Inviolabilidad de la Propiedad Privada: "Es una etiqueta linda, pero cuando la rascás encontrás la trampa", alertó Bahl

El senador de Fuerza Entre Ríos expuso los fundamentos de su rechazo a la iniciativa presentada por el Ejecutivo nacional. En su discurso, celebró el apartamiento del capítulo 3, advirtió que la derogación del plazo de protección en la Ley del Fuego es una “regresión ambiental” y subrayó que las modificaciones en la norma de expropiación “le quitan herramientas para la gestión de los gobiernos”.
jueves 06 de agosto de 2026 | 18:36hs.

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzó a debatir el resto de la iniciativa.

En ese sentido, el senador de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, expuso los fundamentos de su rechazo, en el que reconoció irónicamente “el talento que tiene el Gobierno de denominar a las leyes”.

“No estamos en contra de la propiedad privada. Lo que sucede es que se usa ese término para para avanzar rápidamente sobre otros aspectos como los desalojos y la regresividad ambiental. Son etiquetas muy lindas pero cuando las rascas encontras las trampas”, señaló.

Respecto a la eliminación del capitulo 3, el legislador celebró su apartamiento y sostuvo que se logró por “el esfuerzo y la espontanea manifestación del pueblo argentino”. Además agregó: “Cuando hablamos de tierra, es una activo estratégico y un recurso natural que merece ser protegido porque hablamos de humedales, alimentos, biodiversidad. De hecho en Alemania, Canadá, Francia, que son democracias capitalistas, reconocen que la tierra tiene que ser protegida”.

En referencia a las expropiaciones, Bahl destacó que el proyecto busque proteger al privado pero a su vez anticipó que “le quita herramientas para la gestión de los gobiernos”.

“En la zona sur de Paraná hay problemas de agua, por lo que teníamos que como intendente tuve que comprar un terreno para construir un centro de distribuidor sur para darle agua potable a 100 mil personas y a tres ciudades que están alrededor. Encontramos el terreno que cumplía con los estudios técnicos. Hicimos la declaración de utilidad pública pero la persona no lo quería vender. Entonces fuimos a la expropiación, logramos un advenimiento y el Municipio lo pudo comprar. Si este proyecto se aprueba, esta situación puede llevar años en tribunales porque pueden pedir indemnización correctamente o demostrar que no hay una alternativa menos onerosa”, alertó. 

Cabe recordar que en el texto que abarca reformas en la Ley 21.499 de Expropiaciones, el primer cambio recae sobre la declaración de utilidad pública. La legislación actual permite expropiar los bienes convenientes o necesarios para satisfacer esa finalidad. El nuevo texto conserva esa facultad, pero dispone que la utilidad pública deberá interpretarse restrictivamente, identificar de manera específica el objetivo perseguido y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

De esta manera, el Congreso o la autoridad competente no solo deberán individualizar el bien y su destino, sino justificar que la expropiación constituye una medida adecuada y proporcionada para alcanzar el interés público involucrado.

También hay cambios en la composición de la indemnización. El proyecto establece que deberá tomarse el valor objetivo del bien, considerando su valor de mercado cuando resulte determinado o determinable. Además, incorpora expresamente el lucro cesante, actualmente excluido por la ley.

En cuanto a las modificaciones en la Ley del Fuego, el senador advirtió que la derogación del plazo de protección es una “regresión ambiental” que generará causas judiciales.

En cuanto a este punto, recordó un suceso cuando era intendente de la ciudad de Paraná: “Veíamos como las islas de Santa Fe estaban incendiando y los vecinos nos pedían que haga algo. A pesar de haber hecho la denuncia en la Fiscalía de Santa Fe para encontrar a los responsables, no fueron encontrados. Lo que si encontramos fueron las consecuencias: los animales, los humedales quemados, los bomberos voluntarios arriesgando su vida y que siguen sin cobrar lo que tiene que percibir. Lo que no pudo resolver el Código Penal, este Congreso lo resolvió en 2020”. (APFDigital)