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POLICIALES Y JUDICIALES

Fiscalía pidió el rechazo del pedido de sobreseimiento de ex funcionario acusado de corrupción

  Paraná, 23 feb (APFDigital)


– El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió esta mañana que se rechace el pedido de sobreseimiento que instó por derecho propio, Guillermo Smaldone, acusado en uno de los seis hechos que se sustancian en la causa que investiga la contratación de un sistema de software para la Administración Pública • Los fiscales entendieron que no se aplica el fallo Cozzi que el pedido ya fue tratado y rechazado en otras presentaciones



El juez de Garantías de Paraná, JuliánVergara, dará a conocer el lunes 4 de marzo a las 9, su resolución respecto del pedido de sobreseimiento que realizó por derecho propio el abogado y ex funcionario, Guillermo Smaldone. Fue tras escuchar los fundamentos de Fiscalía, que solicitó que se rechace la desvinculación del imputado.

Smaldone solicitó el miércoles su sobreseimiento de la causa conocida como Relevamientos Catastrales o Cardona Herrero. Lo hizo fundándolo en la aplicación del fallo Cozzi y en que estaban vencidos los plazos de los fiscales para seguir con la causa. El fallo Cozzi establece que, ante cada vencimiento de los plazos procesales para seguir investigando, se debe solicitar ante el juez de Garantías una prórroga, que deberá estar fundamentada y declara la insubsistencia de la acción penal y no su extinción. Smaldone sostuvo, y esta mañana en la réplica reiteró, que Fiscalía no solicitó la prórroga y no cumplió con los plazos.

El fiscal, Gonzalo Badano, solicitó el rechazo porque entendió que en el caso no se dan los requisitos para la aplicación del fallo Cozzi, defendió que los plazos procesales no están vencidos y detalló cronológicamente el derrotero del legajo. SEñaló que distitntas instancias de la Justicia provincial trataron el pedido y fue rechazado. También sostuvo la inconstitucionalidad del fallo Cozzi –del que señaló que aún no está firme por presentaciones del MPF ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)-, entendiendo que la facultad para determinar los plazos de una investigación es propia del Congreso de la Nación y no de Tribunales provinciales.

Badano defendió que los plazos razonables no se vulneraron e indicó que por la complejidad de la causa y los convenios internacionales a los que adhirió Argentina en la lucha contra la corrupción, aquellos no pueden ser fijados ni predeterminados, sino que quedan supeditados a cada caso en particular. El fiscal entendió que la última declaración de imputado que se realizó en la causa data del 10 de marzo de 2021, señalando que el plazo de 18 meses hasta la remisión de la causa a juicio, el 29 de abril de 2022, no se había cumplido. Smaldone cuestionó que se tomó para determinar la prescripción la última declaración del imputado Miguel Ánbgel Ulrich, y no la de él, que fue el 16 de octubre de 2020.

En relación a la complejidad de la causa, señaló “esta es una de las más complejas”, enumerando la pluralidad de participantes, entre ex funcionarios y el dueño y empleados de la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del imputado, Diego Armando Cardona Herrero; el entramado de relaciones entre aquellos; la cantidad de documental que se debe analizar con el poco personal que tiene Fiscalía, sostuvo que hay más de dos millones de archivos digitalizados, entre otro volumen documental similar. Así, destacó que esta causa tiene 14 veces más documentación que la denominada Mega Causa en la que se condenó al ex gobernador, Sergio Urribarri, y funcionarios de sus dos gestiones. (APFDigital)

 



 





Fecha Publicación: 24/02/2024  06:06 

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