Cuestionan que la incorporación de 22 nuevas comunas sin aumentar la coparticipación desequilibra sus finanzas

Diputados del bloque peronista presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo entrerriano suspenda la decisión de recuperar en cuotas de futuros fondos coparticipables, los que las comunas recibieron en aquel concepto en enero, febrero y marzo, “recayendo sobre recursos ya incorporados a presupuestos aprobados y ejecutados”; y que tome medidas urgentes para paliar los recursos indispensables para su funcionamiento “a fin de evitar que la transición hacia el nuevo esquema de distribución implique la parálisis en la prestación de servicios esenciales para la población”. Fue ante la incorporación de 22 nuevas comunas que la oposición entendió fue “sin  el correspondiente aumento del porcentaje de coparticipación asignado al conjunto comunal”.

Tres impactos devastadores  

En el proyecto de resolución de la diputada Andrea Zoff, se indicó que la decisión del Poder Ejecutivo provincial de disponer “el recupero de la diferencia abonada en los primeros tres meses del año mediante ocho cuotas descontadas de futuros envíos de coparticipación”, acumula “sobre las Comunas, en un mismo ejercicio fiscal, tres impactos simultáneos y devastadores: la reducción estructural por incorporación de nuevas beneficiarias, la baja general de ingresos coparticipables, y el descuento retroactivo de fondos ya percibidos”.

El gobierno más cercano al vecino

Zoff destacó que “las Comunas de Entre Ríos constituyen la forma de gobierno local más cercana a la ciudadanía, siendo esenciales para garantizar servicios básicos en pequeñas localidades y comunidades rurales”. Añadió que “hasta diciembre de 2025 existían 82 comunas en la Provincia, habiendo incorporado, a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial, 22 nuevas Comunas mediante el pase de Juntas de Gobierno a dicha categoría, sin previsión, sin compensación y sin el correspondiente ajuste del porcentaje de coparticipación asignado al conjunto comunal”.

Es imposible que no cause graves perjuicios

La diputada entendió que “dicha incorporación genera una disminución de entre el 30% y el 40% de los recursos que cada Comuna preexistente venía percibiendo, y que sumada a la baja general de ingresos coparticipables, la reducción efectiva en los presupuestos comunales alcanza aproximadamente el 50%”. Añadió que “durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 las Comunas continuaron percibiendo los montos previamente presupuestados, siendo recién en el mes de abril cuando se aplicó la reducción”.

La legisladora precisó que “la tabla de porcentajes de Coparticipación para aplicar al año siguiente se confecciona por Contaduría General y se eleva antes del 30 de septiembre” y agregó que “sobre la base de esos porcentajes las Comunas planificaron y presentaron sus presupuestos que fueron debidamente aprobados para el ejercicio 2026, de acuerdo con los recursos que efectivamente venían percibiendo. En consecuencia es imposible que su reconfiguración no cause graves perjuicios al funcionamiento institucional de los gobiernos locales. Problemática, que fue oportunamente advertida en instancias legislativas por esta Cámara”.

Derecho adquirido

Zoff sostuvo que “la coparticipación constituye un derecho adquirido cuya distribución se rige por normas de raigambre constitucional que no pueden ser alteradas unilateralmente por el Poder Ejecutivo en perjuicio de los destinatarios; la modificación del universo de beneficiarios del 1% comunal, sin ajuste legislativo del porcentaje asignado, sin previsión y sin progresividad, excede las facultades reglamentarias del Ejecutivo y afecta derechos consolidados de las Comunas preexistentes”.

También detalló que “los fondos de coparticipación percibidos por las Comunas durante enero, febrero y marzo de 2026 fueron liquidados conforme al régimen vigente al momento de su acreditación, generando derechos adquiridos e incorporados al patrimonio presupuestario de cada gobierno comunal, que no pueden ser desconocidos ni recuperados retroactivamente”.

Manifiestamente desproporcionado

Así, consideró “aun reconociendo en abstracto alguna facultad de reordenar la distribución comunal, el mecanismo de recupero elegido resulta manifiestamente desproporcionado al acumular, sobre un mismo ejercicio presupuestario ya aprobado y en ejecución, consecuencias financieras que ninguna planificación razonable podía anticipar”.

Asimismo alertó que “la parálisis financiera de las Comunas no constituye un problema meramente administrativo sino que compromete directamente derechos fundamentales de los habitantes de pequeñas localidades y pueblos rurales, quienes verán afectadas las prestaciones básicas que sólo el gobierno comunal puede garantizar en esos territorios”. (APFDigital)