Proponen solucionar con juicios abreviados la investigación por compensación dolosa de deudas impositivas en la ATER

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, dará a conocer en el plazo de ley su resolución respecto de los seis pedidos de juicio abreviado que le presentaron este jueves en el contexto de la causa que se sustancia desde 2014 por la presunta compensación fraudulenta de impuestos, en un ardid que habría contado con la participación de funcionarios de la ATER, de la Contaduría General y de contadores particulares y contribuyentes.

En la audiencia, María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Gustavo Alejandro Gioria, que son asistidos por Miguel Cullen; Darío Fabián Barreto, que es representado por José Ostolaza; Julio Schmukler, que contó con el asesoramiento de Cristian Federik; y Carlos Raúl Castro, que fue asistido por Eduardo Martínez, reconocieron sus respectivas participaciones según los roles que habría realizado cada uno, aceptaron la calificación legal y el monto de la pena y la multa, además de las reglas de conducta a cumplir por el plazo de la condena. Schmukler y Castro participaron de la audiencia por vía remota.

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Caso por caso

Los fiscales, Patricia Yedro y Álvaro Piérola, y los fiscales de la Fiscalía de Estado, Gustavo Acosta y Tulio Kamlofky, acompañaron los pedidos que se acordaron para cada imputado. Así, para Martínez Yankelevich, de 77 años, se pidió que se la condene a tres años de prisión condicional, más la pena de multa de 30.600.000 de pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, más el cumplimiento de normas de conducta por el plazo de la condena, con la realización de tareas no remuneradas por 96 horas globales por cada año de la condena en una institución de bien público a determinar.

Para Gaggión, de 62 años, y Barreto, de 61 años, se instó el mismo monto y condición de cumplimiento, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero la multa se determinó en la suma de 20.000.000 pesos para el primero y en 30.600.000 para el segundo, además de las normas de conducta.

En el caso de Gioria, contador público de 62 años que se desempeñaba en la Contaduría General, se pidió la pena de dos años y seis meses también de ejecución condicional, más las penas de multa por 10.000.000 pesos e inhabilitación, y las normas de conducta por el plazo de la condena.

Schmukler, de 81 años, aceptó, como partícipe necesario, cumplir una pena condicional de tres años, pagar una multa de 10.000.000 pesos, cumplir normas de conducta por el mismo plazo, las que solicitó se sustituyan, en función de su edad, por una donación de 40.000 pesos mensuales por el plazo de la condena destinada a una institución de bien público a determinar.

Finalmente, en el caso de Castro, del que Fiscalía adelantó que se adoptó un criterio distinto en función de que es el único que tiene antecedentes penales computables. Según el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), fue condenado en 2014 a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de Estafa. Así, se acordó solicitar la unificación de ambas condenas por el plazo de tres años de ejecución condicional, más el pago de una multa de 200.000 pesos porque se consideró que fue responsable de solo dos hechos de los numerosos que se investigaron en el complejo y voluminoso legajo.   

En la audiencia, las defensas solicitaron que las multas se puedan pagar el diez cuotas mensuales consecutivas hasta cubrir el monto acordado. Ambas acusaciones no presentaron objeciones al pedido.

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Fundamentos

Fiscalía realizó una exposición general de los hechos que se denunciaron en 2014 y por pedido de las defensas, que acompañaron las acusaciones, se decidió no leer los hechos imputados puntualmente a cada imputado, con la evidencia de cargo correspondiente y la calificación legal para cada caso.

Los cargos

Martínez de Yankelivich, al momento de los hechos, era jefa del Departamento Despacho de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER); Gaggión era jefe de la División Mesa de Entradas de la misma entidad; Barreto era agente de planta permanente de la ATER; Schmukler era parte del estudio privado que operaba junto a Luis Alfredo Speroni, estudio del que Fiscalía sostuvo que era el que iniciaba el trámite ante el Estado para acceder fraudulentamente al ardid de compensación dolosa de impuestos.

Antecedente

El 21 de abril de 2021, la entonces jueza de Transición, Marina Barbagelata, en una resolución de 818 páginas, elevó la causa a juicio por el delito de Defraudación a la Administración Pública, a partir de la denuncia de Marcelo Pablo Casaretto. A aquella causa se le acumularon dos legajos más por el mismo delito, impulsadas por los entonces legisladores, María Emma Bargagna y Jorge Daniel Monge, más una nueva denuncia de Casaretto.

Los imputados por Barbagelta, que en muchos casos, como lo señaló Fiscalía, fueron resolviendo sus situaciones con distintas salidas alternativas, además de los seis de esta audiencia, fueron “Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub, Daniela Romina María Miño, Jorge Martín Zuttión, Luis Alfredo Speroni,  Carlos Arnoldo Sagasti,  Miguel Ángel Banega, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi,  Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Alberto Francisco Bonvin, Walter Gilberto Castañeda, Fulvio Valentín Dapit, José Miguel Dittrich, Manuel Isauro González, Javier David Kolln, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Mauro Fabián Neme, Marta Delfina Ponce, Leonardo Miguel Premaries, Raúl Norberto Premaries, Javier Francisco Ramírez, Claudio María Santiago y  Miguel Artemio Waigel”. (APFDigital)