Coimas en Vialidad: La defensa de tres empresarios sigue oponiéndose a la apertura de celulares y computadoras y Fiscalía presentó nuevos hechos

El defensor público, Fernando Callejo, volvió a insistir este vienes en la oposición a la apertura de los celulares y computadoras secuestradas en los allanamientos que se realizaron el 10 de agosto de este año en la empresa Elmer SRL, en Paraná, y en Equivial Sudamericana, en CABA, Buenos Aires, en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar si una supuesta “asociación ilícita” direccionaba y acordaba licitaciones en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a favor de empresarios que sobrevaloraban los renglones de las licitaciones que les interesaban y eran previamente acordados, para que los funcionarios del organismo se cobraran aquellos sobreprecios como coimas, retornos o dádivas.

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Cánepa, tras escuchar atentamente las posiciones de las partes, dispuso un cuarto intermendio para analizarlas y dar a conocer su resolución, la que se conocerá en el plazo de Ley.

Callejo consideró que la resolución que la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dictó el miércoles 2 de septiembre fue “arbitraria y contraria a normas constitucionales” como el derecho de defensa y de protección a la privacidad e intimidad de las personas, y que careció de fundamentos. En este sentido, sostuvo que la decisión causa “un gravamen irreparable” a sus asistidos. Callejo asiste a los empresarios de Paraná, Jorge Luis Elmer hijo y Miguel Elmer padre, y a Horacio Fernández, de CABA, Buenos Aires.

Callejo reiteró que Miguel Elmer no tiene nada que ver con los hechos investigados e insistió en que las computadoras que se pretende abrir para extraer información y fueron secuestradas en el allanamiento a los Elmer, en calle Churrurarin, comprende dos CPU que no forman parte del relato del hecho intimado y serían propiedad de una nueva firma, Elmer SRL, que comenzó a operar en mayo de 2025. El defensor destacó que la denuncia que realizó el actual director de la DPV, Exequiel Matías Donda, sobre Fraude a la Administración Pública, comprende el período 2019-2024.

El defensor refirió que el secuestro de los dos CPU, que sostiene no tienen relación con el hecho, le causó a la firma complicaciones para operar que no pudieron ser superadas aun con la adquisición de nuevas computadoras. Así, instó el rechazo de la apertura y que se disponga la devolución de los dos aparatos y reiteró que no se opone a la apertura de otra computadora que sí está comprendida en el período sometido a investigación.

El fiscal Gonzalo Badano, pidió el rechazo del recurso de la defensa y la ratificación en todos sus términos, de la decisión de Barbagelata, de la que expresó que se trata “de un acto válido, fundado, sin arbitrariedades, que respondió a cada uno de los planteos”.

Nueva apertura de causa

El fiscal aprovechó la audiencia para informar que el jueves a las 20 se procedió a una nueva apertura de causa en función de que se detectaron nuevas licitaciones sometidas a sospecha. En sostén de su oposición al recurso y la confirmación de las medidas, informó que entre las nuevas licitaciones detectadas se encuentran una serie importante celebradas por la firma de la familia Elmer, destacando que algunas datan de 2020.

Así, defendió la resolución de la jueza porque resaltó que lograr acceder a la información contenida en los dispositivos informáticos, permitiría determinar si hubo participación de otras personas, firmas y funcionarios, en la modalidad que se investiga de direccionamiento de las licitaciones.

Así, los nuevos hechos implicaron la modificación del hecho que investiga un presunto “plan sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas, concebido y ejecutado desde el Departamento I Suministros Dirección Provincial de Vialidad (DPV), desplegado de modo continuo y con reparto estable de roles desde, al menos, el mes de septiembre de 2019 y hasta 2025, mediante el cual funcionarios públicos de esa repartición, en connivencia con un grupo recurrente de proveedores, sustrajeron los procedimientos de contratación a las reglas de la Ley de Contabilidad Pública Nº 5140 y su decreto reglamentario, fijaron artificialmente los precios por encima de los valores de mercado y acordaron el pago de dádivas con los empresarios” que habría ocasionado “un perjuicio patrimonial a la administración pública provincial cuya cuantía total se encuentra en proceso de determinación”. El fiscal aportó que solo en concepto de repuestos para máquinas y vehículos, el monto actualizado arrojó la suma de $600.000.000.

La referencia a nuevos hechos fue advertida por la defensa, que cuestionó que el fiscal introdujo en la audiencia información que no era parte de los agravios que se formularon y que se acotaban a la resolución de la jueza de Garantías.

Badano precisó que la primera audiencia de la investigación versó sobre cinco licitaciones, las que a partir de la apertura de los celulares de los primeros sospechosos se amplió a 16 contrataciones y después a 23, lo que abrió la hipótesis de que se estaba de cara a una organización “mucho más grande”.

El fiscal también reiteró el peso que tienen en el legajo los mensajes que se recabaron y dan cuenta de cómo funcionarios de la DPV y empresarios, y entre estos entre sí, acordaban qué licitaciones se quedaría cada uno y los renglones de las mismas que eran del interés de cada firma según la especialidad.

También recordó que se investiga a empresarios que proveían repuestos para máquinas y camionetas del organismo, que los adquirían en locales comerciales de reconocida trayectoria en Paraná, que eran facturadas con sobreprecios muy superiores a los de mercado, considerando además que se trataba de empresarios que supuestamente estaban en condiciones de presentar ofertas convenientes para ambas partes y congruentes con las del mercado.

Los funcionarios

El supuesto “plan sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas, concebido y ejecutado desde el Departamento I Suministros de la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos, tiene como sospechados a los funcionarios Ignacio Difiori, jefe del Departamento I Suministros y máxima autoridad del área; Julián Gervasoni, jefe del Departamento II Gestión de Contrataciones; Raúl Caraballo, jefe del Departamento II Técnico, y Natalia González, 2ª Jefa del Departamento II Técnico.

Particulares

"Del lado privado", la acusación mencionó “un núcleo recurrente de proveedores se encontraba compuesto por Gustavo Meynet, de Agrovial Paraná; Hernán Acevedo, de HA Repuestos (N de la R: accedió voluntariamente a la apertura de su celular); Emilio Darío Schonhals, de Entre Ríos Vial Agro SRL; Horacio Fernández, de Equivial Sudamericana SA; Roberto González, de Arcrosa SA: Miguel Elmer y Jorge Elmer, de Elmer Repuestos; Diego Gómez, de la Cooperativa de Trabajo del Centro Ltda. y Daniel Forlin.