Ley de Tierras: Abogados Ambientalistas advierten sobre el riesgo geopolítico de la reforma

La disputa por la Ley de Tierras vuelve al centro de la escena política. Tras el intento de derogarla mediante el DNU 70/2023 —frenado por la Justicia tras una acción impulsada por excombatientes de Malvinas—, el Gobierno nacional insiste con un nuevo proyecto que se trataría en el Congreso el próximo 6 de agosto.

Para el Dr. Lucas Micheloud, codirector de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que responde a la intención de insertar a la Argentina en una disputa geopolítica global marcada por la creciente demanda de litio, cobre y tierras raras.

Un recurso finito frente a capitales infinitos

El principal cambio que introduce esta reforma es la eliminación de los límites establecidos en la norma aprobada en 2011, la cual restringía la propiedad extranjera a un máximo de 1.000 hectáreas por titular (en la zona núcleo) y a un 15% de la superficie total a nivel nacional, provincial y departamental.

Micheloud alertó sobre las consecuencias de este cambio: "Liberar estas restricciones equivale a entrar en un gran remate, permitiendo que corporaciones transnacionales adquieran superficies sin ningún tipo de control. El agua es finita, la tierra es finita... El problema es enfrentar recursos finitos contra un capital transnacional infinito".

Esta presión sobre el territorio nacional se vincula también con el avance de la inteligencia artificial, tecnología que requiere la instalación de masivos centros de datos (data centers) con un alto consumo de energía, suelo y, fundamentalmente, agua dulce para sus sistemas de refrigeración.

Según Micheloud, empresarios globales como Peter Thiel o Elon Musk miran con interés los recursos argentinos para impulsar sus industrias tecnológicas y de transición energética.

El agua: el verdadero botín estratégico

Uno de los puntos más sensibles de la legislación vigente es la prohibición de vender tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes (lagos, lagunas, ríos o glaciares).

Con la derogación, este resguardo desaparecería, lo que permitiría que capitales extranjeros adquieran cuencas estratégicas, especialmente en la Patagonia y en la cuenca del Río Paraná.

Micheloud aclaró que la extranjerización no siempre se manifiesta mediante una extracción física inmediata, sino a través de la compra de grandes extensiones de tierra para desarrollar actividades extractivas y direccionar esos bienes comunes hacia los mercados de las potencias globales.

Responsabilidad política y movilización social

Finalmente, el referente ambientalista cuestionó el rol de los sectores de la oposición en el Congreso, señalando la responsabilidad de habilitar estos cambios: "El legislador que vote esto debe ser consciente de que está entregando la naturaleza y el bienestar de las comunidades", afirmó en declaraciones.

Ante este escenario, diversas organizaciones sociales y ambientalistas convocan a un "banderazo federal" para el próximo 6 de agosto, instando a la ciudadanía a interpelar a sus representantes legislativos para evitar el avance de una reforma que califican de "entrega soberana", publicó Debate Abierto. (APFDigital)