Proponen eximir a monotributistas sobreendeudados del pago por un año del 100% del impuesto a los Ingresos Brutos

Un  proyecto de ley que ingresó el miércoles 19 al Senado entrerriano se presentó como “una respuesta legislativa urgente y necesaria ante la crítica situación económica que atraviesa un sector fundamental de las actividades económicas de nuestra provincia: los pequeños contribuyentes”.

Se trata de un proyecto que propone “una exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en favor de las personas humanas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) que se encuentren en situación de sobreendeudamiento, en los términos y condiciones previstos en la presente ley”.

Requisitos

Para acceder el régimen, las personas deberán “estar inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y revistar en las Categorías A, B o C; contar con domicilio fiscal en Entre Ríos con una antigüedad no inferior a seis meses al momento de la solicitud; acreditar una situación de sobreendeudamiento conforme la definición establecida en el artículo 3° de la presente ley; no encontrarse alcanzadas por otras exenciones totales o parciales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que recaigan sobre el mismo contribuyente y por la misma actividad, conforme lo previsto en el artículo 7°”.

Más del 40% del ingreso es “situación de sobreendeudamiento”

Como “situación de sobreendeudamiento” se consideró a la que se presenta “cuando el monto total de las cuotas mensuales correspondientes a obligaciones financieras exigibles represente más del 40% del ingreso bruto promedio mensual obtenido por el contribuyente”. Se añadió que “el ingreso bruto promedio mensual se calculará sobre la base de los meses transcurridos del período fiscal correspondiente al momento de la solicitud, o sobre el promedio de los últimos meses inmediatos anteriores, el que resulte más favorable al contribuyente”.

Estado de sobreendeudamiento

El autor del proyecto, el diputado peronista Juan Pablo Cosso, del Departamento Villaguay, contextualizó que “la realidad financiera actual ha derivado en un estado de sobreendeudamiento para miles de familias entrerrianas que, inscriptas en las categorías A, B y C del Monotributo, ven comprometida la sostenibilidad de sus tareas independientes al tener que destinar más del 40% de sus ingresos brutos mensuales al cumplimiento de obligaciones crediticias”.

Por ello, propone “una exención extraordinaria y excepcional del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que no solo abarca el tributo directo sino también anticipos, retenciones y percepciones, garantizando un alivio financiero real y efectivo durante un plazo de doce meses”.

Cosso entendió que el proyecto de ley “surge como una respuesta legislativa urgente y necesaria ante la crítica situación económica que atraviesa un sector fundamental de las actividades económicas de nuestra provincia: los pequeños contribuyentes”.

Profunda sensibilidad

También destacó que “la iniciativa se distingue por su profunda sensibilidad hacia la realidad del contribuyente, permitiendo que el cálculo del umbral de endeudamiento se realice sobre el promedio de ingresos más favorable, ya sea el del periodo fiscal en curso o el de los últimos seis meses, evitando así que la estacionalidad propia de ciertas actividades actúe como una barrera para acceder al beneficio”.

También precisó que “la norma reconoce la complejidad del sistema crediticio local al incluir explícitamente en el cómputo de deudas a las ayudas económicas otorgadas por cooperativas y mutuales, actores centrales en el financiamiento de los pequeños emprendedores de Entre Ríos”.

Plazos perentorios

El proyecto contempla fijar “plazos perentorios de 30 días para que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) resuelva las solicitudes, introduciendo la figura del silencio administrativo positivo para asegurar que la burocracia no detenga el auxilio estatal”.

Consideró que aquella “visión operativa se complementa con un mandato de accesibilidad territorial que obliga a la autoridad de aplicación a articular mecanismos de recepción de trámites con municipios y comunas, eliminando las distancias geográficas como impedimento para el ejercicio de este derecho”.

Sanciones para evitar el fraude

Finalmente, el proyecto consignó que “la propuesta garantiza la transparencia y el control público mediante un régimen de sanciones para evitar el fraude y la obligación del Poder Ejecutivo de remitir informes semestrales a esta Legislatura detallando el impacto fiscal y la evolución del programa”.

Aasí, señaló que “a través de una cláusula transitoria que permite la admisión provisoria de solicitudes incluso antes de la reglamentación, se asegura que la voluntad política de acompañar a los sectores más vulnerables se traduzca en una eficacia normativa inmediata, promoviendo la recuperación de quienes constituyen el motor diario de la economía provincial”. (APFDigital)