Areneras de Ibicuy: Investigan omisión de control y una posible evasión de 7 mil millones de pesos

El letrado explicó que los expedientes judiciales están vinculados a la omisión de control estatal y a una millonaria evasión fiscal, estimada en 7 mil millones de pesos.

Antecedentes y sentencias incumplidas

Luciano recordó que el conflicto judicial se originó en 2022, tras detectarse una serie de irregularidades en diversas empresas mineras de la zona.

“En mayo de 2022, el juez Hernán Viri convocó a una audiencia y, ante la evidencia de las fallas administrativas, se llegó a un acuerdo: debían clausurarse nueve areneras y cuatro plantas de lavado”, explicó el abogado.

Pese a que la sentencia fue notificada formalmente a la Secretaría de Ambiente y a las empresas explotadoras, las medidas no se habrían cumplido con rigor. El fallo otorgaba un plazo de 45 días para regularizar la situación administrativa, periodo durante el cual las plantas debían permanecer inactivas.

Funcionarios imputados

Actualmente, la Justicia ha llamado a indagatoria a cuatro personas: tres funcionarios (o exfuncionarios) y una empresaria. Entre los imputados figuran el actual intendente de Ibicuy, el exintendente de la localidad, el secretario de Minería de la provincia y una referente del sector privado.

“La causa es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de control. Hay dos sentencias judiciales avaladas por el Superior Tribunal de Justicia; nadie puede alegar desconocimiento”, enfatizó Luciano.

El foco en la evasión millonaria

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la disparidad de las cifras de producción. Según Luciano, existe una denuncia por una posible evasión de 7 mil millones de pesos, basada en el contraste entre los registros provinciales y el consumo real en destino.

• Registro provincial: La provincia declara haber controlado el paso de 1,3 millones de toneladas de arena de sílice.
• Consumo en Vaca Muerta: Los reportes indican que al yacimiento petrolífero llegan 4 millones de toneladas.

Esta diferencia de casi 3 millones de toneladas sugiere un mercado negro o una falta de fiscalización que priva a la provincia de ingresos multimillonarios, publicó Radio Máxima. (APFDigital)