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Fiscal ordenó que el Estado entrerriano informe sobre los dueños privados del delta

  Paraná, 28 nov (APFDigital)


- La Fiscal de Coordinación de Paraná, María Aranzazu Barrandeguy, emitió un dictamen en el que solicita se haga lugar al planteo de organizaciones ambientalistas para que el Estado entrerriano brinde toda la información que posee sobre los dueños de los lotes en el Delta del Paraná



Así lo sostuvo en el marco de un amparo ambiental que inició el Foro Ecologista de Paraná junto con la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM). Las organizaciones fueron a la Justicia ante la no respuesta a un pedido de acceso la información pública.

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar una audiencia de partes convocada por la vocal de Cámara Contencioso Administrativo, Adriana Acevedo, entre las entidades ambientales y representantes del Estado para conocer la información sobre las tierras públicas y que están en usufructúo privado en el Delta del Paraná.

Allí, los funcionarios plantearon que la información de la titularidad de tierras privadas es muy difícil de obtener porque no hay cómo individualizar cada plano e ir a cada registro de la propiedad. Señalaron que es una tarea muy compleja de difícil cumplimiento, pero se comprometieron a reunirla.

Días después, en un dictamen fechado el 22 de noviembre, la representante del Ministerio Público Fiscal emitió su opinión a favor de la acción de amparo de acceso a la información. “Debe hacerse lugar a la acción, ordenándose al demandado a que presente la información requerida de manera sistematizada, clara y legible respondiendo cada uno de los puntos de modo secuencial, o agregando la documental que los esclarezca, más indicando con un índice, el organismo que produjo los datos, la pertinencia de la documentación incorporada y cuál es el punto que se responde con su incorporación”, señaló según el documento al que accedió Era Verde.

Además, sugirió que “salvo mejor criterio, se establezca un monitoreo progresivo y por etapas del cumplimiento de la acción, precisándose un plazo razonable a tales fines, luego del cual podrá convocarse a audiencia para que el Estado exponga las acciones llevadas a cabo, como así también, las explicaciones necesarias para analizar la información colectada. Todo ello a los fines de no frustar la efectividad de la sentencia”.

Al fundamentar su opinión, la Fiscal señaló que “el Estado dio lugar al litigio, al no resolver o intentar resolver oportunamente y en sede administrativa el pedido; y porque una vez en el proceso, tampoco ha presentado un plan puntual para responder cada uno de los puntos de información solicitados, mientras que la documentación agregada tampoco los evacúa con claridad”.

En otro párrafo, la representante del Ministerio Público Fiscal destacó que “durante el devenir de la acción el Estado demandado ha manifestado, de manera constante y en cada oportunidad procesal que tuvo a disposición, su voluntad de cumplir con el otorgamiento de la información requerida, más su imposibilidad de concretar esta solicitud con inmediatez, ante la complejidad de los datos interesados y la necesidad de dar intervención a diversos organismos públicos en orden a reunirlos”.

Enseguida, refirió que el Estado negó que haya incurrido en una omisión ilegal y que incluso presentó documentación pero de una causa que se encuentra tramitando ante la Corte Suprema de Justicia y copia de distintos expedientes administrativos, divididos en 18 partes; un informe de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, en conjunto con la Dirección de Catastro y a la Unidad de Control de Inmuebles. En este último se lee que “estos organismos elaboraron un plan para individualizar a los propietarios de las tierras de las Islas de Victoria, requiriendo un plazo de 30 días para concretarlo”.

Por otro lado, planteó que “transcurrió el plazo normativo no sólo sin que se hayan entregado los datos requeridos, más sin convocar a la parte actora a los fines de informarle de la complejidad y dificultades que su pedimento entrañaba, y proponer un plazo razonable para otorgarle lo pedido”.

Finalmente, cuestionó el modo en que el Estado presentó parte de la información. “No puedo dejar de señalar que acompañar los expedientes administrativos escaneados no califica precisamente como una respuesta completa, ordenada, sistematizada ni comprensible. En lo personal me ha resultado muy dificultoso analizar, por ejemplo, las dieciocho partes en las que se seccionaron los expedientes 2620538 y 2706503; piezas que se agregaron sin un índice, sin una referencia, y en la que si bien se aprecia información que puede ser de utilidad, ésta aparece fragmentada y desconectada del pedido concreto de autos”, puntualizó.

“Ello por no mencionar que muchas de las partes de los expedientes no resultan claras ni legibles, ni tienen una numeración correlativa. En otras palabras, aun cuando, como dije, es inocultable que el Estado no posee toda la información solicitada, la que sí tiene, pudo haber sido agregada de manera más asequible y amable al lector”, completó. (APFDigital)



 





Fecha Publicación: 28/11/2022  07:04 

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