FUE GIRADO AL SENADO EL PROYECTO QUE INCORPORA LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS AL CODIGO PENAL

CAPITAL FEDERAL, 15 NOV (APF.Digital)

La diputada Romero resaltó en su alocución "la trascendencia e importancia del proyecto en términos históricos y de compromisos con la sociedad argentina". "Vale destacar que han sido innumerables las iniciativas parlamentarias presentadas en este sentido desde la vuelta a la Democracia, luego de lo cual se ha logrado saldar una deuda histórica", finalizó.

Se destaca de este proyecto el importante nivel de consenso alcanzado con el aporte de los distintos Organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S., CELS, SERPAJ, APDH, Programa Nacional Antiimpunidad, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, quienes en sucesivas reuniones de trabajo en la Comisión de Legislación Penal y de Derechos Humanos han arribado a los acuerdos necesarios para consolidar este importante paso en la lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto que incorpora al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, en sintonía con la política de avanzar sobre el marco normativo de los delitos de lesa humanidad.

Se trata de un proyecto -aprobado por 167 votos contra 2- que reúne iniciativas impulsadas por la titular de la comisión de Legislación Penal, la kirchnerista Rosario Romero, la radical Alicia Tate y la arista Marcela Rodríguez, e incorpora varias sugerencias de organismos de derechos humanos.

Al defender el proyecto, Romero sostuvo que con este proyecto el Congreso está cumpliendo "con la incorporación de todos los delitos de lesa humanidad a nuestra legislación" y afirmó que la desaparición forzada "existió en Argentina en la última dictadura militar y en la democracia, a manos de muchos policías".

"Sancionando este proyecto estaremos saldando una deuda que la legislatura argentina tiene que prever dentro del seno de su Código Penal", enfatizó la titular de la comisión de Legislación Penal de la cámara baja.

También, el titular de la comisión de Derechos Humanos, el kirchnerista Remo Carlotto, puso de relieve la sanción del proyecto que modifica el Código Penal para incorporar el delito de desaparición forzada, al sostener que con esta iniciativa "se le está dando un profundo fortalecimiento a la democracia".

Desde la oposición, la radical Alicia Tate -autora de una de las iniciativas incluidas en el texto- destacó el nivel de consenso al que llegaron los legisladores en la comisión aunque manifestó la necesidad de seguir avanzando "en una ley integral que tienda no sólo a la reparación sino a la prevención" de este delito.

Por su parte, la arista Marcela Rodríguez respaldó el proyecto y recordó que en los últimos años "se han aprobado 4 tratados de desaparición forzada", entre los que mencionó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la ONU el año pasado.

La única que manifestó su rechazo fue la diputada de Recrear, Nora Guinzburg, quien afirmó que con esta norma se esta aprobando "una visión nuestra de lo que hemos vivido pero el Estatuto de Roma no sólo incluye la desaparición forzada de personas por parte del Estado sino también a un secuestro en un tiempo prolongado con la intención de alejarla de la protección de la ley".

El proyecto tiene su antecedente en 2004 cuando la cámara baja aprobó un proyecto similar impulsado por la diputada Romero que quedó postergado en el Senado, donde no se debatió porque, según explicaron, debía ratificarse primero el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sancionado luego.

Se trata de un proyecto que fue largamente debatido por los diputados en la comisión de Legislación Penal que contó con el asesoramiento de integrantes del Programa Antiimpunidad de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

A través del texto, se establece "la reclusión perpetua o prisión perpetua al agente del Estado o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, prive de la libertad a una o más personas".

De acuerdo al proyecto, se establecen además penas de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.

La iniciativa establece además que el juez no podrá disponer el archivo de las causas hasta tanto la persona no sea hallada, o restituida su identidad.

Tras este debate, los legisladores se encaminaban a aprobar además la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de diciembre de 2006. (APF.Digital)