Diputados de distintos bloques expresaron su preocupación por “la grave situación sanitaria” de 14.300 afiliados del PAMI en Concordia

Los diputados Enrique Cresto, Más para Entre Ríos; Marcelo López, Alianza Juntos por Entre Ríos; y Liliana Salinas, Partido Conservador Popular, expresaron mediante un proyecto de resolución que ingresó este viernes a la Cámara de Diputados, su “profunda preocupación” y “más enérgico rechazo” ante la grave situación sanitaria que se presenta para miles de afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en Concordia ante la finalización del convenio entre el organismo y el Sanatorio Concordia, que finalizará el 1º de septiembre.

Sanatorio Concordia dejará de atender a afiliados de PAMI

Los legisladores exhortaron “al Director Ejecutivo Nacional del PAMI y a las autoridades de la Unidad de Gestión Local XXXIV a adoptar, con carácter inmediato y antes de la finalización del convenio, todas las medidas administrativas, contractuales y presupuestarias necesarias para: a) Restablecer y garantizar la prestación integral de internación en la ciudad de Concordia. b) Asegurar la continuidad de las cirugías programadas, incluidas las intervenciones oncológicas. c) Garantizar la continuidad de los tratamientos oncológicos, cardiológicos y de toda prestación de alta complejidad. d) Designar prestadores con capacidad suficiente dentro de la ciudad, evitando traslados innecesarios fuera de Concordia. e) Garantizar la atención por guardia, especialistas, diagnóstico, internación y rehabilitación sin interrupciones, demoras ni restricciones”.

También requirieron que se inste al PAMI “a implementar de manera inmediata un plan sanitario de contingencia para Concordia, con información pública, precisa, accesible y permanente, que determine los establecimientos de atención e internación, la continuidad de las cirugías y tratamientos, los mecanismos de derivación y traslado, la disponibilidad real de camas y especialistas y los canales de atención para las personas afiliadas y sus familias”.

El proyecto alertó que “también quedarán suspendidas las cirugías programadas, incluidas las oncológicas. La respuesta transitoria sería trasladar la atención hacia los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras, que ya trabajan bajo una elevada demanda” y añadió que “derivar repentinamente a miles de afiliados sin incorporar camas, profesionales, equipamiento y financiamiento adicional podría provocar una saturación todavía mayor del sistema público”.

Los fríos números

Ante la falta de capacidad local, los legisladores entendieron que “los pacientes deberán ser trasladados a otras ciudades. Esto significa alejarlos de sus familias y obligarlos a afrontar gastos de alojamiento, alimentación y movilidad. Actualmente, según los valores informados, PAMI reconoce la totalidad de los pasajes, pero otorga solamente $20.000 por noche para alojamiento, $10.000 diarios para alimentación y $1.500 por día para movilidad, con un máximo de $15.000 mensuales”.

Aquellos números adquieren otra dimensión más acuciante, según se entendió, “cuando el traslado comprende a dos personas, reconoce $25.000 por noche para alojamiento y $20.000 diarios para alimentación; y, en los casos excepcionales en que se autoriza la asistencia de tres personas, $28.000 por noche para alojamiento y $25.000 por día para alimentación”.

En aquella línea se entendió que los montos “resultan claramente insuficientes frente a los costos reales de una estadía fuera de Concordia, especialmente cuando se trata de internaciones o tratamientos prolongados. Ninguna familia debería endeudarse ni utilizar sus propios recursos como consecuencia de una derivación ocasionada por la falta de prestadores del Instituto”.

Ante aquel escenario, se propuso que “los recursos que PAMI destinaba al pago de la cápita y los incentivos del Sanatorio Concordia deben continuar aplicándose a garantizar la atención de sus afiliados en nuestra ciudad. No pueden quedar inmovilizados ni ser absorbidos por la administración central”.

Así, se entendió que “la responsabilidad del PAMI no termina con comunicar la finalización de un convenio. Tiene la obligación de garantizar prestaciones sanitarias integrales, continuas y accesibles, sin trasladar sus responsabilidades al sistema público provincial”.

Los diputados y la diputada destacaron: “No podemos permitir que nuestros jubilados deban peregrinar por hospitales saturados, viajar cientos de kilómetros para internarse o suspender una cirugía por falta de previsión. Quienes trabajaron y aportaron durante toda su vida merecen una atención médica digna. La situación exige una respuesta inmediata”, finalizaron.

El proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo Provincial “a gestionar ante el PAMI el financiamiento o reintegro de todo refuerzo extraordinario que la Provincia de Entre Ríos deba destinar a esta contingencia, evitando trasladar al sistema público provincial las consecuencias económicas de una responsabilidad asistencial correspondiente al organismo nacional”.

También convoca “a los legisladores nacionales por Entre Ríos, autoridades provinciales y municipales, representantes de las personas jubiladas y pensionadas, prestadores sanitarios e instituciones vinculadas a conformar una mesa de emergencia destinada a procurar una solución inmediata, integral y permanente”. (APFDigital)