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POLITICAS

Un diputado salió al cruce de los proyecto sobre lenguaje inclusivo: “La corrección política atenta contra la libertad de expresión”

  Paraná, 02 jun (APFDigital)
– El diputado provincial Manuel Troncoso (PRO) criticó los proyectos que proponen la utilización de lenguaje inclusivo en la documentación de la Legislatura y los otros poderes del Estado • “No estamos en contra del uso de lenguaje inclusivo ni de su uso, pero nos oponemos a que se nos obligue a utilizarlo”, dijo y explicó por qué cree que atenta contra la libertad de expresión e incluso la Constitución
Impulsan la utilización de lenguaje inclusivo en la documentación oficial de la Cámara de Diputados.
Proponen que se utilice lenguaje inclusivo en la documentación de los tres Poderes del Estado provincial.



A continuación, las declaraciones que el legislador envió a esta Agencia:

“Primero, debemos ser claros y hacer una aclaración de rigor: no, no estamos en contra del uso de lenguaje inclusivo ni de su uso. Sí, en cambio, nos oponemos a que se nos obligue a utilizarlo por múltiples e importantes razones. La más obvia es que atenta contra la libertad, no se puede forzarnos a formular nuestras propias ideas, propuestas y proyectos de una manera que no compartimos plenamente. Esta es una idea un poco absurda que atenta contra derechos constitucionales inalienables que no pueden ser normativizados: libertad de conciencia y de expresión.

Damos por descontado las buenas intenciones que poseen los legisladores que impulsan este estas iniciativas, pero entendemos que este es el tipo de exceso de corrección política que debemos combatir.  Porque quiera reconocerse o no, la jerga inclusiva representa una forma legítima de identificación de un sector ideológico, y obligar a todos a usar los códigos de un sector es pretender someter al conjunto a esa cosmovisión particular, lo que sin duda resulta lesivo y antidemocrático. 

Asimismo, esto no se puede legislar. Y no solo porque es el resultado del proceso de consenso de un espacio deliberativo, sino porque una ley no tiene rango para condicionar la redacción de otra ley, sino más bien lo contrario. Si una ley de la provincia establece como obligatorio un estilo de redacción y una ley posterior no sigue esa demanda, no se produce el "incumplimiento legal de la ley posterior" sino la abrogación tácita de la primera, porque el sistema legislativo asume que toda ley posterior deroga a la anterior, cuando lo hace de forma expresa o cuando la contradice de forma tácita. 

Otra razón para oponerse a estos proyectos es también evidente: su alejamiento de la neutralidad técnica. Las normas deben ser redactadas de acuerdo a una técnica legislativa que permita el mayor grado de neutralidad temporal, espacial y sectorial. Usando formas que tiendan a aumentar las posibilidades de lograr interpretaciones unívocas. Contrario a ello, el lenguaje inclusivo pretende modificar el idioma en su totalidad y cambiar una gran mayoría de los sustantivos, pronombres y adjetivos, como mínimo. Esto implica una transformación de miles de palabras que se utilizan a diario, por no decir del cien por ciento de las frases que construimos, creando suma confusión.

Un cambio así, más allá de ser increíblemente complejo, es completamente artificial y va en contra de esta tendencia natural hacia la simplificación y economía del lenguaje. En este sentido, siendo el habla un proceso cotidiano, de construcción social, estaríamos buscando imponer determinados códigos que no han sido acatados por la mayoría de los entrerrianos. El proceso natural y democrático sería el inverso: aguardar a que, si la sociedad lo decide, los códigos propuestos se configuren como representativos de la población y en tal caso avanzar en reglamentaciones, ya que habría acuerdo social. Esto no pasó aún, ni en el país ni en nuestra provincia, y en ninguna localidad. 

Cuando una discusión similar a esta se dio en Francia, el por entonces Primer Ministro, Edouard Philippe sostuvo: "Más allá del respeto del formalismo propio de las actas de naturaleza jurídica, las administraciones dependientes del Estado deben adecuarse a las reglas gramaticales y sintácticas, principalmente por razones de inteligibilidad y de claridad”.

La postura no se basa en la exclusión. Se trata de ser claros desde nuestro rol de legisladores. Y para ser claros tenemos que entender que hay reglas previas. Prestarse a malear los usos del lenguaje que nos rige, y avalarlo mediante ley, es dejar abierto el escenario a las confusiones. No podemos legislar en la confusión ni en el desorden, menos aún en momentos como el actual.

Incluso la RAE ha sido clara al respecto. Ni siquiera ella norma el castellano, porque las Academias no crean la lengua, sino que la estudian y auditan respecto de cómo la utilizan las personas en lo cotidiano. Nuevamente, no se puede desfigurar a propósito y por razones ideológicas nuestra lengua, imponiendo a fuerza de ley nuevas reglas. Que, en última instancia, tampoco va a resolver la discriminación de minorías ni las formas de violencia que asumen combatir.

Con ello ingresamos al último argumento para oponernos a estos proyectos, y el cuál es más que claro: no posee efecto alguno sobre las realidades e injusticias a las que aún son sometidas las mujeres, ni otros colectivos sociales. Existen idiomas modernos con un género neutro, como el griego, el alemán y en gran parte el inglés; y en estos se registran niveles de machismo muy distintos. Más allá, el chino y el japonés son dos idiomas que no contienen el concepto de género y que aun así pertenecen a culturas con roles de género muy estrictos y tradicionales. Esto demuestra que no existe correlación alguna entre el lenguaje y lo que estos proyectos buscan solucionar.

En síntesis, no pueden ni deben imponernos el lenguaje inclusivo porque las reglas no son claras, es sectario ideológicamente e impracticable desde el punto de vista legislativo y en conclusión: no genera cambio social alguno y, sobre todo, atenta contra la libertad y la Constitución Nacional”. (APFDigital)





Fecha Publicación: 02/06/2020  12:17 

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