El Ministro Salud será interpelado el 28 de abril en el recinto de Diputados

La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista Silvina Soledad Deccó y surge de la necesidad de obtener respuestas concretas sobre el abordaje estatal de esta problemática que ubica a Entre Ríos entre las provincias con mayor tasa de suicidios por habitante.

De acuerdo al texto del proyecto, el funcionario deberá brindar un "informe detallado y explicaciones sobre la situación actual de la problemática del suicidio en la provincia ", incluyendo datos precisos sobre la cantidad de casos y los recursos que el Estado destina para combatirlos.

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El pliego de preguntas que el Ministro deberá responder es exhaustivo. Entre los puntos más destacados, se le solicita detallar las "estadísticas actualizadas de suicidios y tentativas de suicidio en la provincia, discriminadas por edad, género y departamento", así como también informar sobre los "programas de salud mental vigentes y recursos presupuestarios asignados a su ejecución".

Asimismo, la iniciativa busca conocer la infraestructura real con la que cuenta la provincia, exigiendo datos sobre la "cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en el sistema público" y el funcionamiento de los "dispositivos de atención en crisis, líneas telefónicas y canales de contacto disponibles para personas en riesgo".

En los fundamentos del proyecto, la autora advierte sobre la gravedad del contexto actual: "La problemática del suicidio constituye un desafío creciente en materia de salud pública, con profundas consecuencias sociales, familiares y comunitarias. Las estadísticas recientes señalan aumentos preocupantes en las tasas de suicidio y tentativas en varios departamentos de la provincia, incluidos sectores vulnerables como adolescentes y jóvenes".

Para Deccó, no se trata solo de una cuestión de gestión administrativa, sino de una responsabilidad institucional. El proyecto concluye señalando que: "El control parlamentario de los actos del Poder Ejecutivo es una herramienta constitucional que permite a esta Honorable Cámara evaluar la ejecución de las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud mental y la prevención del suicidio". (APFDigital)