INTERESES ENCONTRADOS: UNO DE CADA SEIS LEGISLADORES NACIONALES TIENE CAMPOS O SE DEDICA A LA AGRICULTURA
CAPITAL FEDERAL, 06 JUL (APF.Digital)
• El campo y la banca
“Las retenciones móviles congelan las ganancias de aquí al futuro”, dijo Reutemann al romper su habitual silencio. Habrá que ver cómo vota cuando el Senado trate el proyecto que se ponga en discusión, porque en su declaración jurada se define como empresario “agropecuario”, propietario de una firma unipersonal que gana al año 1.400.000 pesos y tiene un patrimonio de más de 2 millones de pesos.
Algo similar sucede con Felipe Solá, quien sin cuestionar con mucha dureza al oficialismo, puso de relieve críticas a la carencia de una política agropecuaria nacional. El actual diputado contestó al Directorio Legislativo que es “consultor agrícola” y que su familia tiene campos en la zona de 25 de Mayo.
También la senadora Delia Pinchetti tiene con su marido, diputado provincial tucumano, unas 195 hectáreas que destina a la caña de azúcar. La diputada Beatriz Rojkes se dedica con su esposo, el gobernador tucumano José Alperovich, a distintos cultivos y a la explotación de la firma Alperovich SA, que entre otras cosas declara como objetivo la venta de maquinaria agropecuaria. ¿Le impide esto votar a favor o en contra? ¿La condiciona?
Fabián Ríos, el senador peronista que reemplazó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a Urquía, fue contundente: “La actividad privada de un legislador no condiciona la votación”, sostuvo en diálogo con Perfil. Añadió que el caso de Urquía es “muy particular, por el volumen de lo que produce”.
Todos los legisladores consultados por este diario esgrimieron un argumento similar. Juan Carlos Marino, senador radical de La Pampa, alquila las 1.100 hectáreas que posee con su hermano para la cría de ganado. Pero no se siente presionado. Aunque en algún momento se le cruzó por la mente que podía haber un conflicto de intereses. “Después de lo de Urquía lo consulté con mi bloque, con las autoridades y ninguno creyó que podía haber una incompatibilidad”, le dijo a Perfil.
“Las actividades de los legisladores en algún momento se topan con leyes que regulan la actividad. Es lógico que, por ejemplo, un legislador del sindicalismo va a defender al sindicalismo”, prosiguió.
Con Marino coincidió el diputado José Ameghino Arbo, del Partido Liberal de Corrientes. “Soy un micro productor. Tengo 550 hectáreas para la cría de terneros. Me dedico a esto, por mi cuenta, desde hace 30 años. Para mí no representa ningún conflicto”
Arbo agregó: “No hay ningún impedimento moral ni jurídico. Además, en este caso lo que se discute son retenciones para el sector agrícola, yo me dedico al ganado. Si fuera que tengo 100 mil hectáreas todavía, pero tengo sólo 550”.
Otro caso emblemático es el del senador y ex gobernador salteño Juan Carlos Romero, quien tiene una bodega, plantaciones Catamarca SA, y la aceitera Romero Di Gangi, entre otros negocios. En la declaración que hizo ante el Directorio Legislativo consignó ser accionista en diversas sociedades familiares. Romero, cuando estalló el conflicto, advirtió en público que era “lamentable” la política oficial de enfrentar al Ejecutivo con el campo. Y ya desde entonces pedía el debate en el Congreso.
Un férreo opositor al kirchnerismo, el ex presidente y actual senador Carlos Menem es otro ejemplo de la dualidad de intereses. En 2002 se asoció con Carlos Spadone en el negocio del vino con las bodegas Menem, que luego cambiaron el nombre por San Huberto. Hoy conserva una participación accionaria en la empresa. ¿Qué opinó Menem cuando le preguntaron por las retenciones?: “Son una necesidad de caja. Esta medida perjudica a los hombres que trabajan todos los días para que la Argentina siga creciendo”.
Para César Gioja, senador kirchnerista por San Juan, la vinculación con la actividad agrícola no es ningún impedimento. “El caso de Urquía es puntual, porque se trata de un actor privilegiado. De todos modos, incluso con él, lo que ocurrió fue que hubo un conflicto político”, explicó a este diario. Gioja tiene una finca en la que se produce vino. Pero está a favor de las retenciones. “Es bueno que existan”, dijo.
Sin embargo, a excepción de algunos casos, lo que une a la mayor parte de los productores-legisladores es que están en contra de la política oficial para el sector agropecuario. El debate está abierto y sólo cuando la iniciativa sea sancionada por el Congreso se sabrá cuánto influyó en la posición de cada representante la actividad privada que cada uno de ellos tiene.
• Transparentar los intereses
El control de los conflictos de intereses está regulado por la Ley de Etica en el Ejercicio en la Función Pública (25.188). Sin embargo, el control sobre este punto es bajo o nulo, dependiendo del poder del Estado.
En el caso del Congreso, la batalla por el acceso a las declaraciones juradas de los legisladores ha sido larga y todavía hay resistencias a entregar esa información, sobre todo en la Cámara de Diputados. Nadie controla efectivamente el contenido de estas declaraciones en el Congreso.
Un interés particular puede condicionar la votación de un legislador y no está mal. Lo que no está bien es no conocer de antemano cuáles son esos intereses: para prevenirlo la herramienta más eficiente es la publicidad de la información.
Así, el control de unos legisladores sobre otros, de la prensa sobre los legisladores y finalmente de la sociedad sobre los legisladores debe basarse en información pública provista por los propios sujetos obligados.
Los legisladores tienen derecho a votar en todos los casos. Pueden abstenerse si lo desean, pero no se los puede obligar a hacerlo.
En todo caso, promover la transparencia en el comportamiento de los diputados y senadores se relaciona con la publicidad de información acerca de sus intereses y potenciales conflictos.
En el caso de la 25.188 debe avanzarse hacia su pleno cumplimiento creando la Comisión de Etica Pública, o proponiendo una reforma viable que fortalezca la información pública y el control.
Así como es importante saber quiénes financian las campañas electorales de los postulantes políticos, también lo es conocer los potenciales conflictos de intereses que puede enfrentar un candidato al ser electo.
La ley debería prever que la oficialización de candidaturas sólo debería aprobarse una vez que los partidos presentan las declaraciones juradas patrimoniales, de intereses y de causas judiciales. Esta es una reforma pendiente, informó Laura Alonso, Directora Ejecutiva de la Fundación Poder Ciudadano. (APF.Digital)