Dádivas en Vialidad: Hacen lugar a la apertura de celulares y computadoras de dos empresarios sospechados

La jueza de Garantáis de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso este miércoles la apertura de los celulares y computadoras que fueron secuestradas en allanamientos que se realizaron en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar si existió una organización conformada por empleados de la Dirección Provincia de Vialidad (DPV) y empresarios para acceder a licitaciones públicas en el organismo, sustrayendo importantes sumas de dineros públicos con sobre precios en compras de repuestos, reparaciones de vehículos y otros ítems solicitados en las compulsas de precios.

Así, la jueza hizo lugar al pedido formulado por el fiscal, Gonzalo Badano, “en el marco del legajo N.º 299113 caratulado “NN s/Fraude a la Administración Pública (denuncia Donda Exequiel Matías)” de acceder a información contenida en los celulares y computadoras secuestradas a Jorge Luis y Miguel Elmer, padre e hijo, en el allanamiento en calle Chacho Peñaloza y en Avenida Churruarín, sede de la firma Elmer Repuestos; y al un celular, CPU y gabinete secuestrados a Horacio Alfredo Fernández en Avenida Olivera, en la sede de Equivial Sudamericana, en CABA.

Barbagelata ciñó la medida al período comprendido entre el 13 de marzo de 2021 hasta el 11 de agosto de este año, cuando se realizaron los allanamientos y secuestros. Tambiñen resaltó que no se trata de una medida que corrobore la hipótesis acusatoria, añadiendo que se trata de una medida para acceder a información que podría brindar información sobre los vínculos con los hechos investigados.

En la audiencia del lunes 31 de agosto, Fiscalía precisó el nuevo hecho y sostuvo la necesidad del organismo de acceder a información contenida en los mencionados dispositivos porque podría surgir información sobre los vínculos entre funcionarios y empresarios que se habrían beneficiado con un “plan sistemático” de sobreprecios, retornos e información privilegiada para acceder a licitaciones en el organismo, que son el motivo de la causa que investiga el presunto delito de Fraude a la Administración Pública por un supuesto “plan sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas, concebido y ejecutado desde el Departamento I Suministros Dirección Provincial de Vialidad (DPV)” en el período 2019-2025.

Barbagelata consideró los mensajes que exhibió el fiscal en la audiencia del lunes 31 que darían cuenta del plan sistemático entre funcionarios y empresarios y sostuvo que “dio razones de peso para solicitar la medida”. También entendió que no se trata de una medida que signifique una indebida invasión a la intimidad de las personas puesto que se solicitó por un plazo que es parte de la hipótesis fiscal y estrictamente ceñido a las personas y hechos bajo sospecha. (APFDigital)