CUATRO FAMILIAS PRESENTARON UN AMPARO PARA RECLAMAR AL ESTADO EL TRASLADO A FEDERACION

FEDERACIÓN, 28 AGO (APF.Digital)

Cuatro familias que todavía viven en el viejo emplazamiento de Federación y no fueron incluidas en un reciente plan habitacional, interpusieron una acción de amparo contra el Gobierno de Entre Ríos, por incumplimiento de la ley de creación de la Comisión Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande (Cafesg).

En los fundamentos del escrito, los amparistas solicitan que se cumpla con los objetivos primordiales que tiene la Comisión que es “planificar, proyectar y llevar a cabo el traslado definitivo de la ciudad de Federación”.

La reubicación de las familias del viejo emplazamiento, parece ser un problema de nunca acabar. Hasta ahora, las listas de beneficiarios de viviendas estuvieron supeditadas a decisiones políticas y no al cumplimiento de la legislación.

La historia por la reubicación de los pobladores de Federación, comenzó en 1979, cuando se construyó la represa hidroeléctrica de Salto Grande y gran parte del viejo poblado quedó bajo agua.

Desde entonces, una nueva ciudad, con casas idénticas, fue construida para trasladar a los federaenses. A casi 30 años, el Estado todavía tienen muchas deudas por saldar con los pobladores.

• Acción

La acción de amparo fue interpuesta por cuatro, de las 150 familias, que todavía viven en el ex emplazamiento de Federación. Bajo el patrocinio legal de Juan Luis Spañoletti, los amparistas reclaman que en forma urgente y, tal cual lo fija la ley, se los reubique en la nueva ciudad.

En diálogo con EL DIARIO, el letrado explicó que a su entender las autoridades provinciales están incumpliendo con la Ley 9.140, de creación de la Cafesg, cuyo principal objetivo es el “traslado definitivo de todos los pobladores de la vieja ciudad”. Es decir, el Estado está obligado a reubicar a las 150 familias que todavía quedan, en lo que es ahora la zona industrial de Federación.

Como la Comisión no tiene personería jurídica y es un organismo que depende de la provincia, la acción fue interpuesta contra el Gobierno entrerriano, en la figura del mandatario Sergio Urribarri.

En el escrito, el abogado hizo hincapié en el derecho que les asiste a estas familias a ser reubicadas en la nueva ciudad. Entre los argumentos, se indicó que los amparistas son nativos de Federación y desde hace casi 30 años, esperan ser adjudicatarios de una vivienda digna. “Por ley, el Estado está obligado a erradicar definitivamente el ex emplazamiento de Federación”, indicó.

Las acciones recayeron en los dos juzgados que existen en Federación, uno a cargo del juez de Instrucción Alberto Funes y, el otro en el de Andrés Marfil, juez en lo Civil y Comercial, quienes hicieron lugar a los amparos.

• Criterios

“Nuestro pedido se basa concretamente en que se les otorgue las viviendas a estos pobladores, que son nativos de Federación y que viven en condiciones precarias en el viejo emplazamiento”, destacó el abogado.

En la presentación, Spañoletti solicitó además que el demandante informe sobre los criterios que se utilizaron para definir la adjudicación de las últimas 58 viviendas, de las cuáles estas familias quedaron excluidas.

“Tal vez, un fallo de estas características permita, de ahora en más, que se fijen criterios y modalidades para entregar las viviendas y se respeten los derechos que tienen estos ciudadanos que están aislados”, dijo el abogado.

Es que de acuerdo a las denuncias de los propios pobladores, el listado se confeccionaría de acuerdo a decisiones políticas o acuerdos entre el Municipio y la Cafesg.

Las familias que interpusieron el amparo, son quienes hace pocos días atrás, llevaron a cabo un bloqueo total de los accesos al parque industrial de la vieja Federación, en reclamo por las viviendas.

“Los dos juzgados hicieron lugar a los amparo, por lo que el 1 de septiembre, se fijarían las audiencias”, señaló el abogado. En caso de que el fallo sea favorable a los amparistas, el organismo deberá “proceder a realizar el traslado de estas familias a la nueva ciudad”.

De las 58 viviendas que se construyeron, sólo 14 fueron designadas para los habitantes del ex emplazamiento y esto fue acordado para descomprimir el conflicto que existía y liberar los pasos a la zona industrial. De acuerdo a los dichos del abogado e incluso de los pobladores, la confección de las listas no se hizo bajo ningún criterio formal, sino que quedó establecido por acuerdos políticos.

“En la zona donde viven mis clientes, están radicados todos los aserraderos y las industrias. En ese sector, las viviendas son precarias, no cuenta con agua potable ni seguridad, por eso se está reclamando, en forma urgente que sean reubicados, porque no cuentan con los servicios mínimos e indispensables”, destacó.

Si bien fueron cuatro los amparos presentados, en caso de obtener un fallo favorable, no se descarta que las otras familias hagan lo mismo, ya que también fueron excluidos de las últimas adjudicaciones que se hicieron.

• Tres décadas de espera

Antes de la represa, en la originaria ciudad vivían 1.560 familias y por decisión del Gobierno de facto se ordenó construir en la “nueva ciudad” 1.100 casas. Eso implicó que unas 400 familias queden en el viejo pueblo, donde luego se radicaron los aserraderos.

Pese a que parte de los fondos de la represa debe ser destinado a reparar el daño histórico que sufrió Federación, todavía existen pobladores que no cuentan con su vivienda y viven en condiciones precarias. (APF.Digital)