Causa Contratos Truchos: Sustituyen inhibición general por embargos puntuales a la esposa no imputada de un acusado

La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, resolvió este viernes hacer lugar de manera parcial a la solicitud que le realizó en la audiencia del jueves 2, el representante legal de María Alejandra Camissasa, que es esposa de Jorge De Breuil, imputado en la causa conocida como Contratos Truchos, que fue remitida a juicio para dirimir las responsabilidades de alrededor 19 imputados de los 32 que fueron alcanzados por la investigación que comenzó a sustanciarse en noviembre de 2018.

Se imputan los delitos de Peculado, Asociación ilícita e Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterado en relación al presunto desfalco a las arcas del Estado que se habría sustraído durante la década comprendida entre 2008 y 2018, bajo la modalidad de contratos de locación de obra en ambas Cámaras de la Legislatura provincial.

Parcialmente

Barbagelata hizo lugar de manera parcial al pedido de Camissasa y morigeró la inhibición general que se dispuso en 2019 y la sustituyó por el embargo preventivo de cuatro unidades funcionales que la pareja adquirió en el fideicomiso Adolfo Alsina, en Paraná, y las cuentas bancarias mencionadas en aquella inhibición, dejándola sin efecto en cuanto a la mujer se refiera por fuera de aquellos embargos específicos.

El representante legal de la mujer, que no fue imputada por Fiscalía ni demandada civilmente por Fiscalía de Estado (FE) y sin embargo sufrió el embargo de su haber jubilatorio, que es inembargable, solicitó el levantamiento total de la inhibición general que la comprendió a pesar de estar desvinculada de la imputación.

Oficio inmediato

La jueza, tras realizar una cronología de la inhibición y los embargos dispuestos en 2019 que fueron apelados y modificados también de manera parcial, recordó que en la audiencia del jueves se dispuso por acuerdo de las partes, que se oficiara de inmediato un pedido de levantamiento del embargo del haber jubilatorio de Camissasa. La jueza resaltó que se trató de un error burocrático que no fue responsabilidad de los operadores judiciales locales y que la medida no fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Barbagelata entendió que la sustitución de la inhibición general por el embargo dará respuesta satisfactoria –por ser la medida idónea, menos lesiva- al objetivo que pretende el MPF, que es resguardar bienes que pudieron ser adquiridos con el producido ilegal de los contratos bajo investigación. En este sentido, recordó que Fiscalía sostiene que cuenta con evidencia de cargo que sostiene aquella sospecha, por lo que consideró que esos bienes podrían ser objeto de decomiso como pena accesoria en caso de una sentencia de condena.

Sin sesgo

Barbagelata dedicó una breve pero contundente respuesta a la sugerencia del abogado de la mujer, el letrado Hugo González Elías, que manifestó que en las medidas de restricción patrimonial contra Camissasa se advertía un sesgo de género. La jueza la descartó de plano y sostuvo que se trató de medidas patrimoniales dispuestas por la hipótesis de Fiscalía respecto del origen de los fondos con que pudieron ser adquiridos los inmuebles –incluso recordó que Fiscalía sostuvo que De Breuil le prestó el dinero a su esposa para que adquiera el 50% de cada unidad funcional del fideicomiso.

 Así, señaló que referir, así, sin más, a supuestas situaciones de discriminación por cuestiones de género es correr “el grave riesgo de desnaturalizar una herramienta muy valiosa”.

Verosimilitud en el derecho

Barbagelata señaló que en ocasión de la reinscripción de la inhibición general dispuesta en 2019, se reactualizaron las medidas dispuestas oportunamente en las mismas condiciones, entre las que no se encontraba el haber jubilatorio de Camissasa, que se vio impedida de acceder por un error administrativo de las entidades bancarias y no de los términos solicitados en las cautelares.

La jueza precisó que el dilema a dirimir en esta instancia consistió en determinar si los bienes que Fiscalía enumeró en su hipótesis respecto del matrimonio De Breuil-Camissasa, fueron cedidos a título gratuito, como sostiene Fiscalía, por De Breuil, o fueron adquiridos con dinero del imputado pero figurando cada uno con el 50% de cada una de las cuatro unidades funcionales bajo sospecha. Consideró que la teoría del caso de la acusación es que se trata de “patrimonios confundidos” que es necesario esclarecer en el juicio.

También consideró un mail que fue introducido en el legajo como evidencia a debatir en el juicio. Se trata de una comunicación entre el corredor inmobiliario, Guido Krapp, integrante del estudio contable Asesoría Integral, con uno Gustavo Pérez, que fue jefe del área Contratos y subdirector  y director del Servicio administrativo contable del Senado, que daría cuenta de movimientos relacionados con la hipótesis fiscal, que es que el producido ilegal del accionar de la supuesta asociación ilícita que blanqueaba los millonarios montos en inversiones inmobiliarias y ganaderas. (APFDigital)