Tras las advertencias del Gobierno, Halliburton se bajó del proyecto Sea Lion en Malvinas

Halliburton, una de las principales firmas que proveen tecnología, equipos y personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes.

El anuncio respondió a un requerimiento directo del Gobierno argentino, que había planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta para las actividades en el territorio en disputa.

La compañía se comunicó con las autoridades argentinas. Ya el 5 de septiembre, tras la cadena nacional y la amenaza a las empresas que provean logística a las petroleras que operan en Sea Lion, su filial local había notificado que no participaría en proyectos en Malvinas.

La declaración se conoce después de que el presidente Javier Milei intensificara la reivindicación argentina sobre las islas, con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.

Una ofensiva con varios frentes

En medio de la escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía y el control del petróleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo. Les advirtió que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

La advertencia ya había surtido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes difundieron comunicados en el mismo sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.

La presión judicial a las petroleras en Malvinas

La presión no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. El fallo se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales y reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum, entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas, por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley prevé para estos casos hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Suecia.  (APFDigital)