NO HABRA PASE DE LOS REGISTROS AL PODER JUDICIAL

PARANÁ, 26 AGO (APF.Digital)

Luego de un intercambio de opiniones tanto para el sí como para el no, finalmente la comisión de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Régimen Electoral de la Convención estimó que no era “conveniente” introducir a la Constitución la cuestión de si los registros tienen que pasar a la órbita del Judicial, como reclamaban los trabajadores.

Había tres despachos sobre esta cuestión: uno presentado por los propios empleados; otro de la Coalición Cívica que motorizó el convencional Emiliano Acharta y un tercero de Flavia Pasqualini y Augusto Alasino (Viva Entre Ríos). Cuando comenzó el análisis de este tema promediando la reunión de comisión de esta tarde, el presidente del cuerpo, Miguel Carlín hizo un racconto histórico de casos y decisiones del Judicial en contra del pase. “No se puede introducir una actividad administrativa en el Poder Judicial”, razonó, reclamando luego: “No hay que mezclar funciones”.

El motivo esgrimido por el presidente de Poderes es que las actividades que realizan las tres dependencias son de tipo administrativas, y por lo tanto deben estar en el ámbito del Ejecutivo, y no del Judicial.

El guante para retrucar a Carlín lo alzó otro justicialista, Raúl Barrandeguy, quien pese a señalar que iba a respetar la decisión del bloque, argumentó en sentido contrario, aseverando que se trata de actividades “parajudiciales” y apuntando que en Entre Ríos, por imperio de una ley de la dictadura, se da un “fenómeno híbrido” donde los juzgados de comercio que crea el Código Civil son una dependencia administrativa, algo que catalogó como un “agravio a la razón”.

En otro tono, el presidente de la bancada radical, Fabián Rogel, alegó que existían además de las razones jurídicas otras de “orden político”, que harían difícil de entender que uno de los registros pase a la órbita del judicial y otros no. Más adelante, la justicialista Rosario Romero se inscribió en la misma línea, alegando que no sería posible “compatibilizar” la planta de empleados de los registros con las de los Tribunales.

También aportó que los empleados del Registro Civil son “los más postergados” aunque no le dio suficiente entidad al planteo meramente salarial como para que sea determinante. Es que una de las causas fundamentes de la petición de los trabajadores es la equiparación de sus haberes con los de la Justicia, considerablemente mayores. Al momento del debate, ningún representante de los organismos en cuestión ni de las organizaciones gremiales estuvo en el salón del Instituto del Seguro.

En tanto, Carlín intentaba darle una salida airosa, y propuso la fórmula “no se estima conveniente”. Santiago Reggiardo pidió entonces la palabra para reforzar la posición del proyecto de Acharta, a la cual se plegó también Pasqualini en su intervención.

Momentos después, el propio Acharta pidió hablar y marcó que insistirán con la iniciativa, apelando a un antecedente legal: el proyecto que envió a la Legislatura en su momento el entonces Gobernador y hoy presidente de la Convención, Jorge Busti, para transferir a la Justicia el Registro de la Propiedad.

Tras esto, el justicialista Julio Federik aportó que no resulta “conveniente cerrar la puerta” para que el traspaso pueda realizarlo la Legislatura y Carlín matizó su posición, aseverando que no estaban ingresando en el fondo de la cuestión.

• Otros temas

La comisión, que pedirá mañana por la tarde en Labor Parlamentaria una extensión en el plazo de funcionamiento para culminar sus tareas, tocó otros temas esta tarde. Uno resultó de curioso abordaje: se trataba del proyecto del socialista Américo Schvartzman para imponer un tope a la remuneración del Gobernador, que no podía ser superado por el resto del funcionariado.

Cuando Schvartzman reclamó por ese expediente que había comenzado a ser analizado y había quedado sin resolución hace ya meses, Carlín le espetó que el consenso mayoritario en la comisión era no expedirse, es decir no emitir dictamen de ningún tipo, ni favorable ni desfavorable. “Es una práctica parlamentaria muy habitual”, sentenció el presidente de la comisión ante la mirada de asombro del socialista.

Finalmente terció Rosario Romero para superar el momento y pidió que se emitan despachos sobre la iniciativa, que serán por la negativa (el de mayoría) y por la afirmativa (el de minoría). Algo similar ocurrió con otro proyecto de Schvartzman, relacionado esta vez con el cambio en el mecanismo de elección de los convencionales. La respuesta de Carlín, ex – integrante del Superior Tribunal de Justicia, fue que la decisión era “no innovar” sobre este punto para no restarle legitimidad al mandato de los actuales representantes.

Otro item donde no hubo acuerdo luego de un largo debate, fue sobre el proyecto socialista de imponer un límite de 3% a las partidas que el Ejecutivo puede reasignar del presupuesto. Luego de un intercambio de opiniones sobre si la cuestión estaba o no habilitada, se emitieron dos despachos (el de la mayoría sostiene que no, el de la minoría, que sí) que deberán ser analizados por el plenario. (APF.Digital)