Diputados retoma el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía, sin dictamen a la vista

La Cámara de Diputados volverá a discutir este miércoles en comisiones el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno, en un contexto marcado por cuestionamientos opositores y crecientes pedidos de modificaciones que también alcanzan a sectores aliados del oficialismo. La falta de consensos hace improbable que la iniciativa logre avanzar hacia la firma de dictámenes en esta nueva instancia.

El plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15 y dará continuidad a una discusión que comenzó a fines de septiembre. Aquel primer encuentro estuvo atravesado por fuertes cruces políticos y culminó en medio de acusaciones y enfrentamientos verbales entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

La semana pasada, en cambio, el debate transcurrió en un clima más ordenado y contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que expusieron objeciones al proyecto oficial. Durante esa jornada, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió la propuesta del Poder Ejecutivo y sostuvo que el objetivo es adecuar el sistema de defensa y seguridad frente a nuevas amenazas externas, publicó Parlamentario.

Mientras continúan las discusiones, el oficialismo decidió quitar el proyecto del temario de la sesión prevista para el 21 de octubre. La decisión, impulsada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue interpretada como una señal de que el Gobierno busca ganar tiempo para negociar cambios y acercar posiciones antes de llevar la iniciativa al recinto.

En paralelo, bloques opositores y organismos de derechos humanos mantienen sus críticas al texto. Consideran que varios de sus artículos exceden el objetivo declarado de reforzar la defensa de la soberanía y avanzan sobre áreas sensibles vinculadas a la seguridad interior, la inteligencia y las libertades públicas.

Se lleva la mayoría de las críticas el artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. Distintos bloques, incluidos algunos sectores dialoguistas y legisladores cercanos al Gobierno, reclaman directamente su eliminación.

Los detractores de la iniciativa sostienen que la redacción es demasiado amplia y podría generar interpretaciones que afecten la libertad de expresión, la actividad periodística o la crítica política. Desde el oficialismo, en cambio, señalan que la norma busca prevenir acciones de injerencia extranjera y proteger el funcionamiento democrático.

Las observaciones también apuntan a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, al alcance de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, a los protocolos para el derribo de aeronaves y hundimiento de embarcaciones, y a la definición de conceptos como “amenaza externa” o “actividad terrorista”, considerados por la oposición como demasiado ambiguos. (APFDigital)