A 20 AÑOS DE LA SANCION DE LA LEY 8706

PARANÁ, 19 DIC (APF.Digital)

La sanción de la 8706 fue convulsionada. Los gremios estatales, que habían acompañado en un primer momento las posturas con disidencias parciales de Moine contra las políticas implementadas por Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, pasaron a una situación defensiva con un claro objetivo: evitar el avance de la reducción de personal.

Un elemento discordante en el monocorde justicialismo que dejaba atrás las políticas del ’45, como solía graficar Carlos Menem su realineamiento doctrinario, se dio en la discusión legislativa de esta norma. El entonces diputado provincial Sergio Urribarri votó en contra, al igual que lo hicieron las bancadas opositoras. Al día de hoy, operadores radicales del gobierno de Sergio Montiel recuerdan que, años más tarde, durante las conversaciones con el actual gobernador que a comienzos del 2000 ocupaba la presidencia de la bancada del PJ en Diputados, Urribarri sostenía su oposición a la sanción de la ley que creó los federales, citando como antecedente la negativa que dio a comienzos de los ’90 a su propio partido.

El espíritu de la norma sancionada a fines del ’92 fue expuesta por Moine durante una conferencia de prensa realizada el viernes 11 de diciembre en Casa de Gobierno. El mandatario provincial venía de hacerse fuerte en su rodeo: había vencido en las internas del 29 de noviembre a Jorge Busti, lo que tomó como un respaldo a las políticas de ajuste que se vislumbraban. Seis días antes de aquellos comicios internos, donde votaron a padrón cerrado más de 80 mil justicialistas, el periodista Guillermo Alfieri reveló en la columna “Temas Pendientes” de El Diario un programa de ajuste que sería conocido con el nombre deformado de su autor: El Informe Domenicone. El estudio de las cuentas públicas provinciales, que llegó a sugerir el despido de más de 15 mil agentes, fue realizado por un funcionario del equipo de Cavallo, Héctor Domeniconi.

En aquella exposición ante los medios provinciales, Moine citó a Menem para afirmar que la situación de las cuentas del Estado provincial “no va más”. “El ‘no va más’ indicaba el agotamiento de los tiempos para la toma de decisiones para encauzar el país (…) No van más inclusive, algunos prejuicios que se levantan cuando hablamos de la participación privada para hacer más eficientes algunos servicios del Estado”, dijo por entonces.

El proyecto de reforma del Estado y despido de personal tomó estado parlamentario el 16 de diciembre por la Cámara baja. Seis días después, Diputados lo aprobó con los votos de la mayoría peronista, con la excepción ya mencionada de Urribarri. El 30 de diciembre entró al Senado, que le dio sanción definitiva al día siguiente. En los primeros días del mes de enero, los agentes públicos contenidos en la lista de prescindibles elaborada por el Ejecutivo provincial, comenzaron a recibir la noticia de que se quedaban sin empleo.

La medida fue cuestionada judicialmente y, el 19 de febrero de 1993, llegó al Superior Tribunal de Justicia el leading case “Barcos de Ferro”, que reunía varios amparos presentados por despedidos del departamento Villaguay. La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, integrada por Daniel Carubia; Carlos Chiara Díaz y Miguel Carlín (quien había sido nombrado hacía unos pocos meses a instancias de Moine), declararon inconstitucional el mecanismo de delegación de facultades que la Legislatura había establecido en el artículo 2º de la 8.706 y ordenó la inmediata reincorporación de los despedidos nombrados en el expediente. La decisión sirvió de caso testigo para los demás trámites de empleados estatales despedidos, dado que el máximo tribunal había sentado jurisprudencia.

La Administración Moine llevó el caso ante la Corte, que un año después rechazó el planteo del gobierno provincial, confirmando lo decidido por el Superior Tribunal de la provincia. (APF.Digital)