Reforma de Salud Mental: El Gobierno abre una ronda de consultas con las provincias

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comenzó una ronda de reuniones con autoridades sanitarias nacionales y provinciales para avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. El objetivo del oficialismo es recoger observaciones de las distintas jurisdicciones y avanzar hacia un texto que reúna consensos antes de continuar con el tratamiento parlamentario.

Los encuentros comenzaron este lunes bajo modalidad virtual, con la participación de los ministros de Salud de CABA, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. La agenda continuará este martes por la mañana con representantes de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones.

Por la tarde será el turno de las restantes jurisdicciones. Bullrich participará de una reunión con representantes nacionales y autoridades de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja. La ronda apunta a incorporar la mirada de las provincias sobre una reforma que tendrá impacto directo sobre los sistemas sanitarios locales.

Reforma de Salud Mental: en qué consiste la modificación de la Ley 26.657

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso mediante el Mensaje 108/26 y comenzó a ser analizado en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. La apertura del debate estuvo a cargo de funcionarios vinculados con el área de Salud Mental del Ministerio de Salud.

Luego se realizaron dos jornadas de exposiciones con especialistas y representantes de distintos sectores. Según informó el oficialismo, participaron más de 70 expositores, entre especialistas, organizaciones de familiares de pacientes, asociaciones profesionales, funcionarios provinciales, trabajadores de la salud mental, funcionarios judiciales y especialistas en derecho civil y sanitario.

El tratamiento también incluyó reuniones con senadores de los distintos bloques. Desde el entorno de Bullrich señalaron que la presidencia de la Comisión de Salud tomó contacto con los despachos de los legisladores que integran el cuerpo o que manifestaron interés en realizar observaciones al proyecto. Esos aportes fueron incorporados a la versión que actualmente se encuentra bajo análisis.

Desde el oficialismo sostienen que el texto busca convertirse en una propuesta de consenso entre los distintos bloques y las provincias. Entre los cambios incorporados aparecen modificaciones vinculadas con los derechos y garantías, con la incorporación de acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria como piso federal.

En materia de derechos de los pacientes, la propuesta incorpora un nuevo inciso a la Ley de Derechos del Paciente referido a las directivas anticipadas. De esta manera, se contempla expresamente la posibilidad de que una persona pueda consentir o rechazar determinados tratamientos por adelantado.

La reforma también introduce modificaciones en el abordaje y en la conformación de los equipos interdisciplinarios. El texto contempla que su integración se determine de acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos de cada jurisdicción y explicita el uso de la teleconsulta como herramienta para ampliar la cobertura territorial.

La discusión sobre las internaciones constituye otro de los capítulos centrales de la reforma y forma parte de los puntos que continúan bajo análisis en el Senado. El oficialismo busca avanzar con modificaciones al régimen vigente y, al mismo tiempo, incorporar los aportes realizados durante las jornadas de comisión y las consultas con las distintas jurisdicciones.

Las críticas al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

Uno de los principales cuestionamientos apunta al cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental. La Ley 26.657, sancionada en 2010, estableció un modelo orientado a la atención comunitaria y a la sustitución progresiva de los hospitales psiquiátricos monovalentes por una red de dispositivos integrados al sistema general de salud. Desde organizaciones especializadas sostienen que el proyecto del Ejecutivo flexibiliza ese esquema y podría favorecer un retorno de lógicas asociadas al modelo manicomial.

La Asociación Argentina de Salud Mental, por ejemplo, expresó su rechazo al proyecto y sostuvo que algunas de las modificaciones propuestas “destruyen la red comunitaria”, generan confusión y restringen derechos. La entidad también cuestionó que la iniciativa excluya a usuarios de servicios de salud mental del Órgano de Revisión, un organismo creado precisamente para controlar el respeto de los derechos de las personas internadas.

En la misma línea se pronunció la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que elaboró un informe técnico sobre el proyecto. La organización planteó que la reforma implica un retroceso respecto del modelo de derechos humanos que inspiró la legislación vigente y cuestionó que se debilite la obligación estatal de construir una red comunitaria de atención. Para ACIJ, la modificación podría terminar fortaleciendo nuevamente el hospital psiquiátrico como dispositivo central de atención.

La cuestión presupuestaria aparece como otro de los ejes de la controversia. Entre las modificaciones cuestionadas se encuentra la eliminación del piso presupuestario específico para salud mental contemplado por la normativa vigente. Quienes rechazan la reforma advierten que eliminar esa referencia puede debilitar el financiamiento de políticas y dispositivos que todavía presentan dificultades de implementación.

El presupuesto es, además, uno de los argumentos utilizados para explicar por qué algunos sectores consideran insuficiente modificar la ley sin garantizar recursos. La discusión no pasa solamente por el texto normativo, sino por la capacidad efectiva de los sistemas de salud para sostener equipos profesionales, dispositivos comunitarios, tratamientos ambulatorios y alternativas a las internaciones prolongadas.

Otro foco de preocupación está puesto en el mayor peso que la reforma otorgaría a la psiquiatría dentro de los equipos de atención. Los críticos sostienen que ese enfoque podría afectar el carácter interdisciplinario que plantea la legislación vigente y desplazar otras disciplinas vinculadas con el abordaje integral de la salud mental, publicó Ámbito. (APFDigital)