Proponen que el Gobierno gestione ante el agente financiero un plan de desendeudamiento para los trabajadores del Estado

Un proyecto de declaración que ingresó este jueves en la Cámara de Diputados expresó que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, gestione “ante el agente financiero del Estado provincial la elaboración e implementación en conjunto de un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos provinciales, orientado a permitir la cancelación o refinanciación de deudas que actualmente se descuentan de sus haberes mediante códigos de descuento, a través de líneas de crédito con tasas de interés reducidas, plazos más extensos y condiciones financieras más favorables”.

El proyecto del diputado peronista, Juan José Bahillo, adelantó que “dicho programa tendría como objetivo reducir el nivel de endeudamiento personal y familiar de los trabajadores del sector público, aliviar la carga de los descuentos mensuales sobre los salarios y contribuir a mejorar su ingreso disponible”.

En los fundamentos del proyecto que recibió el acompañamiento del resto de los compañeros del bloque peronista Más para Entre Ríos, se expresó que “tiene por objeto expresar la conveniencia de que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Economía, gestione ante el agente financiero del Estado provincial la elaboración e implementación de un plan de desendeudamiento destinado a los empleados públicos provinciales, orientado a aliviar la carga financiera que actualmente afecta a un importante número de trabajadores del sector público”.

Asimismo se señaló que “En los últimos años, la economía argentina ha atravesado un contexto caracterizado por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y elevadas tasas de interés, factores que han llevado a numerosos hogares a recurrir al crédito para sostener su nivel de consumo y hacer frente a gastos corrientes”.

En este sentido se añadió que “esta situación ha generado un proceso de endeudamiento creciente de las familias, particularmente en los sectores asalariados. De acuerdo con datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina, la morosidad en el sistema financiero alcanzó niveles cercanos al 9,3% hacia fines de 2025, con incrementos significativos en el segmento de préstamos personales y tarjetas de crédito”.

También se consideró que “en el ámbito de las entidades no bancarias — financieras, mutuales o cooperativas—, donde con frecuencia acuden los trabajadores con menores ingresos, la mora llega incluso a superar el 22%, evidenciando un escenario de sobreendeudamiento que afecta a una parte significativa de la población”.

Contexto

El autor del proyecto señaló que “dentro de este contexto, los trabajadores del sector público no se encuentran ajenos a esta problemática. Un porcentaje considerable de empleados mantiene obligaciones financieras que se descuentan directamente de sus haberes mediante los denominados códigos de descuento, lo que reduce de manera significativa el ingreso disponible mensual y limita la capacidad de afrontar otros gastos esenciales del hogar”.

Bahillo recordó que “diversas experiencias provinciales han comenzado a abordar esta problemática mediante la implementación de programas de reestructuración o refinanciación de deudas, que permiten cancelar obligaciones preexistentes mediante nuevas líneas de financiamiento con tasas de interés más bajas, plazos más extensos y condiciones más favorables para los trabajadores”.

En aquella línea añadió que “este tipo de instrumentos financieros contribuye a ordenar la situación crediticia de los empleados, reducir el peso de los descuentos sobre sus salarios y mejorar su capacidad de consumo. En tal sentido, la implementación de un plan de desendeudamiento para empleados públicos en la provincia de Entre Ríos, instrumentado a través del agente financiero del Estado provincial, podría constituir una herramienta valiosa para aliviar la carga financiera que enfrentan numerosos trabajadores estatales”.

Asimismo, destacó que “permitiría que los esfuerzos que realiza el Estado en materia de recomposición salarial tengan un impacto más directo en el ingreso disponible de los trabajadores, evitando que dichos incrementos se vean absorbidos por compromisos financieros previamente contraídos en condiciones desfavorables”. (APFDigital)