Diputados de Concordia piden la presencia “urgente” de funcionarios nacionales por la situación de la Planta Potabilizadora de Agua local

Un proyecto de resolución que ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados de la provincia insta “al Poder Ejecutivo Nacional, a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y a los organismos nacionales competentes que, con carácter urgente, dispongan la presencia in situ de funcionarios y equipos técnicos en la obra de la Nueva Planta Potabilizadora de Agua de la ciudad de Concordia, a fin de constatar su estado actual, las condiciones de conservación de la infraestructura y del equipamiento, las tareas pendientes y las medidas necesarias para garantizar su inmediata reactivación, finalización y puesta en funcionamiento”.

El pedido se contextualiza en la prolongada paralización de la importante obra que cuenta con un 93% de ejecución. El autor del proyecto, Enrique Cresto, que contó con el acompañamiento de su colega y coterránea, Silvia Ávila, destacó que “la Nueva Planta Potabilizadora de Agua de Concordia constituye una obra de carácter estratégico para la ciudad, destinada a ampliar la capacidad de producción, transporte y distribución de agua potable y a resolver problemas históricos de presión y caudal que afectan a distintos sectores de la población”. Añadió que “se trata de una infraestructura de enorme magnitud que comprende una nueva planta potabilizadora, toma de agua sobre el río Uruguay, cisternas, estaciones de bombeo, acueductos y redes de distribución”.

El pedido al Gobierno Nacional también lo insta a confeccionar un “informe actualizado sobre el estado administrativo, contractual y financiero de la obra; las obligaciones pendientes; el equipamiento electromecánico, eléctrico y tecnológico faltante; el estado de las garantías; los trabajos que restan ejecutar y el cronograma previsto para su reactivación, culminación y puesta en funcionamiento”.

Cresto detalló que “el proyecto contempla aproximadamente 21 kilómetros de acueductos y 16 kilómetros de redes de distribución, aproximadamente 37 kilómetros de cañerías que se encuentran bajo la tierra de la ciudad de Concordia, además de las instalaciones complementarias necesarias para su funcionamiento”.

Paralización por evidente falta de voluntad política

Entendió que “la obra, que representa una inversión pública de enorme importancia y que fue concebida para beneficiar a cientos de miles de habitantes, actualmente se encuentra paralizada con un avance de aproximadamente el 93 por ciento, pese a encontrarse próxima a su culminación. Esta paralización prolongada no es solo un problema técnico o contable, sino una evidente falta de voluntad política y de gestión”.

Entre el dicho y el hecho

El legislador y referente del peronismo concordiense precisó que “en reiteradas oportunidades hemos escuchado anuncios y declaraciones públicas que terminaron convirtiéndose en meras promesas incumplidas” y cuestionó que “la brecha entre el discurso político y la realidad in situ genera una profunda frustración en la comunidad de Concordia, que sigue sufriendo la escasez de un servicio vital mientras observa cómo una inversión multimillonaria se deteriora en la inacción”

Cresto analizó que “a la gravedad del cuadro técnico y social se suma el inminente riesgo financiero y administrativo asociado al esquema de financiamiento internacional de la obra, ejecutado originalmente bajo el programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” y precisó que “la operatoria de este organismo exige no solo una rigurosa ejecución de la contrapartida local y el cumplimiento estricto de las curvas de inversión, sino que condiciona sus desembolsos a la medición y certificación periódica de los trabajos efectivamente realizados in situ”.

Riesgo

En tal contexto, Cresto y Ávila consideraron que “por ende, la paralización del proyecto durante tres años frena el flujo de los fondos comprometidos y expone al Estado a la caducidad del plazo límite de desembolso del préstamo, abriendo la posibilidad real de perder los recursos asignados para cubrir el 7 por ciento restante de la obra”.

También sostuvieron que “resulta inadmisible que, contando con un financiamiento multilateral aprobado que solo requiere gestión, control y decisión política para liberar sus certificados, se ponga en riesgo la culminación del proyecto por mera inacción administrativa, postergando indefectiblemente el acceso al agua potable para la ciudad de Concordia”.

Preocupación por el estado de la obra

Para los legisladores la situación “resulta particularmente preocupante debido al tiempo que lleva detenida — tres años— y a que permanecen pendientes componentes fundamentales para su puesta en funcionamiento, especialmente aquellos vinculados con la instalación y puesta a punto del equipamiento electromecánico, eléctrico y tecnológico”.

Añadieron que “el paso del tiempo sobre una obra de estas características genera además una preocupación concreta respecto del estado de conservación de los equipos, materiales e instalaciones y de las garantías correspondientes, cuya vigencia y alcance deben ser determinados con precisión por los organismos responsables”. (APFDigital)