria, en virtud de las cuales “podría haber controlado con su presencia una diligencia tan relevante llevada a cabo en la finca de marras para así, llegado el caso, apartar al funcionario cuya actuación estimaba incorrecta”.

“Lo cierto, real, concreto e irremediable, mal que le pese a esa parte, es que en las viviendas de los encartados no fue hallado elemento incriminatorio alguno y ese dato no pudo haber sido valorado de un modo diferente al que lo hizo el Tribunal de mérito a la hora de apreciar el plexo probatorio obrante en el expediente, como efectivamente hizo, por lo que ningún reproche puede efectuarse en ese sentido al organismo jurisdiccional interviniente que ha dado relevancia a la prueba objetiva reunida frente al dudoso valor de la prueba subjetiva que se menciona”, establece.

El Ministerio Público Fiscal en sustento de su pretensión , agrega Giorgio, “apunta a una suerte de apartamiento del Tribunal (de Juicio) respecto a las distinciones que formulara el Sr. Médico de Tribunales sobre la mecánica del hecho por el cual se dio muerte a la víctima y la posición en que fue hallado su cuerpo, agravio que también receptado de manera automática e irreflexiva  por la casación, en su afán por respaldar la endeble hipótesis acusatoria, en un riesgoso abandono de la imparcialidad e impartialidad con la que debe conducirse un Tribunal”, cuestiona.

Además, pone el foco en la valoración de una prueba genética que “dista mucho de la contundencia probatoria del hallazgo de un perfil genético completo en el lugar del hecho o sobre el cuerpo de la víctima”, afirma. “Pero la sentencia del Tribunal de revisión -en su fútil y discrecional intento por refrendar todos los planteos de la acusación- le da a esta prueba una dimensión que no tuvo en el razonamiento absolutorio, aseverando que la identificación de un cuarto sujeto no desvincularía al resto de los intervinientes, omitiendo tener en cuenta la inexistencia de elementos que sustenten la pretensión acusatoria al respecto”, destaca, señalando el “magro cuadro conviccional en el que se fundó la acusación de los imputados”.

Giorgio describe a su vez que el recurso recusatorio que presentó Fiscalía y que fue avalado por Casación Penal expone “una suerte de impotencia para recolectar elementos de cargo cuando hace mención a una supuesta complicidad policial que entorpeció la investigación, lo que pareciera haber quedado en el terreno de la queja pues no se hace mención a actividad procesal alguna tendiente a conjurar ese riesgo y/o que se haya perseguido penalmente a los responsables de ese entorpecimiento”.

• Jueces en disputa

El vocal también apunta en su voto contra la actuación que tuvo en el caso Gisela la mayoría de la Sala de Casación Penal, Marcela Badano y Marcela Davite. En otro plano queda Hugo Daniel Perotti, que votó en disidencia.

“No puedo dejar de observar en este caso puntual las serias falencias que presenta el recurso de casación oportunamente interpuesto por la Fiscalía, al que se le diera favorable acogida en el voto de la mayoría del Tribunal de Casación quien, a su vez, al adoptar ese temperamento, ha contrariado su propia doctrina casatoria sentada en otros pronunciamientos vertidos al abordar similares recursos, lo que conlleva al  propio tiempo un quebrantamiento del principio de igualdad procesal, constitutivo de uno de los pilares fundamentales del debido proceso, de rango constitucional”, precisa.

“La postura mayoritaria que no solo avanzó en la línea de la Fiscalía sino que agregó otras especulaciones absolutamente inviables” para “descalificar la sentencia” absolutoria de quienes fueron llevado como acusados pero “sin lograr demostrar que  tal pieza contenía yerros de tal magnitud que justificaran su invalidación por arbitrariedad”.

Más adelante, cuestiona los argumentos del voto mayoritario del Tribunal de Casación, indicando que siguió “fielmente los planteos recursivos de  la parte acusadora (Fiscalía), consagrando así un desatino jurídico superior del que se critica en la sentencia de grado”.

Ante el fallo absolutorio dictado por el Tribunal de Juicio y Apelaciones, sus argumentos “pueden o no compartirse pero que de ninguna manera tildarse de arbitrarios”, sostiene Giorgio

“Lo que parece desconocer el voto de la mayoría de la Cámara de Casación es que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos que se reputen equivocados, sino aquellos en los que las deficiencias lógicas del razonamiento lo impiden considerar como una sentencia válida”, añade.

En el caso, Casación “excede flagrantemente su postestad revisora y re-analiza la credibilidad e incidencia de las declaraciones testimoniales rendidas en el debate oral y público, pretendiendo sustituir a los jueces de mérito (es decir del Tribunal de Juicio) en esa faena”, razona.

“En efecto, sin lograr demostrar la existencia de yerros lógicos en el pronunciamiento de grado, la Dra. Davite recepta la tendenciosa y parcializada interpretación que efectúa el Ministerio Público Fiscal con relación al primer grupo de testigos, que vieron momentos previos al hecho a G. caminando y a un hombre detrás de ella. Pero “lo cierto y concreto, como aseveran los juzgadores y consta en el expediente”, es que ninguno de los tres testigos que integran este grupo “han podido reconocer de manera categórica e indudable que la persona que se desplazaba detrás de la víctima haya sido alguno de los encartados de autos, lo que, por otra parte, no deja de ser una especulación más y poco aporta para establecer la autoría en el suceso”, ejemplifica.

Además, pone en crisis el razonamiento usado por Fiscalía y Casación sobre el tercer grupo de testigos, que habría tomado conocimiento “de oídas” sobre algunos elementos de la causa.

Fiscalía “tilda de arbitraria la falta de recepción de las declaraciones de los denominados testigos de oídas (tercer grupo) por cuanto no han sido ratificadas por aquellas personas a quienes se atribuyen haber tenido u obtenido un conocimiento sobre cuestiones atinentes al hecho juzgado”, señala Giorgio.

“Al adoptar esa tesitura, el órgano acusador pretende se otorgue mayor valor probatorio a las supuestas expresiones de estas personas, vertidas ante quienes reproducirían luego las mismas, sin un mínimo contralor de las partes del proceso, que a la declaración testimonial prestada por esas mismas personas, bajo juramento de ley y ante el tribunal que entiende en la causa, como único modo válido de judicializar un testimonio”, infiere.-

“Inexplicablemente – agrega – este agravio es también receptado por la Dra. Davite quien absurdamente asevera que no es correcta la objeción que realiza el Dr. Bonazzola (uno de los integrantes del Tribunal de Juicio que absolvió a los acusados), respecto a la ausencia de corroboración de los datos obtenidos  por parte de los que demonima testigos directos”.

“Las personas que supuestamente brindaron una determinada versión de los sucesos ante terceros, desmintieron o negaron concretamente haber proporcionado esa versión al deponer luego como testigos en el juicio”, subraya el vocal.

Luego, concluye: “Existe una obstinación que ya linda en la necedad en la postura asumida por la Fiscalía al pretender que el tribunal tome como cierto un dato de la realidad cuya existencia ha sido categóricamente desconocida por la persona a quien precisamente se atribuye haberlo proporcionado”.

Además, cuestiona la “elucubración” que hace el MPF respecto a la aparición de una bota donde se halló a Gisela, vinculándola al accionar de los acusados, apuntando que además “es insólitamente receptada por el voto mayoritario de la sentencia de Casación”. (APFDigital)



 





Fecha Publicación: 10/05/2019  06:32 

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