Piden que el Gobierno dé “información completa, verificable y accesible” sobre la centralización de la compra de alimentos para comedores escolares

Diputados del bloque peronista en la Cámara de Diputados de la provincia, presentaron este martes un pedido de informes al Poder Ejecutivo entrerriano para obtener “información completa, verificable y accesible sobre una contratación que introduce una modificación estructural en la provisión de desayunos y meriendas escolares de la Provincia”.

El proyecto pide que se “identifique en forma completa el expediente administrativo de la Licitación Pública Nº 02/26, indicando número, fecha de inicio, objeto, organismos requirentes e intervinientes, funcionarios responsables, cronología de las actuaciones y estado actual” con “copia digital íntegra, legible y ordenada del expediente y de toda actuación vinculada”.

También pidió que se remita “copia del decreto que autorizó el procedimiento —incluido el Decreto N.º 852/2026, si correspondiere—, del acto de adjudicación —incluido el Decreto Nº 1983/2026, si correspondiere—, del contrato, orden de compra abierta, pliegos de bases y condiciones generales y particulares, anexos técnicos, circulares, consultas y respuestas, actas de apertura y evaluación, dictámenes jurídicos, técnicos, nutricionales, contables y de los organismos de control, garantías y toda modificación posterior”.

Otra información requerida concierne a “la modalidad de contratación elegida, su fundamento jurídico y técnico, el plazo contractual, la fecha prevista de inicio, los períodos comprendidos de los ciclos lectivos 2026 y 2027, la eventual prórroga para 2028, las causales y procedimiento de prórroga, rescisión y redeterminación o actualización de precios”.

Con la debida diligencia

En el pedido se postuló que “una debida diligencia adecuada exige verificar capacidad financiera y logística, cumplimiento contractual, sanciones o controversias, trazabilidad de productos y aptitud de fabricantes y subcontratistas”. Asimismo aportó que “la transparencia activa es especialmente necesaria por tratarse de recursos públicos destinados a población escolar”.

En la misma línea se sostuvo que “el acceso al expediente, a los dictámenes, a las órdenes de provisión, a los pagos y a los controles permitirá distinguir el monto máximo autorizado del gasto real, evaluar la razonabilidad de los precios y efectuar un seguimiento continuo”. El pedido precisó que “este requerimiento no presupone una conclusión adversa sobre la contratación ni sobre sus participantes. Procura que la Legislatura cuente con elementos suficientes para ejercer su función constitucional de control y que la comunidad educativa conozca las condiciones que determinarán la alimentación diaria de miles de estudiantes”.

Fundamentos

El autor del pedido, el diputado Enrique Cresto, destacó que “la alimentación escolar involucra de manera directa derechos esenciales de niñas, niños y adolescentes, la continuidad educativa, la salud pública y una erogación plurianual de significativa magnitud”.

Indicó que “la información públicamente difundida presenta cifras que requieren precisión documental. Se han mencionado un presupuesto oficial de $42.669.617.445, un monto máximo adjudicado de $101.726.784.000, un precio de $1.600 por ración y un universo de 63.579.240 raciones” y añadió que “aun cuando el monto mayor opere como techo de una orden de compra abierta y no como gasto automático, corresponde conocer su cálculo, las condiciones de ejecución y cada orden efectivamente emitida”.

Comparar sistemas

Cresto consideró que “también resulta indispensable comparar el nuevo esquema con el sistema actualmente vigente. La evaluación no puede limitarse al valor nominal de una ración: debe incluir composición y calidad nutricional, gramajes, alimentos frescos, logística, controles, infraestructura escolar, costos complementarios, atención de dietas especiales y capacidad de respuesta ante contingencias”.

Impacto

En los fundamentos, el diputado alertó que “la contratación puede producir un fuerte impacto sobre cientos de proveedores locales distribuidos en los distintos departamentos de la provincia: almacenes, panaderías, distribuidores, cooperativas, pequeñas empresas y productores que actualmente abastecen a las escuelas”.

Así, sostuvo que “la sustitución de ese entramado por un único proveedor centralizado puede provocar una caída abrupta de ventas, el cierre de unidades económicas y la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos en numerosas localidades entrerrianas”.

En aquella línea, expresó que “la preservación del empleo provincial debe ocupar un lugar central en la evaluación de la contratación. No se trata únicamente de identificar cuántos proveedores dejarán de vender al Estado, sino de conocer cuántos trabajadores y familias dependen de esas actividades, qué volumen de facturación dejará de circular en cada departamento y qué medidas adoptará el Poder Ejecutivo para evitar despidos, cierres de comercios y concentración económica”.

Padrón completo y antecedente

Ante aquel escenario el diputado solicitó que se aporte “el padrón provincial completo, la identificación de los proveedores afectados y un estudio integral del impacto laboral, productivo y comercial en todo el territorio entrerriano” y sostuvo que “los antecedentes de ejecución de la empresa en otras jurisdicciones deben ser examinados con rigor y sin prejuzgamientos”. (APFDigital)