Proponen Educación y Movilidad Segura como política pública permanente

El proyecto de ley llamado Programa Provincial Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial, impulsado por el diputado Lénico Aranda, busca complementar el régimen jurídico vigente en materia de Educación Vial y consolidar una política pública permanente orientada a la protección de la vida, la convivencia responsable, la movilidad segura y la prevención de los siniestros viales.

Durante una entrevista con Radio Diputados, el legislador se refirió al aporte de quienes participaron en la elaboración de la iniciativa y señaló: “Con el asesoramiento de especialistas, redactamos un articulado con distintos capítulos que conformarán una ley abarcativa”.

El expediente legislativo plantea un “cambio de paradigma” que considera a los siniestros viales como “hechos prevenibles” a partir de la educación, la infraestructura segura, el control, la información y la responsabilidad compartida. En ese marco, el diputado mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, para evaluar la propuesta: “Estuvimos charlando con él, se mostró conforme, porque abarcamos varios aspectos. El ministro y su equipo de trabajo se interesaron en seguir ampliando los distintos artículos de esta ley”, contó.

Entre sus principales disposiciones, la iniciativa crea el Programa Provincial Integral de Educación, Cultura y Seguridad Vial como una “política permanente del Estado provincial” y establece su aplicación obligatoria en los establecimientos educativos públicos y privados dependientes del Consejo General de Educación (CGE).

El texto fija principios como “la protección de la vida, la prevención, la responsabilidad social, la movilidad segura y sustentable, la accesibilidad, la inclusión y la participación comunitaria”.

Además, prevé la elaboración de un Plan Estratégico Provincial con metas, indicadores, cronogramas y mecanismos de evaluación, así como la articulación entre organismos educativos, áreas de gobierno, salud, seguridad, municipios, comunas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

En sus fundamentos, el proyecto sostiene que, si bien Entre Ríos cuenta con antecedentes normativos que incorporaron la Educación Vial al sistema educativo, resulta necesario “dotar a esa política de nuevas herramientas para asegurar su implementación efectiva y homogénea en todo el territorio”.

Asimismo, concibe la educación vial como una “dimensión de la formación ciudadana que trasciende el conocimiento de las normas de tránsito y apunta a desarrollar conductas responsables, comprender los riesgos y proteger la vida propia y ajena”.

El expediente cuenta con estado parlamentario y será analizado por las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Comunicaciones y Transporte, ámbitos en los que podrá recibir aportes, modificaciones y avanzar en el tratamiento legislativo. (APFDigital)