Reforma previsional: Diputados emitió dictamen de mayoría

Las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, concluyeron este jueves 23 el análisis del proyecto de ley "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional".

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y con media sanción con modificaciones del Senado, obtuvo despacho de mayoría en la última jornada de trabajo tras un amplio debate que incluyó a diversos sectores institucionales.

Los encuentros fueron encabezados por los presidentes de las respectivas comisiones, los diputados Bruno Sarubi y Vilma Vázquez y, en su reemplazo posterior, por la diputada Carola Laner.

En la primera jornada, los legisladores escucharon la fundamentación del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, quien argumentó la necesidad de “garantizar la sostenibilidad técnica del sistema para las futuras generaciones” mientras repasó las acciones judiciales iniciadas por la provincia ante la Nación para el recupero de fondos adeudados. El titular del organismo previsional aclaró que el impacto económico o la reducción del déficit “no constituyen el objetivo principal de la reforma, sino garantizar la sustentabilidad técnica para que el sistema pueda seguir jubilando personas en el futuro”.

Bagnat remarcó, de este modo, que el gasto previsional es “sumamente rígido” y que la crisis actual responde a un desgaste estructural agravado por la falta histórica de estudios actuariales, la disminución de aportantes activos y la vigencia de beneficios que hoy resultan insostenibles. Entre los factores que debilitaron el sistema, señaló los efectos acumulativos de la doble movilidad, la incorporación de beneficiarios sin aportes, el hecho de que un 35% de los beneficios incluyan años extraprovinciales no compensados y distorsiones en la tasa de transferencia, donde los aumentos paritarios elevan el haber real por encima del 82% bruto original. "No vemos a los activos y a los jubilados como un número, ellos no tienen la culpa de que se haya llegado a esta situación", subrayó, ratificando la necesidad de adecuar el esquema actual para proteger el futuro de los trabajadores entrerrianos.

Postura de representantes gremiales

La mesa de trabajo del miércoles incorporó además la voz de los representantes gremiales del sector docente, estatal, judicial y vial. Las entidades expusieron sus miradas sobre el cálculo del haber inicial, la edad de jubilación y las fórmulas de movilidad, al tiempo que valoraron la apertura a la discusión en la Legislatura y en paralelo, otros manifestaron propuestas alternativas ante los miembros de las comisiones. 

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, advirtió acerca del impacto de la reforma en las condiciones de salud de docentes y criticó la lógica del proyecto, al señalar que la norma propuesta tiene una "mirada empresarial, que detrás no hay personas" y es un "ajuste" que implica la "pérdida del 82 por ciento móvil". Por su parte, el secretario de Interior de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Esteban Olarán, cuestionó la efectividad de la norma y criticó que signifique una "armonización con el sistema nacional" en un momento de crisis. Pidió "responsabilidad institucional" y exigió "políticas de Estado que protejan a las generaciones futuras. Mientras que el secretario de ese gremio, Víctor Sartori, focalizó su crítica en el mecanismo para establecer los haberes de los pasivos provinciales. Denunció que modificar la base de cálculo a 15 años provocará que las autoridades "no puedan garantizar el 82 por ciento".

La secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, defendió la postura de sus agremiados de sentarse a negociar al afirmar que "para representar a los trabajadores hay que discutir". Valoró los cambios logrados en el texto durante el tratamiento legislativo y lanzó una crítica hacia otras facciones al asegurar que "los que dicen que 'la Caja no se toca' abandonaron a los trabajadores", y sostuvo que “le hubiera gustado discutir un proyecto de reforma jubilatoria en años anteriores que tal vez hubiera evitado que hoy estemos en esta situación”.

Participaron de la jornada el secretario gremial de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Roberto Aguirre; la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori y el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo; el tesorero de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Gilberto De Vecchio; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Federico Colominas; el secretario general de la Asociación de Judiciales Entre Ríos (AJER), José María Segura.

Debate de diputados

Durante los intercambios entre diputados en las comisiones en el primer día de debate, el diputado Jorge Maier defendió la “legitimidad y la urgencia del debate actual frente a las críticas”, remarcando que "no hay tratamiento exprés" y que la reforma responde a una necesidad "asumida por otras administraciones", mientras que la diputada María Elena Romero se enfocó en el reclamo de fondos nacionales detallando que la "provincia apenas asumió esta gestión pidió a la Nación, en recurso administrativo primero y judicial después, las compensaciones por la Caja. Por el contrario, el diputado Juan José Bahillo adelantó el rechazo de su bancada al afirmar que "no acompañamos este proyecto" y luego cuestionó los cambios en la fórmula jubilatoria debido a que "pasar de 10 a 15 años es una pérdida" en el haber inicial, en sintonía con la diputada María Laura Stratta, quien exigió un “tratamiento respetuoso y maduro” de la problemática, solicitó "prudencia y humanidad”, y pidió aceptar que "este es el espacio donde se debe dar el debate" con "responsabilidad política".

Durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado participaron diputados de los diferentes bloques, en forma presencial y virtual.

Más expositores y firma del dictamen

En la continuidad de las consultas institucionales de este jueves, expusieron frente a legisladores el titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. Durante la primera parte de la reunión, Cánepa reconoció que “hay que reformar la Caja”, pero advirtió “ciertas tensiones respecto de algunos artículos con criterios jurisprudenciales y con principios constitucionales”, cuestionó que el proyecto declare una emergencia de dos años por ser un plazo “amplio” y “sin control de la Legislatura”. El colegiado también criticó las delegaciones legislativas en favor del Poder Ejecutivo para fijar el haber inicial y la movilidad debido a que generan “incertidumbre” y pueden “distorsionar la relación jurídica de empleo”, al tiempo que alertó sobre la jubilación de oficio sosteniendo que “el empleado público tiene estabilidad propia garantizada por la Constitución Provincial”.

Durante su intervención, Rodríguez Signes analizó el escenario judicial de reclamos por deudas del Estado nacional y remarcó la necesidad de avanzar en reformas estructurales para el sistema previsional entrerriano. En ese sentido, recordó que la provincia demandó a la Nación ante la Corte en abril de 2024 por un “desfinanciamiento histórico iniciado en los años 90 con la ley de capitalización”, la cual provocó la cesión del 15% de la coparticipación de las provincias que, como Entre Ríos, no transfirieron sus cajas ni armonizaron su sistema al nacional. Para el funcionario, “la situación se agravó en 2024 cuando el Poder Ejecutivo nacional dictó un decreto que eliminó los adelantos presupuestarios para el déficit previsional”, aunque aseguró que "el juicio está planteado en la Corte Suprema y se va resolviendo”.

Tras considerar que “es un reclamo que no resuelve el problema de fondo, pero había que hacerlo”, el Fiscal de Estado aseguró que “el resto del problema nos corresponde a nosotros. Que el sistema tenga mejor previsibilidad, que la brecha de ingresos y egresos se reduzca, y no tienda a aumentar como está sucediendo", para finalmente subrayar la “necesidad de discutir la edad jubilatoria” por el aumento de la expectativa de vida, ordenar las tasas de movilidad y proteger los principios constitucionales previsionales mientras se logran pactos parciales con la Nación, para concluir que " la Corte Suprema de la Nación ha homologado los acuerdos parciales, el derecho de la provincia de Entre Ríos está reconocido, es cuestión de ir ajustando las liquidaciones, pero el derecho está consolidado".

Acto seguido, los diputados de los distintos bloques mantuvieron un intercambio político en el que ratificaron sus respectivas posturas sobre el texto en revisión, para finalizar con la firma del dictamen, con el que el proyecto cumplió la etapa de comisión y quedó en condiciones formales para ingresar al temario de sesiones del cuerpo parlamentario. (APFDigital)