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La justicia rechazó un planteo del Presidente de Enersa contra Redengas

  Paraná, 13 oct (APFDigital)


– Se trata de un recurso de inaplicabilidad de Ley que el Presidente de Enersa y Director de la Secretaría de Energía de Entre Ríos, Jorge González planteó de modo personal contra la empresa Redengas de Paraná, a efectos de supuestos honorarios que la empresa gasífera le debería


La Sentencia del Superior Tribunal de Justicia terminó de echar por tierra la pretensión de González, quien ya había tenido sentencias contrarias en primera instancia y en Cámara Civil.



De este modo, se rechazó la pretensión debido a que no pudo probar el daño que decía haber recibido de parte de Redengas, para quien trabajó como Ingeniero de modo personal.

Según consta en el expediente, el juicio pretendía el cobro de U$S 170.780,60, más intereses y costas, contra la empresa Redengas S.A. la cual fue creada por el Estado durante la primera gestión del Gobernador Sergio Montiel.

Según se expresa en la demanda, González se desempeñó como Director Técnico de la demandada en el período comprendido entre el 05/04/1994 y el 09/11/1999, bajo la figura de locación de servicios profesionales y sin relación de dependencia, y, a su vez, se desempeñó en la firma como Gerente General de la empresa demandada, por lo que el Ingeniero entendía que se le debía el pago por “honorarios profesionales” con base en los servicios prestados como Director Técnico u Operador Técnico de la demandada.

Sin embargo, de la sentencias en todas las instancias se desprende que eso es precisamente lo que no logró acreditar, ya que la empresa le había pagado un sueldo por ambas tareas.

Por este motivo, González perdió la primera instancia en el juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo del Dr. Roberto Croux donde tramitó el proceso y la apelación frente a la Cámara Civil y Comercial Sala I, integrada por las Dras. Mastaglia, Olalla y Pereyra, quienes también desestimaron la pretensión: “En autos no obra ningún documento a través del cual se haya instrumentado un contrato de locación de servicios entre las partes por las funciones de Director Técnico que desempeñó el actor” dice un párrafo de la sentencia, y a continuación agrega: “En el acta de la reunión de  Directorio obrante a fs. 53/54, en la que asignó dichas funciones al accionante, no se hace referencia alguna al pago de dichos servicios mediante honorarios por fuera del salario que se le abonaba al accionante por su tarea gerencial en relación de dependencia”.

Con base en este razonamiento manifiestan: “Sentado ello también es de observar que si, tal como afirma el accionante se debía el pago de honorarios profesionales en el marco de un contrato de locación de servicios y por ello se generó una deuda, tal deuda debió haber quedado reflejada en los balances que acompañó la parte demandada”.

De este modo es que se planteó, frente a la decision de Cámara, el planteo de inaplicabilidad de Ley por ante el Superior Tribunal de la Provincia, quien también le negó la razón destacando, con votos de los Dres. Smaldone, Carbonell y Castrillón, que el contrato de locación de servicios “objeto de la demanda, no había sido probado ni siquiera por vía indiciaria”, rechazando así el recurso interpuesto por González.

Al respecto el STJ señaló: “El recurso de inaplicabilidad de ley, es el remedio creado para efectuar un control jurídico del fallo, no constituye una tercera instancia que habilite a esta Sala a introducirse en la apreciación que la Cámara ha efectuado de los hechos y de la prueba producida, por cuanto son cuestiones ajenas a la casación, en virtud de tratarse de un medio impugnativo que analiza la legalidad de la sentencia. Establecido el marco del recurso, se observa que la errónea aplicación de la resolución administrativa y de la normativa procesal que se denuncia en el escrito recursivo, se sustenta en una mera discrepancia con aspectos fácticos y probatorios, que pueden servir de base a recursos ordinarios, pero no bastan para abrir la instancia extraordinaria. n efecto, el quejoso pretende que esta Sala determine que se desempeñaba como operador técnico de la empresa, realice una valoración diferente del acta de designación, examine los términos del poder especial otorgado por Redengas S.A., revise la interpretación de la carga de la prueba y verifique si la demandada infringió los deberes de lealtad y buena fe procesal, todas cuestiones ajenas a esta instancia extraordinaria. Si bien para franquear esta valla se invoca absurdidad en la valoración de los balances de la demandada, no logra acreditar que el razonamiento que apuntala el fallo se revele inconciliable con las constancias de la causa y no cuente con la debida fundamentación”, concluyó. (APFDigital)



 



Rematando “Los agravios no constituyen más que una expresión de simple desacuerdo con las motivaciones del tribunal de apelación. No se evidencia error grave y ostensible al interpretar o valorar las pruebas o los hechos, que justifique ser revisado en casación”.



Un juicio, en sus diferentes instancias, que dejó de manifiesto no solo la insaciabilidad del ingeniero a la hora de amasar su fortuna, sino también su falta de escrúpulos, sino también su alevosa indignidad pretendiendo, a pesar de su pudiente patrimonio, no hacerse cargo de los gastos que acarrear el mismo.





Fecha Publicación: 14/10/2019  07:20 

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