La "Horajasca" obtuvo media sanción: el proyecto busca derogar 60 normas

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la llamada "Ley Hojarasca", que busca derogar 60 normas de distinta índole. El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. Ahora, deberá tratarse en el Senado.

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor de la ley el interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Karina Banfi y José Luis Garrido), Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad y 5 diputados de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge Ávila, José Núñez, Gisela Scaglia y Alejandra Torres), bancada que se dividió entre votos a favor, en contra y abstenciones.

En tanto, los votos negativos fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba, la cívica Mónica Frade y 2 de Provincias Unidas (Juan Brügge y Esteban Paulón).

Las nueve abstenciones fueron de Carolina Basualdo, Mariela Coletta, Pablo Farías, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, María Inés Zigarán, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la CC; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; todos del interbloque Unidos.

Según la clasificación de sus ideólogos, las leyes a derogar son aquellas que han sido "superadas por normas posteriores", las que se volvieron "obsoletas o sin efecto" por el paso del tiempo, aquellas que "afectan libertades individuales", otras que generan burocracia y algunas que remiten a procesos inexistentes o a organismos disueltos. Algunas datan de la época de la última dictadura militar y otros gobiernos de facto.

La iniciativa había sido enviada en octubre de 2024 a la Cámara baja, pero nunca se puso en discusión. A fines de marzo pasado, el texto volvió a ingresar y obtuvo dictamen de comisiones el 21 de abril.

Con las modificaciones que sufrió, se pasó de 63 a 59 las leyes que se propone derogar en su totalidad. A su vez, plantea derogar varios artículos de otras tres y dos decretos.

Entre los cambios, se quitó de la lista a la Ley 20.959, que es la que garantiza el libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales.

Por otra parte, a pedido de representantes del cooperativismo, se retiró la Ley 11.380, sobre fomento crediticio para el sector.

Dentro de la clasificación de leyes a derogar aparecían artículos de dos normas relacionadas con "organismos para integrantes del sector público financiados con fondos públicos nacionales".

También, producto del debate en comisiones, se eliminó la modificación que se buscaba sobre la Ley 20.984, del Círculo de Legisladores de la Nación. El objetivo del PEN era eliminar el financiamiento estatal, pero no prosperó.

En cuanto a la Federación Argentina de Municipios, Ley 24.087, el texto original planteaba lo mismo. Pero se reformó y lo que habrá es una aclaración de que "la Federación no podrá recibir recursos exclusivamente del Estado nacional ni de ningún organismo descentralizado o sociedad donde el mismo tenga participación mayoritaria o minoritaria, cualquiera sea su naturaleza jurídica".

Entre las leyes que forman parte del listado y resonaron por su absurda vigencia aparecen una referida a prohibición de azotes a una persona (N° 94); la "Ley del Lobizón" (N° 20.843), de padrinazgo presidencial; la que autoriza las emisiones de televisión en color (N° 21.895); la que crea el carnet de mochilero (20.802); y la referida a carrera de palomas (27.171).

Durante el debate, la oposición planteó -entre otras- su preocupación por la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales. (APFDigital)