La defensa asegura que no hay pruebas contra Airaldi y pone bajo sospecha la declaración de Celis

La abogada defensora de Leonardo Airaldi, Mariana Barbitta, cuestionó la investigación que lo vincula con un supuesto plan para asesinar al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, al Fiscal Federal Ignacio Candioti y al Juez Federal Leandro Ríos: sostuvo que la acusación carece de pruebas y se basa únicamente en la declaración de otro interno.

Según explicó la letrada, el derecho constitucional de defensa exige que el imputado se pueda defender de “una acusación clara, precisa y sustentada con elementos de prueba”, algo que no ocurre en este caso.

La letrada calificó la situación como “una catástrofe” y sostuvo -en declaraciones a “Sexto Sentido” (Radio El Observador)- que el expediente se originó a partir de una declaración que Daniel “Tavi” Celis “supuestamente hizo bajo juramento de decir la verdad”.

“No sé si esto se dio en el marco de un acuerdo espurio de Celis  o es un mecanismo de negociación para conseguir un traslado, pero él dijo que escuchó que mi cliente habría dicho que habría querido matar a Candiotti, a Ríos y al Ministro de Seguridad”, señaló la abogada y cuestionó la credibilidad del testimonio: “Cero calidad tiene esa información que viene de Celis. Le dan una credibilidad altísima a una persona que tiene dos condenas”.

“Solo hay una declaración. No hay videos, no hay escuchas, no hay prueba documental, no hay nada”, afirmó la defensora, quien además cuestionó la credibilidad del testimonio que dio origen a la denuncia.

A partir de la difusión pública de la denuncia, se realizó un allanamiento en la unidad penal de Gualeguaychú donde estaba alojado Airaldi. En ese procedimiento se secuestraron teléfonos celulares en distintas celdas y también cuadernos que, según explicó la defensa, contenían material de trabajo vinculado a la estrategia jurídica del caso.

“Entre lo secuestrado había cuadernos con el logo de mi estudio que yo le había llevado a mi cliente para trabajar en su defensa”, detalló.

Según sostuvo, con esos elementos y sin que los teléfonos fueran aún peritados, la fiscalía de Gualeguaychú solicitó que Airaldi fuera trasladado a una cárcel federal bajo un protocolo especial para internos considerados de alto riesgo.

De este modo, afirmó, se convirtió en el primer detenido de la provincia en quedar alojado bajo ese régimen.

La defensora advirtió que la medida tuvo consecuencias directas sobre el ejercicio de la defensa. Explicó que, a partir del traslado, las entrevistas con su cliente se realizan a través de un vidrio blindado, lo que impide el contacto directo y la entrega de documentación para trabajar en la causa.

También señaló que en el inicio del juicio en el que Airaldi está siendo juzgado por otros hechos, el imputado no pudo estar presente en la sala de audiencias y debió seguir la audiencia desde el penal a través de una pantalla.

“Ni siquiera le dieron un vaso de agua, ni un cuaderno o una lapicera para tomar nota de lo que estaba escuchando”, afirmó y aseveró que esta situación implica una “afectación enorme” al derecho constitucional de defensa.

En ese marco, recordó que hasta el momento no se realizó el llamado a indagatoria en la causa abierta en Gualeguaychú ni el fiscal solicitó formalmente esa medida.

Según interpretó, las autoridades judiciales estarían esperando el resultado de la apertura y peritaje de los teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento.

Sin embargo, advirtió que el impacto de la denuncia ya generó consecuencias. “El daño enorme y desproporcionado ya está hecho”, sostuvo.

Por último, señaló que Airaldi espera poder declarar de manera presencial ante el tribunal el 17 de marzo para aclarar lo que considera una serie de tergiversaciones en torno a las versiones difundidas sobre el caso. (APFDigital)