El Consejo Federal de Discapacidad pidió prorrogar la emergencia hasta fines de 2027

El Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis) manifestó su preocupación por las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y solicitó prorrogar hasta el 31 de diciembre de ese año la emergencia nacional en discapacidad, establecida por la Ley 27.793.

A través de un documento, al que pudo acceder esta Agencia, el organismo sostuvo que persisten las condiciones que dieron origen a la emergencia y que todavía existen obligaciones pendientes. Entre las principales dificultades, mencionó los problemas de financiamiento del sistema de prestaciones, los retrasos en la actualización de aranceles, las deudas con prestadores y las demoras administrativas que afectan el acceso a derechos.

El Cofedis advirtió que algunas disposiciones del proyecto presupuestario podrían afectar las políticas públicas destinadas al sector. En particular, señaló que los artículos 39 y 41 proponen modificaciones en el régimen de aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas que podrían generar diferencias en los valores reconocidos por los distintos agentes obligados al pago.

Según el documento, esos cambios deben evaluarse para evitar desigualdades en el acceso a las prestaciones y garantizar la calidad y continuidad de los apoyos, independientemente de la capacidad de pago de las personas.

También cuestionó la supresión de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada por la Ley 27.793, y la continuidad de un esquema de pensión por “invalidez laboral” con requisitos más restrictivos.

Si bien el Consejo reconoció que la creación de un régimen permanente de discapacidad puede incorporar mejoras, sostuvo que esa transición no debe implicar el cierre anticipado de la emergencia ni la reducción de derechos existentes.

En ese sentido, reclamó garantías para preservar las pensiones vigentes, la continuidad de los trámites en curso, la compatibilidad entre las pensiones y el trabajo registrado, la cobertura integral de salud y el piso de prestaciones establecido por la Ley 24.901.

El Consejo advirtió que los cambios en las políticas nacionales pueden trasladar mayores demandas a los sistemas provinciales y municipales de salud, educación, desarrollo social, empleo, transporte y protección social.

De acuerdo con el planteo, la reducción o modificación de programas nacionales sin mecanismos adecuados de financiamiento y coordinación puede profundizar las desigualdades territoriales y generar diferencias en el acceso a derechos según el lugar de residencia.

Por eso, pidieron que cualquier reforma contemple sus consecuencias fiscales, presupuestarias y operativas para las provincias, y que no se transfieran responsabilidades sin los recursos correspondientes. (APFDigital)