CON SENDOS PROYECTOS, VIALE QUIERE INTERPELAR A CETTOUR POR LA NENA EMBARAZADA Y DEROGAR EL PROYECTO DE ARROZ EN ISLAS

PARANÁ, 03 FEB (APF.Digital)

Uno de las iniciativas del legislador socialista apunta a que la Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 116 de la Constitución Provincial, convoque al Ministro Cettour a compadecer al recinto.

Las principales cuestiones que el legislador socialista quiere esclarecer, según puede leerse en la iniciativa, tiene que ver con, “qué consideraciones tuvo en cuenta el señor Ministro en relación con sus declaraciones públicas del 17 de enero del corriente, referidas a la situación de la niña entrerriana de 11 años embarazada ante la solicitud de su madre de realizar una interrupción de la gestión, de acuerdo a la legislación vigente en el Código Penal” y “Si al momento de realizar esas declaraciones ignoraba la existencia del Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación que establece disposiciones específicas en relación con la interrupción del embarazo producto de una violación”.

En el escrito que llegó a esta Agencia, Viale argumenta que cuando la situación de la niña cobró estado público el señor Ministro realizó una serie de declaraciones “poco felices”.

Entre las que destaca como principales: "El equipo médico que revisó a la niña dijo que no corresponde el aborto en este caso", que, "El caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo", "Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea". Y “La Justicia tiene que actuar rápido y expedirse”.

“Cada una de estas frases se aleja del rol que, en nuestro criterio, debe sostener un funcionario público ante una situación de este tipo, que es el de neutralidad activa; es decir, sostener lo que definen las políticas públicas acorde a lo que la ley establece al respecto”, señaló el socialista.

Por último, Viale aclaró que “Queremos tener la certeza, en defensa de los derechos de las personas, de que el señor Ministro ha recapacitado respecto de su actuación en este caso, y si en función de ello, ha impartido directivas en relación con la necesidad de que los efectores del PPSSR asesoren adecuadamente a las personas que estén en una situación similar, así como a los equipos de todos los centros de salud y hospitales dependientes de la Provincia, para que no se reitere jamás un episodio como éste. Con ello estaremos cumpliendo, como Estado Provincial, con la defensa y promoción de los derechos humanos, el respeto a la Constitución Nacional y Provincial y la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto en el caso de no punible”, finalizó.

• Arroz en el Dleta

En otro orden, el diputado socialista presentó un proyecto de ley que busca derogar la iniciativa aprobada en diciembre pasado por la cual una SA se hará cargo de las tierras fiscales de la provincia. Viale señaló que “en diciembre decíamos, en absoluta soledad, que esto era un escándalo, afortunadamente esta cuestión está tomando la dimensión que merece”.

En él argumenta que “no solo es un negocio para pocos, sino que también se pone en serio riesgo los humedales y el riquísimo ecosistema que contiene”.

Viale expuso que la ley fue votada “sin una previa deliberación en condiciones razonables, el Poder Ejecutivo entrerriano impuso, con su mayoría absoluta y junto a otras diez iniciativas que tampoco figuraban en la orden del día, la creación de una Sociedad Anónima para la “administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial” de tierras fiscales”.

“Desde el Partido Socialista solicitamos abstenernos a votar una ley tan importante sin haber podido estudiarla (ya que fue presentada en esa misma sesión) y, posteriormente, con los elementos necesarios hicimos público nuestro rechazo y preocupación ante esta iniciativa, por varias razones que creemos bastan para que la Cámara derogue de inmediato dicha norma”.

Entre los argumentos esgrimido por el diputado socialista se incluyen los siguientes:

• Se crea una Sociedad Anónima en la que el Estado será minoritario, y que por 99 años va a manejar con criterios (hasta el momento) poco claros los arrendamientos de tierras fiscales que, si bien no van a ser vendidas, van a ser explotadas por privados. Un negocio redondo para pocos: trabajar la tierra sin comprar y, además, recibiendo soporte económico del Estado.

• La SA será manejada (en un 60% según establece la ley) por empresarios privados que no necesariamente tienen que ser productores de la provincia y que tendrán amplia mayoría en su directorio. Se especifica que esa mayoría accionaria está compuesta de títulos que serán “libremente transferibles y se adjudicarán en concurso público nacional”.

Cualquier pool o grupo concentrador (de los cuales ya hay demasiada presencia en Entre Ríos) podrá ser parte o dominar la SA. No hay ninguna especificación que lo impida.

• Del 20% pensado para que quede en manos de productores locales, se prevé que “se distribuirá, en proporciones idénticas entre los diez productores radicados en la Provincia de Entre Ríos que registren el mayor volumen de producción”. Es decir que también esa porción accionaria va a quedar en manos de los más grandes.

• Nuevamente se aprueban proyectos para los grandes productores, mientras los pequeños y medianos de la provincia siguen sin respuesta. Por si fuera poco, el Estado renuncia a manejar sus tierras fiscales y entrega a una sociedad anónima que de modo inexorable estará en manos de los grandes, por un siglo, la posibilidad de explotar las tierras fiscales de la provincia y además la concesión y explotación de los puertos.

Además el legislador señaló que la cuestión ambiental es otro gran asunto que atender respecto a esta norma ya que, “se contrapone con todos los antecedentes en materia ambiental que llevaban adelante las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el propio gobierno nacional”; a la vez que recordó que esta ley “viene a contrapelo del Programa Integral de Desarrollo Sustentable del Delta, que firmó Entre Ríos en 2008; y lo que plantea la Constitución provincial para humedales. Con todos estos antecedentes y por las cuestiones que plantea, esta ley debe ser derogada en su totalidad”, finalizó. (APF.Digital)