Blanca Osuna cuestionó las respuestas del Gobierno sobre la contratación de Teknofood

La Carta completa:

"El 14 de agosto/26 presenté un Pedido de Acceso a la Información Pública (Ley 11.191) para conocer las razones, los antecedentes y las condiciones que justificaron la decisión de modificar el sistema de provisión de alimentos para desayunos y meriendas escolares y contratar a la empresa Teknofood, de capitales no entrerrianos.

Realicé preguntas concretas.

Sin embargo, cumplido el plazo, el gobierno contestó sin responder a los requerimientos. Las falsas respuestas ocultaron razones reales y dejaron vacíos sobre cuestiones centrales, sin acompañar fundamentos y documentación respaldatoria de afirmaciones.

Por esa razón, y en reconocimiento a la trascendencia pública del tema y a los derechos afectados de niñas y niños entrerrianos, es que considero mi responsabilidad hacer conocer la situación, ya que afecta a involucrados forzosos, alumnos, familias, docentes y también me afecta en mi condición de legisladora y ciudadana.

A renglón seguido, las consultas sin respuestas:

¿Qué estudios hizo su gobierno sobre el impacto en los proveedores locales?

El texto oficial no reconoce ningún estudio específico. A pesar de tratarse de una modificación que afecta economías locales y cerca de 1.200 comercios entrerrianos.

En su lugar, el mensaje menciona “alivios impositivos generales” para los comercios, sin precisar instrumentos o gestiones que puedan compensar la pérdida de una fuente concreta de ingresos para los pequeños comercios, provistos por vía de la venta de insumos alimentarios a las escuelas.

Gobernador, si se reemplaza la compra a proveedores locales por un sistema centralizado en manos de una empresa ajena a la provincia, pido explicaciones que debieran justificar la decisión y precisiones sobre las medidas adoptadas para resolver o, al menos, amortiguar su impacto sobre miles de personas. No obtuve ninguna de las dos.

¿Qué antecedentes se evaluaron sobre teknofood?

La respuesta simplemente menciona contrataciones anteriores sin incorporar evaluaciones de esos distritos/provincias y evita informar si hubo sanciones, incumplimientos u observaciones, que sabemos que sí las hubo. Tampoco acompaña la documentación respectiva, tal como la he solicitado.

¿Cuánto es el costo de la provisión de alimentos provistos por teknofood?

En primer lugar, fue la ministra Berisso quien explicó a distintos medios que el presupuesto anual 2026 para desayunos y meriendas era de $22.000 millones; luego, el director de Comedores comunicó un presupuesto de $42.669.617.445 para 2026. Sin embargo, la adjudicación a Teknofood alcanza los $101.726.784.000 para los ciclos 2026 y 2027. Si la razón es la economía del Estado, no se entiende qué valor o parámetro indica semejante inflación aplicada.

La información vertida no da cuenta de la justificación de la diferencia entre el presupuesto inicial ofrecido por la ministra con competencia y el monto adjudicado. Tampoco refiere a la desagregación entre alimentos, empaque, almacenamiento, depósito, transporte y otros servicios. Solo refiere al valor de $1.600 por ración, de los cuales $320 son costos “logísticos”.

En ningún lugar hay referencia justificatoria del “esfuerzo económico que el Gobierno decidió asumir”, tal como lo dice su nota. ¿En qué consiste el esfuerzo?

¿Qué ventajas tiene el modelo centralizado y qué pasa con la autonomía de las escuelas?

El texto sostiene que el cambio se limita a la modalidad de “abastecimiento de alimentos” y permite “liberar” a los equipos directivos de esa tarea, con el argumento de que puedan concentrarse en la enseñanza. Tampoco [se informa] si se realizó consulta a docentes sobre esta y otras cuestiones conexas.

Que las escuelas puedan atender las necesidades alimentarias de su comunidad también forma parte de la política educativa, más allá de que operativamente la administración de Comedores no esté a cargo del Consejo de Educación. No es una tarea ajena a la educación generar condiciones saludables para aprender: decidir qué alimentos se ofrecen, promover hábitos saludables, responder a las necesidades de cada comunidad educativa, considerar situaciones particulares del número de alumnos afectados por desnutrición, diabetes, enfermedades metabólicas, entre otras. Todo ello está vinculado con el derecho a la educación, la salud y el aprendizaje, y es también un espacio de socialización y convivencia.

¿Qué problemas concretos detectó en el funcionamiento del sistema de comedores escolares vigente?

Consulté cuántas escuelas fueron evaluadas, qué seguimiento se realizó y qué docentes y directivos participaron de ese proceso antes de decidir el cambio.

El Gobierno afirma que el diagnóstico se concentró en “el componente nutricional y la carga administrativa”. Pero no se acompaña justificativo alguno que corrobore ni consultas a docentes, a especialistas, a colegios profesionales, ni precisiones respecto a la calidad de los alimentos. Tampoco el apego a lo dispuesto por normas nacionales ni provinciales vigentes en la materia.

Respecto a la llamada “carga administrativa”, su referencia no está acompañada de ninguna razón o información que la justifique o respalde. Afirmar que los documentos están “disponibles para consulta” no equivale a responder un pedido de acceso a la información pública. Por el contrario, es un comentario de evasión lisa y llana.

¿Cuál es la evidencia científica que respalda los parámetros nutricionales de teknofood?

La respuesta sostiene que los parámetros nutricionales están establecidos en un pliego. El pliego no fue adjuntado y se limita a mencionar que “los mínimos promedio diarios son de 284 kcal de energía, 8 g de proteínas, 200 mg de calcio, 1,4 mg de hierro, 1 mg de zinc y 75 microgramos de vitamina A”. ¿Considera que esos datos son evidencia científica suficiente para justificar la inclusión de alimentos ultraprocesados en las raciones escolares?

Se cita como respaldo supuestos antecedentes y recomendaciones de distintas instituciones, pero ninguno de esos documentos, si es que existen, fue remitido. ¿Por qué no se adjuntan y se ponen a disposición para poder verificar y evaluar los criterios que sustentaron la decisión?

A esto se suma una cuestión metodológica: los valores nutricionales informados se calculan sobre promedios generales, sin explicar cómo se contemplan las diferencias entre estudiantes de distintas edades y etapas de desarrollo.

Gobernador, ¿realmente cree que la “homogeneidad” es un valor en sí mismo y garantiza por sí sola una alimentación nutritiva, saludable y adecuada para nuestros niños y niñas? La alimentación escolar no puede reducirse a un promedio de calorías como si todos los niños fueran idénticos.

¿Qué solución concreta está prevista para almacenar, conservar y resguardar los productos que teknofood entregue en cada escuela?

Según lo recibido, el pliego establece que los mecanismos para la entrega, recepción, conservación y control de los alimentos serán en cada establecimiento educativo.

Lo preguntamos justamente porque una cosa es lo que establece el pliego; otra muy distinta, las realidades de cada establecimiento educativo en materia de lugar apropiado y de seguridad.

Además, no responde qué parte del costo logístico, reconocido genéricamente, le corresponde al establecimiento escolar que deberá receptar, resguardar y mantener durante un mes los productos entre cada entrega, a su propio riesgo.

¿O su Gobierno solo reconoce el denominado «costo logístico» cuando se trata de la empresa?

En síntesis: no recibí respuestas que esclarezcan razones y fundamentos respecto a la decisión adoptada en materia de desayunos y meriendas para más de 950 escuelas ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.

Lo que sí queda claro es que esta iniciativa gubernamental se realizó de espaldas a la comunidad educativa y en contrario a leyes vigentes que regulan la calidad alimentaria.

El envío recibido a modo de pseudocontestación nos permite concluir que la salud de los niños y niñas no es prioridad en esta decisión.

No es bueno aplicar a los cambios una justificación que implique un ajuste en la calidad para los chicos y, al mismo tiempo, un dispendio de gasto público para con una empresa.

Es poco serio utilizar uno o dos sumarios administrativos por irregularidades para emprender un cambio que afecta a menores —a quienes el Estado debe cuidar—, atado con alfileres y con intereses no muy claros.

Si la centralización mejora la alimentación, queremos saber los fundamentos certeros que lo demuestran.

Si Teknofood fue seleccionada sobre la base de antecedentes que acreditan su idoneidad, queremos conocerlos.

Si se va a incrementar notablemente el gasto por desayunos y meriendas de 170.000 estudiantes (de $22.000 millones a $101.000 millones), queremos saber exactamente con qué mejoras científicamente fundadas se corresponden. Y también cuáles son los recursos que se van con ventajas a otro lugar que no es el nuestro, afectando trabajo, ingresos y producción local.

La transparencia se demuestra. Cuestión que en este caso se evita premeditadamente, infringiendo la Ley N.º 11.191 de Acceso a la Información Pública, que su Gobierno impulsó y que establece que la información debe brindarse de manera completa, tal como indica el art. 11.

Seguiremos de cerca los resultados y las conclusiones adoptadas por la mesa interinstitucional y el consejo consultivo convocados ante este grave problema, desatado por la decisión que se adoptó y su trascendencia pública. Sus integrantes deben saber que estamos atentos a su actuación y confiamos en la honestidad de sus aportes, siempre y cuando muestren apego a criterios que tanto quienes han acudido en reclamo a la justicia como las resoluciones respectivas de la autoridad judicial han hecho públicos.

Gobernador, tenemos derecho a conocer razones, estudios, antecedentes y los costos de las decisiones que toma su Gobierno.

Como ya lo hemos dicho, está en juego la vida y salud de miles de niños y niñas.

Fui, como corresponde, en busca de esas respuestas y lamento por Ud. que me devuelva un fraude”, concluyó Osuna. (APFDigital)