Juzgan a miembros del grupo de tareas de la ESMA por planificar y ejecutar un plan sistemático para despojar de sus bienes a personas secuestradas

El Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó a juzgar el miércoles 30 de septiembre a siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y a Eduardo Enrique Massera —hijo del represor y excomandante en jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera— por la planificación y ejecución de un plan sistemático destinado a despojar de sus bienes a personas secuestradas durante el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Los hechos, cometidos entre 1977 y 1981, tuvieron como víctimas a nueve personas.

Se encuentran imputados Jorge Eduardo Acosta, alias “el Tigre”; Alberto Eduardo González, alias “Gato”; Jorge Carlos Radice, alias “Ruger”; Juan Carlos Rolón, alias “Niño”; Juan Antonio Azic, alias “Piraña”; Adolfo Miguel Donda Tigel, alias “Palito”; y Ricardo Miguel Cavallo, alias “Sérpico”.

El tribunal está integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado, presidente del tribunal. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal Félix Pablo Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, junto con el auxiliar fiscal de esa dependencia, Mariano Donzelli.

En la primera audiencia se dio lectura a las partes pertinentes de los requerimientos de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal en las causas unificadas conocidas como “Chacras de Coria” y “Bienes Basterra”, precisó Fiscales.gob.ar.

La próxima audiencia se celebrará el 14 de octubre a las 10 y continuará con la lectura de las acusaciones. Una vez concluida esa etapa, el tribunal escuchará a los imputados que deseen declarar y posteriormente comenzarán las declaraciones testimoniales.

La asociación ilícita

En la causa “Chacras de Coria” se imputó a Acosta haber sido el organizador de una asociación ilícita integrada por Radice, Rolón, González y Massera, destinada a cometer diversos delitos contra el patrimonio de personas secuestradas y detenidas clandestinamente en la ESMA o de sus familiares.

Según la acusación, entre las maniobras desplegadas se encontraban la apropiación de bienes; la confección y utilización de documentación falsa para concretar los desapoderamientos; la utilización de falsas identidades para realizar operaciones de transferencia de dominio; la imposición de tareas obligatorias y no remuneradas a personas detenidas a disposición del Grupo de Tareas 3.3.2; el saqueo de las viviendas de las víctimas; y la creación y administración de inmobiliarias destinadas a dar apariencia de legalidad a los negocios ilícitos y a vender las propiedades obtenidas mediante el desapoderamiento de sus titulares.

Las tareas impuestas a los secuestrados podían incluir trabajos de refacción y reacondicionamiento de inmuebles, mantenimiento, contabilidad y actividades vinculadas con la administración y los negocios inmobiliarios. La acusación también señala la connivencia con inmobiliarias y escribanías para perfeccionar las maniobras.

El funcionamiento de la asociación ilícita se habría extendido, al menos, desde fines de 1976 hasta el período en que sus integrantes dejaron de desempeñarse en el Grupo de Tareas y la Unidad de Tareas 3.3.2, que operaban en la ESMA.

En el caso de Massera hijo, quien es abogado, la acusación sitúa su incorporación a la asociación ilícita a comienzos de 1977 y le atribuye intervención en la estructura jurídica y societaria utilizada para canalizar los bienes obtenidos mediante las maniobras del grupo.

Tras la desvinculación de Acosta, Radice y Massera habrían permanecido en la organización hasta, por lo menos, mediados de junio de 1981.

Entre las maniobras investigadas se encuentra la creación de sociedades destinadas a apoderarse de 25 hectáreas de inmuebles ubicados en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, que pertenecían a la sociedad Cerro Largo S.A.C.I.A. Sus accionistas —Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini— habían sido privados ilegítimamente de su libertad en enero de 1977 y recluidos en la ESMA.

Entre los delitos cometidos por la asociación ilícita se encuentra el desapoderamiento de un inmueble perteneciente a Jorge Carlos Muneta ubicado sobre la avenida Belgrano, la apropiación de un inmueble ubicado en la calle Besares, la inserción de datos falsos en la escritura traslativa del dominio de otra unidad de ese mismo domicilio de la calle Besares, transferido el 18 de octubre de 1978 a Juan Héctor Ríos —identidad utilizada por Radice—. Estos tres hechos involucraron propiedad ubicadas en la ciudad de Buenos Aires.

Además, en el debate se abordan los desapoderamientos sufridos por Nilda Noemí Actis Goretta de dos inmuebles ubicados en la ciudad de La Plata; de dinero y valores por 500.000 pesos que se encontraban en poder de Marcelo Camilo Hernández; de un vehículo marca Chevrolet perteneciente a Hugo Abraham Tarnopolsky; y de la biblioteca de Mercedes Inés Carazo, entre otros hechos.

Extorsiones y falsificación de documentos

El requerimiento de elevación a juicio de la causa “Chacras de Coria” también señala que la privación ilegítima de la libertad de Conrado Higinio Gómez estuvo orientada a obtener beneficios económicos por ante cualquier motivación encaminada a la persecución ideológica de la víctima. Mientras permanecía cautivo en la ESMA, integrantes de la asociación ilícita —entre ellos Acosta, Rolón, Radice y Cavallo— lo habrían obligado, mediante intimidación, a poner a su disposición diez caballos de carrera pura sangre.

En el mismo contexto, Acosta, Rolón, González, Radice y Cavallo habrían obligado mediante intimidación a personas vinculadas con Cerro Largo S.A.C.I.A. a poner a disposición de la asociación ilícita la documentación y el patrimonio de la sociedad, constituido por las 25 hectáreas de inmuebles ubicadas en Chacras de Coria.

Asimismo, siguiendo órdenes de Acosta y Radice, integrantes de la asociación habrían obligado a un grupo de detenidos-secuestrados a confeccionar documentación falsa destinada a acreditar la identidad supuesta de algunos miembros del Grupo de Tareas. Para ello, incluso se utilizaba un laboratorio de fotografía y fotomecánica que funcionaba dentro de la ESMA.

De acuerdo con la acusación, mediante esos documentos Radice sustituyó su identidad por la de Juan Héctor Ríos; Francies Whamond, por las de Federico Williams y Mario Rodríguez; Alejandro Spinelli Mentotti, por la de Felipe Pagés; Daniel Berrone, por la de Pascual Gómez; y Miguel Ángel Benazzi habría sustituido su identidad por la de Marcos Adolfo Hers. Los mencionados Whamond, Spinelli Mentotti, Berrone y Benazzi fallecieron.

Los documentos falsos habrían sido utilizados luego para concretar el desapoderamiento de bienes mediante la extorsión de sus titulares y distintas operaciones fraudulentas, entre ellas la incorporación en actas notariales de declaraciones falsas de los bienes de las personas detenidas.

Los bienes de la familia Basterra

Finalmente, en el requerimiento de elevación a juicio de la causa “Bienes Basterra” se imputó a Donda Tigel y Azic haber obligado mediante intimidación a Aída Lucinda Aguirre de Basterra, madre del secuestrado Víctor Melchor Basterra, a poner a disposición de la asociación un inmueble ubicado en Valentín Alsina, partido de Lanús.

Según la acusación, para concretar el desapoderamiento la mujer fue obligada a suscribir un poder especial irrevocable destinado a permitir la transferencia del dominio del inmueble. La operación se concretó el 9 de septiembre de 1980. (APFDigital)