Burgos cuestionó a Milei, Frigerio y las conducciones sindicales por la crisis industrial

En una columna de opinión enviada a APFDigital, la dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Nadia Burgos, analizó el impacto de los despidos, las suspensiones y la caída de la actividad industrial en la provincia. Cuestionó las políticas económicas de los gobiernos nacional y provincial, reivindicó las experiencias de lucha de los trabajadores y planteó medidas como la prohibición de despidos, el control obrero de las empresas y una reforma tributaria progresiva.

“Entre Ríos: la crisis industrial, los despidos y la necesidad de una salida desde los trabajadores”, se titula la columna de opinión de Burgos en la que advierte que “la situación que atraviesa la industria entrerriana es una muestra concreta del fracaso de un modelo económico que favorece a los grandes grupos empresarios mientras condena a miles de trabajadores a la incertidumbre”.

“Los despidos, las suspensiones y el cierre o la reducción de actividades productivas no son hechos aislados: son la consecuencia directa de las políticas de ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei y que encuentran en provincias como Entre Ríos gobiernos dispuestos a acompañar o aceptar sus consecuencias”, sostuvo.

En tal sentido, señaló que “durante el último año la industria provincial perdió centenares de puestos de trabajo. Detrás de esos números hay familias enteras que ven deteriorarse sus condiciones de vida en un contexto donde los salarios pierden frente a la inflación, aumentan las tarifas, crece el costo de vida y se profundiza la precarización laboral”.

Enseguida mencionó que “uno de los conflictos más importantes fue el de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay”, donde “quedó expuesta la verdadera cara del ajuste”.

“Mientras la empresa argumentaba dificultades económicas, avanzaba con despidos y pretendía descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Este conflicto que lleva más de dos años tuvo respuestas contundentes: organización obrera, asambleas, movilizaciones y una amplia solidaridad popular que supo ir poniendo límites a las pretensiones patronales”.

Por ello, “lo ocurrido en Granja Tres Arroyos, donde se había logrado la reincorporación de los despedidos y el pago de lo adeudado mostró algo fundamental: cuando los trabajadores se organizan pueden enfrentar los ataques a sus derechos”.

“Hoy con la planta cerrada y los trabajadores en las calles luchando por su reapertura queda al descubierto que la voracidad de los empresarios no tiene límites y que la falta de respuestas de los gobiernos dejan correr esa voracidad porque suelen actuar con rapidez para garantizar beneficios empresariales pero no para defender los puestos de trabajo”, aseguró Burgos.

Más adelante, manifestó que “lamentablemente los dirigentes sindicales toman el camino de las conciliaciones obligatorias. Quieren convencer a los trabajadores de que hay que esperar pasivamente, como única salida. Pero la experiencia ha demostrado todo lo contrario: la verdadera salida viable es la organización combativa, la ocupación en los lugares de trabajo y planes de lucha desde abajo para enfrentar estas avanzadas”.

Luego mencionó otra empresa en conflicto: el de Valentínuz Aberturas, en Paraná, que  “expresa una realidad similar”.

“Trabajadores con más de veinte y hasta veinticinco años de antigüedad denunciaron despidos y la ausencia de respuestas concretas frente a una situación angustiante. Son hombres y mujeres que dedicaron gran parte de su vida a construir una empresa y que hoy son tratados como una variable de ajuste”.

“Estos conflictos no son excepcionales. Forman parte de una misma orientación económica y social. Por un lado, promueve la apertura de importaciones, se desregulan mercados, se eliminan controles y se impulsa una flexibilización laboral encubierta, las industrias nacionales enfrentan mayores dificultades y los empresarios buscan preservar sus ganancias reduciendo personal y atacando derechos conquistados durante décadas de lucha. Por el otro, en ese mismo movimiento apuntan a transformar estructuralmente las formas de trabajo, con el aumento descomunal del desempleo quieren obligar a los trabajadores a aceptar cualquier condición laboral y salarial”.

“El gobierno de Javier Milei pretende instalar que la recuperación económica llegará por derrame. Sin embargo, lo que se observa en Entre Ríos es exactamente lo contrario: caída del consumo, pérdida de empleos registrados, cierre de empresas y una creciente incertidumbre para miles de familias trabajadoras”, expresó la dirigente.

“Tampoco el gobierno provincial de Rogelio Frigerio puede desentenderse de esta realidad. Gobernar no consiste solamente en administrar cuentas públicas. Significa defender el trabajo, la producción y las condiciones de vida de la población. Sin embargo, frente a los conflictos laborales más importantes de la provincia predominan las declaraciones generales y la ausencia de medidas concretas para garantizar el empleo”.

“Peor aún, se prestan al juego dilatorio de las empresas y las audiencias convocadas por la Secretaria de Trabajo se emplazan una y otra vez, los días corren, las semanas pasan y la incertidumbre se vuelve insostenible”.

“Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que existe otra salida. No aceptamos que la crisis la paguen quienes trabajan. Por eso proponemos la prohibición efectiva de despidos y suspensiones; la apertura de los libros contables para que los trabajadores puedan verificar la situación económica real de las empresas; el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial para evitar despidos; y un plan de inversión pública orientado a fortalecer la producción y generar empleo genuino. Y si los empresarios alegan que no pueden sostener la producción, la provincializacion de esas empresas estratégicas con gestión obrera”.

“También defendemos la necesidad de una reforma tributaria progresiva que haga que los grandes grupos económicos, las entidades financieras y los sectores concentrados de la economía, el agronegocio en nuestra provincia, aporten mucho más de lo que aportan hoy. No puede ser que siempre se les exijan sacrificios a los mismos mientras unos pocos continúan acumulando ganancias”.

“La experiencia de Granja Tres Arroyos, de Valentínuz Aberturas y de tantos otros conflictos demuestra que la única garantía para defender el empleo es la organización de las y los trabajadores. Cada derecho conquistado fue producto de la lucha colectiva. Cada puesto de trabajo defendido fue resultado de la movilización y la solidaridad”, agregó.

“Frente al ajuste, la resignación no es una opción. La defensa del trabajo debe ser una prioridad social y política. Porque detrás de cada despido hay una familia que ve amenazado su futuro y una comunidad que se empobrece. Entre Ríos necesita una política económica al servicio de quienes producen la riqueza de la provincia y no de quienes especulan con ella. Solo la lucha y organización de los propios trabajadores puede garantizar una salida a favor de las mayorías entrerrianas”, finalizó. (APFDigital)